El PP admite fallos en la vigilancia fiscal en sus conclusiones sobre Gescartera

El PP dará a conocer hoy sus conclusiones sobre el caso Gescartera, que en el apartado de responsabilidades políticas se limitarán a recordar a la oposición que puede darse por satisfecha con las dos cabezas que hasta ahora han rodado por este escándalo: la de Pilar Valiente, ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y la de Enrique Giménez-Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda. El partido del Gobierno propone endurecer la lucha contra el fraude fiscal, lo que de forma implícita supone admitir que la Agencia Tributaria ha cometido fallos en el control a Gescartera y su entorno.

Los diputados del PP ultimaban ayer su propuesta de dictamen, cuyo registro en el Congreso tenían previsto para hoy por la mañana. El texto recoge mayormente las tesis que los portavoces populares han mantenido a lo largo de las comparecencias del caso Gescartera: se trata de 'una estafa con implicaciones complejas de sujetos privados', esto es, sin implicaciones políticas.

Con el adjetivo 'complejas', los diputados del Grupo Popular quieren señalar que en este escándalo probablemente existen responsabilidades penales, que en todo caso tendrán que determinar los tribunales, más allá de las acusaciones actuales a los principales responsables de Gescartera, Antonio Camacho y Pilar Giménez-Reyna.

Entre ellas, según las fuentes consultadas, cabe señalar a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y a los clientes de Gescartera que, según los servicios de Supervisión de la CNMV, colaboraron con Camacho en su intento de engañar al órgano regulador. El principal de estos clientes era el Arzobispado de Valladolid, cuyo ecónomo, Enrique Peralta, por sugerencia de Antonio Camacho, dio su conformidad en 1999 a saldos distintos y contradictorios, lo que contribuyó a despistar a los inspectores de la CNMV.

El borrador de conclusiones del PP, que será distribuido al resto de partidos tras ser registrado para que puedan hacer sus aportaciones, contiene en un quinto y último punto una propuesta de mejoras legislativas para dificultar que se produzcan casos similares en el futuro.

El rastro del dinero negro

Además de las avanzadas por el vicepresidente Rodrigo Rato, que afectan principalmente a la CNMV y que se incluirán en la Ley Financiera que se aprobará antes de final de año, el PP sugiere modificar el funcionamiento de la Agencia Tributaria para evitar lo sucedido con Gescartera: que ninguna de las más de 500 actuciones de este órgano detectase los miles de millones de dinero negro que, según todos los indicios, pasaron por la agencia de valores de Antonio Camacho. El PSOE sostiene que ello responde a una voluntad previa de no descubrir los fraudes relacionados con Gescartera.

En concreto, el PP propone: 'Introducir en el ámbito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria mejoras en la tramitación de los expedientes fiscales, en (...) la selección de contribuyentes, (...) y un reforzamiento de los mecanismos de control en las altas, bajas y reasignación de expedientes en el plan de inspección'.

De todas las actuaciones de la Agencia Tributaria relacionadas con Gescartera o sus clientes, sólo 11 fueron inspecciones, de las cuales cuatro se cerraron de forma irregular, según la oposición, que además considera que Hacienda ocultó al Parlamento al menos otras dos inspecciones. El ex director de la Agencia, Ignacio Ruiz-Jarabo, explicó ante la comisión de investigación que todas las actuaciones, incluso cuando se cerraron o se abandonaron, respondieron de forma estricta a las normas vigentes. Esas normas son las que ahora quiere cambiar el PP, a propuesta del actual director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, según las fuentes consultadas.

El resto de medidas ya fueron anunciadas por el vicepresidente segundo y consisten en revisar el régimen de publicidad de las sanciones impuestas por la CNMV (las calificadas como 'graves' ahora pueden hacerse públicas o no, a criterio del consejo del órgano regulador), reforzar las obligaciones de las firmas de auditoría, fijar criterios de solvencia para las inversiones financieras del sector público y recomendar criterios de conducta para invertir a institituciones sin ánimo de lucro, como la ONCE o la Iglesia.