La Audiencia Nacional abre diligencias para investigar el contrato del Consell con Julio Iglesias
La Fiscalía decidirá si el asunto es competencia suya o lo remite al TSJ de Valencia
La Fiscalía Anticorrupción, que dirige Carlos Jiménez Villarejo, estudia una denuncia presentada contra el contrato firmado entre la Generalitat y el cantante Julio Iglesias. La denuncia fue presentada el pasado 10 de octubre en la Audiencia Nacional por el diputado provincial Juan Antonio Toledo, que considera que del contrato se puede desprender la existencia de 'delitos de malversación de caudales públicos, delitos fiscales y delitos de falsedad en documento público'. La juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha abierto diligencias a la espera de que Fiscalía decida si el asunto es competencia suya o debe ser remitido al Tribunal Superior de Justicia valenciano.
En el texto de la denuncia, el socialista Juan Antonio Toledo señala que la Generalitat presentó en enero de 1998 un contrato con Julio Iglesias, en cuyas negociaciones participó personalmente Eduardo Zaplana. En este contrato se estipuló una retribución aproximada de 375 millones de pesetas para el cantante y que los gastos de organización de los actos los pagaría la Generalitat a través del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex). Finalmente, la cantidad gastada por la Generalitat ascendió a 1.000 millones de pesetas, la mayoría de los cuales se pagaron a traves de dos sociedades extranjeras, una de ellas radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, según narra el denunciante, que obtuvieron parte del dinero en Túnez y en bancos suizos. En su denuncia, Juan Antonio Toledo afirma: 'Respecto de la diferencia entre los 375 millones pactos y los 1.000 gastados, no se sabe quién fue el destinatario último del dinero, aunque se sabe que este dinero fue pagado a empresas extranjeras y en cuentas situadas fuera de España, y tampoco se tiene constancia de que en estos pagos realizados a empresas extranjeras se hayan cumplido los requisitos previstos en la legislación fiscal española, ni tampoco se puede constatar que formen parte del objeto del contrato'.
A título personal
Juan Antonio Toledo explicó ayer que decidió presentar la denuncia a 'título personal y que sólo una vez tramitada se lo comunicó al partido'. 'Zaplana ha manifestado que el que no tenga las cosas claras que vaya al juzgado, pues eso he hecho', prosiguió Toledo, '¿Cómo se explica que paguemos 1.000 millones de pesetas para que vayan a paraísos fiscales? Dije hace meses que cualquier expediente que infudiese sospechas lo llevaría al juzgado'. El diputado provincial de Valencia, que aseguró no temer a las presiones políticas y expresó su confianza en los jueces y los fiscales, adelantó que se personará como acusación particular una vez que la Fiscalía decida iniciar las actuaciones. La dirección del PSPV se negó ayer a realizar cualquier comentario sobre la denuncia presentada por Toledo.
La oficina de la Portavoz del Consell difundió ayer una nota en la que descalifica el contenido de la denuncia de Juan Antonio Toledo y asegura que 'pocos contratos han estado sometidos a mayor grado de publicidad y fiscalización, dado las numerosas ocasiones en las que se ha debatido y discutido mediante la aportación de toda la información requerida en las Cortes Valencianas'. Segun el Consell, que considera la denuncia una 'rabieta' del diputado provincial, 'la Sindicatura de Comptes no ha planteado ninguna salvedad sobre los aspectos legales, financieros y fiscales de dicho contrato (...) como se demuestra en los informes anuales de las cuentas de 1997, 1998 y 1999'.
El presidente de Unión Valenciana, José María Chiquillo, exigió explicaciones urgentes al presidente de la Generalitat por el contrato con Julio Iglesias.
![Eduardo Zaplana junto a Julio Iglesias en 1998 en Fitur.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/DV4GWOX3JSZSGF3QXERIWYWV7M.jpg?auth=9c31807ef343bc4a5253022cb4570666bd919bdb9d0831205e80d2c006f531de&width=414)
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