Un informe señala que la ley universitaria se aleja del entorno de los países avanzados

La mayoría de edad de la 'autonomía universitaria', justo cuando se celebra su decimoctavo cumpleaños, puede verse condicionada o limitada de entrar en vigor el proyecto de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que se está tramitando en el Congreso, en medio de una fuerte oposición y con la firme resistencia del PP a incorporar cambios. Ésta es una de las grandes preocupaciones plasmadas en el Informe sobre el anteproyecto de la LOU, elaborado por una decena de expertos jurídicos universitarios bajo la coordinación del jurista de la Universidad Politécnica de Madrid, Juan Manuel del Valle Pascual.

Desde la 'experiencia', tanto como juristas y universitarios de largo recorrido, los expertos subrayan que en 'el anteproyecto se advierte una voluntad latente de reducción de la individual autonomía de cada una de las universidades del sistema educativo español'; además de que revela un arriesgado 'alejamiento' de las legislaciones de los países avanzados de nuestro entorno cultural.

En concreto, el informe cita a países que 'manifiestan una tradición no obstaculizadora (como Estados Unidos) o coadyuvante (como Francia) en la utilización de figuras jurídicas necesarias para la implantación de la universidad en la sociedad', a través de fórmulas como la creación de fundaciones, empresas universitarias y spin-off.

A ello se añade otra restricción de la autonomía funcional, que se verá limitada por las amplias competencias de los nuevos consejos sociales, lo que 'puede afectar al núcleo más sensible de libertad de investigación y estudio'. Los expertos analizan con profusión la ambigüedad del anteproyecto respecto a la planificación del potencial investigador de I+D+I de las universidades públicas, que en la actualidad concentran el 68% del capital humano y de la producción científica.

El exhaustivo informe de dos tomos se redactó y cerró a finales de julio, tras conocerse el anteproyecto definitivo, por un grupo plural de juristas como el que resepresentan Diego Cámara del Portillo, de la UNED; Juan José Fernández Fernández, de la Complutense de Madrid; Carlos A. Gómez Otero, de la de Santiago de Compostela; Daniel Pastor Javayoles, de la de Alicante; José Plana Plana, de la de Murcia; Jerónimo Reynés Vives, de la de Baleares; Blanca Ruiz González-Mateo, de la Pontificia de Comillas, y Frederic Solá Eras, de la de Lérida, con 'el objetivo de que sirva de herramienta jurídica útil para los legisladores'.

Fiel a este espíritu, la propuesta alternativa de redacción ha sido remitida ya a la Conferencia de Rectores Españoles (CRUE) y entre los distintos gobiernos autonómicos, universidades y grupos parlamentarios.