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El juez Garzón sostiene que ETA no es sólo su aparato militar, sino una estructura reticular de la que ese aparato forma parte. En función de ello, ya lleva siete operaciones orientadas a desmantelar las tramas (financiera, de comunicación, exterior, juvenil...) de esa red. Ayer fueron detenidas 13 personas que, según los informes policiales, encabezarían el sector encargado de los presos de ETA: asistencia económica y jurídica, relaciones con la dirección de la banda, agitación exterior y posible señalamiento de víctimas.

Naturalmente, esas acusaciones tendrán que ser probadas de manera individualizada. Todavía no se ha celebrado ningún juicio contra el centenar de personas detenidas en estas operaciones desde 1998, pero la mayoría de ellas siguen procesadas, aunque en libertad provisional, lo que indica que los jueces consideran que hay base acusatoria suficiente. Desde la Operación Sokoa (en 1986) se tienen evidencias de que ETA financia algunas de esas tramas. Por tanto, no se trata de meras 'garzonadas' que 'obedecen a impulso político', como en su día se dijo desde el nacionalismo: con independencia de sus fines proclamados, no pueden considerarse legales las actividades de colectivos financiados con los frutos de la extorsión.

Es la primera operación de este tipo posterior a las resoluciones de la UE sobre el reforzamiento de las medidas contra el terrorismo. En el Consejo Europeo de Gante se acordó unificar los criterios para una definición común de los delitos de terrorismo con vistas a la elaboración de una lista de organizaciones terroristas antes de fin de año. Ello ha suscitado un debate sobre si las tramas civiles deben o no considerarse como parte de tales organizaciones. En el caso de ETA, más que identidad entre la banda y esas tramas, lo que hay es pertenencia a un entramado común, que durante años se llamó KAS y que, según Garzón, subsiste bajo otras identidades. Acabar con la impunidad en que se ha movido ese mundo es un objetivo justo, por más que, como también se aprobó en Gante, el reforzamiento de la cooperación policial deba ir acompañado de 'un reforzamiento del control parlamentario y judicial'.