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Rebelión silenciosa contra Arafat

Crecen las protestas contra el presidente palestino por detener a militantes radicales bajo presión de EE UU e Israel

'¡Arafat, libera a nuestros hijos!'. Cada mañana, decenas de mujeres y niños se concentran ante la sede del Parlamento palestino en Ramala para pedir la liberación de los militantes radicales detenidos en los últimos días por las fuerzas de seguridad de Yasir Arafat bajo la presión de Israel y la comunidad internacional. Han dejado de protestar en voz baja, su indignación ha empezado a desbordarse en los territorios autónomos y amenaza con desequilibrar al propio presidente de la Autoridad Palestina.

Nadie sabe con exactitud cuántos presos políticos se amontonan en las cárceles palestinas desde que, hace poco más de un mes, Arafat diera orden de detener a todos los militantes de los partidos y organizaciones de la oposición que se opongan al alto el fuego pactado con Israel o que simplemente supongan un peligro para sus proyectos de paz.

Las cifras más creíbles hablan de medio centenar de presos políticos palestinos
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Las redadas, que se iniciaron de manera discreta en los medios fundamentalistas islámicos, especialmente en los círculos de Hamás y Yihad Islámica, se han precipitado en los últimos días con vertiginosa celeridad, sobre todo en los medios laicos del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), responsable del asesinato del ministro de Turismo israelí, Rehavam Zeevi, el pasado 17 de octubre en Jerusalén.

Las cifras más creíbles hablan de medio centenar de presos políticos, mientras que en algunos medios vinculados a las organizaciones de derechos humanos se conjetura con el centenar. En cualquier caso, es imposible saber el número exacto de detenidos, puesto que la mayoría de los reclusos se encuentran encerrados en cárceles secretas, al abrigo de un atentado del Ejército israelí.

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'La situación empieza a ser alarmante. En casi todos los casos se trata de detenciones irregulares que violan las leyes internacionales y los derechos humanos, ya que han sido efectuadas de manera irregular, sin cumplir los mínimos requisitos legales, sin una orden judicial, sin que se les comuniquen los cargos y sin una posibilidad de defensa', asegura el abogado Shawqi Issa, de 39 años de edad, director ejecutivo de Law, la plataforma de defensa de los derechos humanos no gubernamental más importante de Cisjordania, fundada hace 11 años y en la que colaboran unos 70 profesionales.

La preocupación del abogado Shawqi es compartida por medio centenar de organizaciones y asociaciones cívicas de los territorios palestinos, que acaban de firmar un manifiesto pidiendo a Arafat la liberación inmediata de los presos políticos, el respeto del Estado de derecho y el restablecimiento de las libertades democráticas. El documento lo firman sectores tan dispares y tan poco sospechosos de radicalismo como la Asociación de Mujeres Empresarias, la Unión de Campesinos, la Media Luna Roja, la Asociación de Huérfanos o la propia Iniciativa Palestina para la Promoción del Diálogo Global y Democrático, que dirige la diputada cristiana Hanan Ahsrawi.

La protesta de la sociedad civil palestina coincide además con la indignacion de los partidos de la oposición y de las milicias radicales, que se ven acosados al mismo tiempo por el Ejército de Israel y por las fuerzas de seguridad a las órdenes de Arafat. Atenazados por esa doble represión, los militantes más concienciados han lanzado una seria advertencia al líder palestino. Son los primeros pasos que podrían conducir hacia un enfrentamiento interpalestino, aseguran los observadores políticos.

La situación no es nueva. Desde la instauración de la autonomía palestina se han venido sucediendo oleadas de detenciones políticas. La más importante tuvo lugar en la primavera de 1996, a raíz de una serie de atentados islamistas contra Israel. Más de 1.200 miembros de grupos fundamentalistas fueron arrestados extrajudicialmente por Arafat bajo las presiones de EE UU, provocando una oleada de movilizaciones en la calle que pronto fueron silenciadas.

'Arafat no es el único responsable de estas irregularidades. La comunidad internacional se ha hecho cómplice de la situación', concluye el abogado Shawqi Issa.

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