Contratos oficiales y pagos ocultos

La denuncia formulada contra la Generalitat se fundamenta en informaciones difundidas por medios de comunicación, esencialmente por el diario Levante-EMV, que ponen de manifiesto una brecha de cientos de millones entre el contrato oficial de 375 millones de pesetas firmado en 1997 por Diego Such, entonces consejero de Industria, con el representante de Julio Iglesias a cambio de la contribución del cantante en campañas de promoción internacional de productos valencianos organizadas por el Instituto Valenciano de Exportación. El contrato comprometía a Julio Iglesias a ofrecer cinco recitales en Moscú, Shanghai, México, Tokio y Las Vegas como aderezo de cinco misiones comerciales para fomentar las exportaciones valencianas.

Una supuesta carta del representante de Julio Iglesias dirigida a Eduardo Zaplana, remitida en julio de 1997, solicitaba al presidente de la Generalitat su conformidad sobre las fórmulas previstas para pagar la cantidad acordada en privado a cambio de la colaboración del cantante, que eleva a 990 millones de pesetas.

El desfase con el contrato oficial asciende, pues, a 615 millones.

Tal desfase explicaría una serie de pagos asumidos por el Ivex a dos empresas constituidas en 1997: International Concerts, radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, y Midway International, con base en Irlanda. Las facturas giradas por ambas empresas a la Generalitat sumarían en total 533 millones.

Las dos sociedades habrían cobrado 156 millones de pesetas por el recital de Julio Iglesias en Moscú y 153 por el concierto en México. Las facturas nunca fueron detalladas. Como muestra, una supuesta factura incluía un monto de 165.000 dólares (unos 30 millones de pesetas) en concepto de 'decoración'. También se ha mencionado otra factura de 300.000 dólares (en torno a 55 millones de pesetas) en concepto de 'provisión de fondos' para preparar un recital que se había celebrado en Shanghai siete meses antes.

Pagos autorizados

Todos los pagos habrían sido autorizados por José María Tabares y Joaquín Berenguer, entonces director del Ivex y director general de Comercio, respectivamente.

Las aclaraciones ofrecidas por directivos del Ivex al servicio de aduanas de Estados Unidos en torno a un talón de 325.000 dólares que debía cobrarse en Bahamas demostraría el grado de implicación de altos cargos de la Generalitat en los pagos.

Una cuenta secreta en el banco suizo UBS en Bahamas, la WA356115.000, habría sido el destino de una transferencia de 475.000 dólares ordenada desde Valencia a partir del cobro de talones de Bancaja.

La Generalitat ha evitado cualquier precisión respecto a los supuestos pagos en paraísos fiscales. Interrogado al respecto en una sesión de control parlamentario, Zaplana cargó contra los socialistas y sacó a relucir unas supuestas inversiones en paraísos fiscales ejecutadas por la empresa pública Vaersa. Tales inversiones eran en realidad depósitos bancarios a plazo fijo en un producto del Banco Urquijo y gozaban de todas las bendiciones del Banco de España.

La difusión de las informaciones sobre los pagos del Ivex a International Concerts y Midway coincidió con el proceso relativo a la denuncia formulada por la Generalitat contra José María Tabares, por un supuesto quebranto de mil millones de pesetas que habría sufrido la empresa pública bajo su dirección a raíz de una operación impulsada para generar derechos de exportación a Túnez de vehículos producidos por Ford. El proceso está congelado a raíz de una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que exime a la Generalitat de la responsabilidad sobre los pagos que reclaman varias entidades bancarias.