Política presupuestaria insensible

Decía Paul Samuelson el domingo pasado en este suplemento que no sólo EE UU, sino todo el mundo, abordaba tras el 11 de septiembre un 'nuevo tipo de economía de guerra', en la que a diferencia del estímulo que supusieron las anteriores, incluida la 'guerra fría' , los Gobiernos, no sólo el de EE UU, debían ser proactivos: deberían adoptar estímulos suficientes para evitar la depresión masiva. Así lo entendió la Administración estadounidense, arrinconando buena parte de los planteamientos reduccionistas de la participación del Gobierno en la economía con los que George Bush llegó a la Casa Blanca. En pocos días Gobierno y representantes en aquel país han dado un giro radical a esos propósitos, anteponiendo la gestión del riesgo de depresión, la evitación de la enfermedad japonesa, a cualquier prejuicio político.

España corre el riesgo de ver cómo aumenta el paro y su neutralización debería haber sido el principal centro de atención del Gobierno

En España, nuestras autoridades económicas no se han caracterizado por la disposición de reflejos equivalentes. Las líneas básicas por las que debería discurrir el proyecto de presupuestos quedaron esbozadas antes del verano en torno a dos ejes centrales: la definición de un cuadro macroeconómico, en el que no se anticipaba un impacto severo sobre nuestra economía de la desaceleración ya observable en EE UU, y la concreción de esa autorrestricción del déficit cero para el año 2002. Este último enunciado se convirtió en la idea fuerza de la intervención del Estado en la economía, a pesar de las notables carencias que, tanto en términos absolutos como en relativos, exhibe nuestro país en dotación de capital público y en inversión en conocimiento.

Las alteraciones en el entorno económico internacional con que nos encontramos a la vuelta del verano, y muy especialmente tras el 11 de septiembre, no modificaron esos postulados básicos del Gobierno. Ya no sólo en EE UU, sino también en el seno del área euro se convino que las amenazas eran de envergadura suficiente que justificaban una cierta flexibilidad o reinterpretación de algunas de las restricciones presupuestarias comunes, como las que emanan del Pacto de Estabilidad. Es razonable que así sea. En momentos tan excepcionales como los actuales la primera obligación de los Gobiernos es no hacer sufrir más a los ciudadanos: intentar neutralizar las amenazas de recesión cada vez más próximas.

Presentado como 'plan de choque', en el mismo momento de inicio del debate de los presupuestos, el Gobierno español presentó un conjunto de medidas en respuesta a 'la incertidumbre económica internacional' de cuya naturaleza es difícil deducir esa capacidad y mucho menos esa otra de estímulo económico. Las nuevas medidas fiscales giran esencialmente en torno a la suavización de la tarifa del impuesto de sociedades y a la generación de estímulos a los planes de pensiones. Son actuaciones que, en algunos casos, estaban previstas para años siguientes y, en todo caso, convenientes en su intención, pero de dudosa satisfacción de los objetivos que se les atribuye. En la más relevante, la reducción en el impuesto de sociedades, su impacto no tendrá lugar hasta el año 2003, cuando las empresas beneficiarias (en modo alguno la mayoría de las españolas) formulen la declaración del impuesto correspondiente al año anterior. Otras, vinculadas también a ese impuesto, pero bajo la forma de mejor tratamiento de algunos conceptos como las plusvalías o del fondo de comercio, beneficiará fundamentalmente a las empresas de mayor dimensión. Las medidas que afectan al IRPF o al IVA, tampoco son precisamente de gran significación como para que los contribuyentes españoles cambien significativamente su propensión al consumo de la noche a la mañana.

Si la manifestación más inquietante de los actuales riesgos que pesan sobre la economía española es la reducción en el ritmo de creación de empleo y el aumento del desempleo, su neutralización debería haber sido el principal centro de atención: Para ello, además de reducir cargas sobre el empleo, el aumento selectivo de la inversión pública y en la reducción de la importante brecha en conocimiento, deberían haber sido las prioridades fundamentales, especialmente en un entorno financiero propicio. En su ausencia, al término de la desaceleración en curso podremos encontrarnos con un déficit mayor al anticipado por el Gobierno y, lo que sin duda es peor, un aumento de la brecha en convergencia real con los países de nuestro entorno.