El juez ordena auditar a la FARA para conocer el destino del desvío de 300 millones de ayudas públicas

El Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga, que investiga el supuesto desvío de 300 millones de pesetas de ayudas públicas concedidas a la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) a cuentas particulares de algunos de sus miembros, ha ordenado una auditoría de la organización para precisar el montante trasvasado y el destino dado a esos fondos, que en realidad estaban destinados a programas de asistencia social al pueblo gitano.

El análisis de la contabilidad deberá determinar además el origen de los ingresos de la FARA, ya que las pesquisas policiales apuntan a que la federación era tapadera del blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas.

En el caso hay 13 imputados. Tres de ellos están en prisión desde el viernes tras prestar declaración ante el juez, entre ellos el presidente de la FARA, Vicente Rodríguez, alias El Querillo, jefe del clan de Los Charros; el secretario, Salvador P. A., y el asesor fiscal, Valeriano G. G.

La instrucción seguirá bajo secreto de sumario al menos un par de semanas más ya que se esperan seis nuevas detenciones, entre ellas las de otro hijo de Rodríguez. La mujer y dos de sus hijos están acusados, aunque quedaron en libertad el viernes tras comparecer ante el juez.

Fuentes próximas a la investigación apuntaron que tanto la esposa de Rodríguez, que carece de permiso de conducir, como sus nueve hijos poseen vehículos de lujo; una situación que El Querillo justificó ante el magistrado, Pedro Molero, en el hecho de que se dedica a la compra-venta de coches.

Con parte de sus miembros en prisión o en libertad pero imputados por blanqueo de dinero, malversación de fondos públicos, amenazas, coacciones e infidelidad en la custodia de documentos, la junta directiva de la federación se reunirá mañana en Málaga para estudiar la situación de la organización y designar a los responsables de los diferentes programas de asistencia social a fin de evitar su interrupción.

Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales precisaron ayer que la salida más lógica sería la convocatoria de elecciones desde la propia FARA. Un portavoz apuntó incluso que la oposición de la directiva actual podía echar mano de los estatutos para zanjar la encrucijada en la que se encuentra la organización. La Consejería no tiene previsto 'mover ficha' hasta que no haya una resolución judicial en torno a esta investigación que comenzó hace unos dos años.