El estudio sobre los efectos de la incineradora carece de pruebas médicas prometidas en 1997

El informe sanitario sobre la incidencia de la incineradora de Valdemingómez en la salud de las 87.000 personas que viven en sus proximidades está incompleto. Al estudio, que concluye que la planta es inocua, le falta una de las principales pruebas que la ex consejera de Sanidad Rosa Posada se comprometió a realizar en 1997: el análisis de 'los tejidos orgánicos (sangre, orina...)' de los vecinos para hallar posibles patologías oncológicas. Sanidad dice ahora que ese estudio no es necesario, mientras que PSOE e IU consideran que es una 'burla' al vecindario.

Estos análisis, que debían haberse realizado en dos fases (una al inicio del funcionamiento de la planta, en 1996, y otra cinco años después, en 2001), no se han llevado a cabo. El director general de Salud Pública, Francisco de Asís Babín, explicó ayer que, como todos los indicadores de emisión de contaminantes de la incineradora se encuentran por debajo de los niveles legales, llevar a cabo este tipo de análisis hubiera sido un 'dispendio de los fondos públicos'.

Para los grupos parlamentarios de PSOE e IU, la negativa de la Comunidad a realizar estos estudios es 'simplemente vergonzosa'. 'Sin estos análisis, el informe es una tomadura de pelo', afirma Julio Setién, portavoz de Medio Ambiente de IU, mientras que Francisco Garrido, del PSOE, habla de 'desprecio a los ciudadanos'.

En abril de 1997, casi un año después de que se pusiese en funcionamiento la incineradora, Rosa Posada admitió que se había 'diseñado un protocolo de evaluación del impacto ambiental en la salud'. El estudio, que se realizó por las presiones de los vecinos del municipio afectado, estableció que se iban a 'identificar los posibles efectos agudos de la contaminación en la población de riesgo', y que se pondría en marcha un 'sistema de monitorización biológica (biomarcadores) que permitiera evaluar los posibles efectos a largo plazo de los contaminantes emitidos' (dioxinas, furanos, metales pesados...). También se estudiarían los 'contaminantes de la cadena trófica' (alimenticia).

Este compromiso quedó plasmado en un documento de la Asamblea, de 30 de abril de 1997. Sin embargo, sólo se ha realizado la primera parte del estudio, con la conclusión de que la planta es inocua para la salud. No se analizaron ni la repercusión de los contaminantes en la cadena trófica ni cómo han influido en los humanos: sólo se ha estudiado si, tras la apertura de la incineradora, ha aumentado el número de vecinos que acude a las urgencias del hospital Gregorio Marañón.

La ex consejera se comprometió, además, a realizar dos estudios biológicos, que afectarían tanto a 'la población expuesta a la incineradora' como a la 'no expuesta, de características sociodemográficas semejantes, pero fuera del área de influencia de la misma'. Estos análisis 'permitirán observar si existen variaciones en los niveles de los biomarcadores [tejidos] y si éstos pueden ser atribuidos al funcionamiento de la incineradora'.

Pero nada de esto se ha llevado a cabo, según Julio Setién, diputado de IU. 'No se han realizado análisis biológicos de la población para determinar si se ha producido un incremento del número de aquejados por el cáncer de hígado, linfoma Hodking [cáncer de médula], cloracné [alternaciones de la piel] o malforciones fetales. Sin estudiar estos cuatro aspectos, el informe sanitario sobre Valdemingómez es sólo un estudio estadístico sobre las urgencias del Gregorio Marañón', afirma.

Francisco Garrido, diputado del PSOE, destaca que la 'falta de estudios rigurosos demuestra el desprecio del Gobierno de Ruiz-Gallardón sobre la población afectada'. 'No han estudiado nada, sólo han hecho un informe que concluye que vivir junto a la incineradora de Valdemingómez es como residir en un jardín florido', ironiza Garrido.

La opinión de Greenpeace

La asociación ecologista Greenpeace señala que el estudio de Sanidad 'no prueba la inocuidad de la planta, al haber tenido en cuenta sólo los síntomas respiratorios, dejando de lado los efectos resultantes de la exposición crónica, como cáncer, efectos en el sistema nervioso y fertilidad'.

Francisco de Asís Babín, director general de Salud Pública, admite que Rosa Posada, si bien anunció los estudios sobre los tejidos humanos, lo supeditó todo 'al criterio técnico'. 'Y los técnicos determinaron finalmente que esos análisis no eran necesarios, ya que los indicadores [de sustancias contaminantes encontradas en el entorno] se hallan por debajo de lo que marca la ley'. Babín recuerda que las consejerías manejan fondos públicos y que, con estos datos, elaborar los estudios hubiera sido un 'dispendio'.

No obstante, Babín avanzó que el próximo día 25 se reunirá con representantes vecinales de Vallecas a los que anunciará que Sanidad está dispuesta a hacer los estudios sobre los tejidos 'siempre y cuando el vecindario colabore'.