El Ayuntamiento de Jaén y la Junta se enfrentan por la inmigración

La llegada de los primeros inmigrantes para trabajar en la campaña de recolección de la aceituna ha vuelto a enfrentar al Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía, que se culpan de dar la espalda a los trabajadores foráneos. El concejal de Asuntos Sociales, Antonio Lucas (PP), lamentó ayer que la Junta no se haya implicado en la financiación del dispositivo municipal para atender a los inmigrantes, cifrado en ocho millones de pesetas. Con esta cantidad, de la que el Ayuntamiento aportará 7.200.000 pesetas y la Cruz Roja el resto, se ampliará de 57 a 77 plazas la capacidad del centro de transeúntes.

Como alojamiento alternativo, el PP va a seguir utilizando un hostal del casco antiguo de la capital. El dispositivo incluye este año la creación de un punto de atención al inmigrante que se abrirá en la estación de autobuses y que coordinará un mediador intercultural de origen marroquí contratado por el Ayuntamiento.

Todo el operativo empezará a funcionar el próximo lunes, aunque el centro de transeúntes no contará con su capacidad prevista hasta el día 15 por las obras que se están realizando y que ha mermado provisionalmente el número de camas del centro, lo que ha llevado a varios inmigrantes a dormir en sillas y en el suelo este último fin de semana, según la concejala socialista, María Luisa Grande.

Mientras tanto, el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Francisco Reyes, acusó al Ayuntamiento de 'echar balones fuera' y exponerse a perder una subvención de 33 millones por no habilitar el suelo necesario para la construcción de un albergue de inmigrantes en la capital. Además, el grupo socialista llevará al pleno de mañana miércoles una propuesta para el alquiler de viviendas por parte del Ayuntamiento y que éste organismo actúe como fiador y avalista de las personas que necesiten alquilar una casa durante la campaña de la aceituna.

Retraso

Por otra parte, CCOO acusó al Gobierno central de haber puesto en peligro el contingente para trabajadores extranjeros no comunitarios correspondiente a 2002. Dirigentes de Málaga aseguraron que el retraso de casi cuatro meses para poner en marcha el proceso obligó a consensuar con los empresarios en apenas una semana el cupo para elevar una propuesta a la Administración. Además, imposibilitó que se realizaran reuniones sectoriales previas para definir las necesidades de mano de obra.

El sindicato arremetió contra la 'falta de rigor' del Gobierno y le acusó de retrasar el proceso de manera intencionada. 'No es pura casualidad', apuntó Antonio Herrera, responsable de acción sindical de Málaga, quien calificó el retraso como una 'trampa' de la Administración central para echar la responsabilidad de que no hubiera contingente a los agentes sociales.