Los grupos islamistas de Pakistán llaman a la desobediencia civil contra Musharraf

El presidente de Pakistán, general Pervez Musharraf, no va a tolerar ninguna alteración del orden público. Así lo hizo saber ayer su portavoz a la salida del Consejo de Ministros, que estuvo consagrado a la seguridad interna. Los grupos islamistas que se oponen a la operación militar estadounidense en Afganistán han anunciado una campaña de desobediencia civil a partir de hoy. El Ministerio del Interior ha enviado a todos los gobernadores provinciales un plan en siete puntos para hacer frente a los descontentos.

'El presidente ha afirmado de forma categórica que el Gobierno no va a tolerar que ningún individuo o grupo altere la vida normal del país bajo ningún pretexto', manifestó el general Rashid Qureshi en la conferencia posterior a la reunión del Gabinete. El portavoz presidencial también dijo que las autoridades han 'tomado nota de las declaraciones malintencionadas y sediciosas de ciertos sectores y decidido actuar contra esos elementos de acuerdo con la ley'. Aunque Qureshi no fue más allá en sus declaraciones, los analistas políticos entienden que se refiere a los líderes islámicos que han cuestionado el derecho de Musharraf a estar al frente del Gobierno a raíz de su cooperación con EE UU contra el régimen talibán.

Ayer mismo, en Rawalpindi, uno de esos dirigentes, Liaqat Beluch, de Jamiat Islami (JI), volvió a pedir ante una manifestación de mujeres de su partido que el Ejército lo sustituya si no cambia su política de respaldo a Washington. 'La cesión de nuestro espacio aéreo, la entrega de información confidencial y el apoyo logístico a las tropas norteamericanas van en contra de nuestros intereses como musulmanes', señaló Beluch. 'Musharraf recibe órdenes del gran jefe que es Estados Unidos, pero nosostros sólo recibimos órdenes de Dios', aseguró el responsable de JI en Rawalpindi ante un millar de seguidoras. JI es, con todo, el más moderado de los partidos religiosos paquistaníes. Los dirigentes del más radical Jamiat Ulema Islam (JUI), Sami ul Haq y Fazl ur Rehman, y otros dos de partidos menores se encuentran bajo arresto domiciliario por incitación a la violencia durante las manifestaciones de apoyo al régimen talibán. La policía ha abierto diligencias contra, al menos, un centenar de activistas islámicos.

Aunque hasta ahora el Gobierno de Musharraf ha logrado contener a los descontentos, las simpatías de una parte de la población hacia los talibanes le han puesto en algunos aprietos. Varios miles de paquistaníes intentaron cruzar a Afganistán el pasado fin de semana para unirse a la yihad contra Estados Unidos. Para evitar incidentes similares, el Ministerio del Interior ha enviado a todos los gobernadores provinciales un plan en siete puntos para hacer frente a los desafíos que plantean estos grupos. Entre las medidas destaca, según informaba ayer el diario The News, la prohibición de repatriar los cadáveres de voluntarios paquistaníes muertos en Afganistán.

El hecho de que los bombardeos norteamericanos hayan provocado varias víctimas mortales paquistaníes ha convertido sus entierros en manifestaciones de protesta contra el Gobierno. Además, esos casos ponen en evidencia a Pakistán ante sus aliados, ya que dan la imagen de que sus ciudadanos están luchando contra Estados Unidos en Afganistán. También resulta significativa la recomendación de que las provincias repartan el dinero del zakat (impuesto religioso) entre las madrazas que ofrecen una visión moderada del islam y que están registradas. Los otros puntos recuerdan decisiones ya adoptadas con anterioridad, como la prohibición de utilizar las mezquitas y sus altavoces para organizar las protestas o la prohibición de que los afganos se unan a ellas. Si alguno lo hace, podrá ser detenido y deportado.

Por otra parte, el embajador talibán en Afganistán no parece muy afectado por el desplante que le ha dado Lakhdar Brahimi. El enviado especial del secretario general de la ONU admitió ayer a través de un portavoz que no tiene tiempo para recibir al talibán que sonríe. El clérigo Abdul Salam Zaif, que intentó forzar esa entrevista, anunciándola el lunes como segura, se encontró horas después con la negativa de Brahimi.

Los talibanes han rechazado cualquier negociación con los enviados de la ONU desde que el pasado enero se pusieron en pie las sanciones contra su régimen. Ayer, su líder, el jeque Omar, instruyó a su único embajador para que rechazara cualquier cita con los representantes de ese organismo internacional 'vendido a los estadounidenses'. Zaif anunció que ya son 1.500 afganos muertos por los bombardeos y aseguró que la operación de captura de Osama Bin Laden 'viola el principio de presunción de inocencia'.