Una orden de la Policía pone bajo sospecha a 157.000 inmigrantes de Colombia y Ecuador

Una circular de la Dirección General de la Policía pone bajo sospecha a 157.000 colombianos y ecuatorianos que residen legalmente en España. Esta orden sobre la Operación LUDECO, distribuida a las Comisarías Generales y Jefaturas Superiores de Policía, establece una estrecha vigilancia de estos ciudadanos. Prevé la creación de archivos informáticos especiales y la identificación de los inmigrantes que sean sospechosos. La policía lo justifica en 'el progresivo incremento de las actuaciones delictivas perpetradas por grupos criminales o individuos' de estos países.

El objetivo de la Operación LUDECO (acrónimo del Dispositivo especial contra la delincuencia perpretada por nacionales colombianos y ecuatorianos) es dar 'una respuesta eficaz al incremento de los hechos delictivos' cometidos 'por grupos criminales o individuos procedentes de Colombia y Ecuador, con la consiguiente incidencia negativa para la seguridad ciudadana', según un portavoz de la Dirección General de la Policía. Éste, tras calificar de 'instrucción interna' el documento, mantiene que está elaborado 'ante la demanda ciudadana después de los últimos hechos delictivos', en referencia a los 10 colombianos asesinados en Madrid por sicarios de su mismo país.

Mandos policiales, que piden el anonimato, dicen que la directriz tiene 'aspectos conflictivos' y 'problemáticos', hasta el punto de que dudan de que llegue a ser aplicada en su totalidad.

La Operación LUDECO supone la extensión a nivel nacional de la Operación Café puesta en marcha por la Jefatura Superior de Policía de Madrid el pasado 19 de septiembre, tras la muerte a tiros, dos días antes, de cuatro colombianos en un piso de Vallecas. Desde entonces, la policía realiza cacheos y controles en bares y lugares de reunión de estos inmigrantes. En la operación nacional participa la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC), y las comisarías generales de Policía Judicial; Extranjería y Documentación; Policía Científica e Información [el principal cometido de esta última es la lucha antiterrorista]. También prevé relaciones directas e intercambio de información con las policías de Colombia y Ecuador.

La norma se centra casi de forma específica en el ámbito de la extranjería. Así, propone el análisis de las solicitudes de permisos de residencia por arraigo, 'a efecto de poder llevar a cabo las oportunas comprobaciones o investigaciones'. Se estudiarán exhaustivamente 'las posibles relaciones laborales entre los [trabajadores] inmigrantes y sus empleadores para descubrir posibles fraudes'.

La orden pretende 'incrementar la eficacia en la aplicación de la normativa vigente en materia de extranjería'. Para ello propone 'agilizar el cumplimiento de las resoluciones denegatorias que conlleven una salida obligatoria [expulsión] del territorio nacional'. Además se comprobarán todas las identidades y antecedentes en colaboración con las embajadas. También se aconseja 'una relación fluida con los fiscales de Extranjería' para lograr el internamiento en centros de detención y su expulsión.

Otro punto especialmente polémico es el que aconseja 'la denegación de permiso de residencia por tener antecedentes delictivos, aunque en la actualidad no tengan causas pendientes, así como por razones de seguridad pública'. Aparte del ingente volumen de información que las diversas unidades enviarán al supercerebro del GATI (Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información), Interior solicita que le sea remitido a este archivo informático 'fotografías ya sean de reseña o de vigilancias, o bien conseguidas por medio de cámaras de seguridad de establecimientos, siempre que estén relacionadas con el objeto de esta operación'. Aunque no lo aclara la orden, se trata de cámaras de bancos, gasolineras joyerías y comercios que suelan sufrir robos o atracos.

Según Interior, el 4,7% de los extranjeros detenidos por un delito son colombianos. Este porcentaje baja el 1,5%, en el caso de ecuatorianos. Ninguna fuente policial supo precisar por qué se les incluye en esta operación ya que no hay delicuentes de esta nacionalidad que hayan protagonizado crímenes graves.