Partidos y ONG tachan de xenófoba la orden policial sobre colombianos y ecuatorianos

Partidos políticos y ONG rechazaron con indignación la orden de la policía que pone bajo sospecha a los inmigrantes colombianos y ecuatorianos. Varios grupos parlamentarios han puesto en duda la legalidad de la medida y han pedido la comparecencia del ministro del Interior, Mariano Rajoy, y del director general de la Policía, Juan Cotino, en el Congreso de los Diputados. Otras organizaciones han anunciado su intención de recurrir al fiscal general del Estado y al Defensor del Pueblo y de emprender acciones legales. Interior ha afirmado que mantendrá la orden.

El PSOE ha pedido la comparecencia del director general de la Policía ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso. La secretaria de políticas sociales y migratorias de este partido, Consuelo Rumí, declaró: 'Todos los responsables públicos deben ser muy escrupulosos al adoptar estas iniciativas, porque con ellas se puede criminalizar y estigmatizar a los inmigrantes en general o a determinados colectivos en particular, cuando los que delinquen son siempre una minoría'.

La reacción del primer partido de la oposición ha sido, no obstante, la más moderada del arco parlamentario. IU y CiU anunciaron que pedirán la comparecencia del ministro del Interior, Mariano Rajoy. El primero de estos grupos exigió la retirada de la orden y estudia ponerla en conocimiento del fiscal General del Estado por si fuera constitutiva de delito. A su juicio, la circular 'bordea el tipo penal de incitación directa al racismo y la xenofobia' y constituye 'un hostigamiento policial, con potencialidades de implantar esquemas de pensamiento racista en España'.

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, la calificó como 'inquietante, no razonable y en posible contradicción con aspectos de la legalidad española'. Margarita Uría, del PNV, dijo que era 'sorprendente y especialmente grave'. La diputada vasca destacó que afecta a latinoamericanos, 'con los que España ha tenido muchas veces actitudes proteccionistas y paternalistas', y destacó que quienes la han elaborado han descuidado la posibilidad de inducir a conductas xenófobas: 'No eludo los problemas de seguridad ciudadana, pero es más importante el riesgo de conductas racistas', insistió. Este periódico intentó conseguir la opinión de la portavoz del PP en asuntos de inmigración, Ángeles Muñoz, sin resultado.

La ONG SOS Racismo emitió un comunicado manifestando su 'indignación, estupor y total rechazo' hacia la orden policial, que calificó de 'bajeza incalificable' y 'atentatoria contra los derechos fundamentales y garantías jurídicas que corresponden a las personas de estas nacionalidades, al más puro estilo del nazismo en los años treinta. No hace sino estigmatizar y prejuiciar a determinados colectivos y vulnerar derechos y garantías democráticas'. Tras señalar que 'estamos ante una situación socialmente muy peligrosa y de carácter racista y xenófobo', solicita 'la inmediata retirada del dispositivo de seguridad, la rectificación de las autoridades policiales ante los colectivos afectados y la intervención inmediata del Defensor del Pueblo'. Además, se reserva 'la posibilidad de iniciar acciones públicas y judiciales'.

También las asociaciones de inmigrantes han reaccionado con indignación. El portavoz de la organización hispano ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, argumentó que ningún órgano judicial puede avalar la orden porque 'está basada en la nacionalidad de las personas, vulnera su vida privada, alimenta la xenofobia y nos deja a disposición de la arbitrariedad policial'. Anunció medidas legales en cuanto su asociación tenga noticia del primer incidente relacionado con ella.

Mientras la embajada de Colombia en Madrid se muestra de acuerdo con la circular, la asociación de ciudadanos de este país AESCO la calificó de injustificable y anunció que coordinará acciones con otras asociaciones para responder jurídica y socialmente. Elvyra Pabón, presidenta de AICODE, se preguntó dónde queda la presunción de inocencia inherente a un Estado de derecho. Afirmó que la orden estigmatiza a los dos colectivos latianomericanos y contribuye a cerrar las puertas laborales a sus miembros. 'Esto no lo hacen Francia ni el Reino Unido con los inmigrantes de sus ex colonias'.