Trabajo investiga a 100 operarios del calzado de Elda por estafa

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), dependiente del Ministerio de Trabajo, ha abierto una investigación a un centenar de operarios del sector del calzado de Elda (El Vinalopó Mitjà) por una supuesta estafa al reclamar indemnizaciones por despido sin haber estado de alta en la Seguridad Social. La investigación también abarca a Juan Francisco Alfaro, asesor laboral de la población y ex dirigente comarcal del sindicato UGT, desde cuyo despacho se han tramitado todos los expedientes de despido, cuya legalidad es cuestionada por la Administración. Los inspectores están recabando pruebas, que incluyen la declaración de los operarios afectados en la Comisaría de Elda, para demostrar que los operarios no trabajaron realmente en las fábricas (cuatro industrias) en las que, según los expedientes, aseguran que estuvieron empleados. Tras el cierre de las fábricas, los empleados, siempre bajo el asesoramiento laboral del ex sindicalista, presentaron las correspondientes demandas en los tribunales, que fallaron a su favor. Con estas sentencias el colectivo de operarios inició los trámites para reclamar el cobro de las correspondientes indemnizaciones al Fogasa.

Alfaro rechaza cualquier tipo de 'irregularidad' y dice que 'se trata de una discriminación hacia su despacho profesional'.

Juan Francisco Alfaro, cuya asesoría ha tramitado el centenar de expedientes laborales para el cobro de prestaciones por despido que están siendo investigados por la Administración, sostiene que la medida 'es discriminatoria y arbitraria'. 'Todo se incluye en una campaña de desprestigio hacia mi persona y mi despacho profesional', añade el ex sindicalista, quien llega a insinuar que la 'Administración está presionada por terceros'. 'Es insólito que sólo los expedientes tramitados desde mi asesoría estén siendo investigados, cuando los de otros trabajadores, de las mismas fábricas y en las mismas condiciones, cursados en otros despachos o a través de los sindicatos UGT y CC OO no tienen ningún problema', insiste.

A juicio de Alfaro, que durante 15 años ocupó el cargo de secretario general de la Federación de Industria de UGT en la comarca, hay un dato que corrobora esa supuesta 'arbitrariedad' del Ministerio de Trabajo. 'Cómo tenemos que entender que el Fogasa haya paralizado el pago de las indemnizaciones, unos 80 millones de pesetas, a un grupo de 50 operarios de otras fábricas distintas a las investigadas, pero también tramitados desde mi asesoría', dice. El pago de estas cantidades fue acordado inicialmente por el Fogasa, cuando los trabajadores demandantes obtuvieron las sentencias judiciales favorables. El acuerdo de suspensión del pago de las indemnizaciones fue adoptado el pasado día 3 por el jefe de la Unidad Periférica del Ministerio de Trabajo en Alicante.

Protestas de los afectados

El asesor laboral asegura que nadie del ministerio le ha dado un 'argumento' de por qué se han congelado las indemnizaciones a estos 50 operarios, 'ajenos a la investigación abierta sobre los otros cien expedientes', insiste. 'Cuando pregunto en Alicante, me dicen que la decisión la ha tomado Madrid, y cuando lo hago allí, dicen que ha sido aquí', remarca.

Los operarios afectados y el asesor laboral han anunciado que llevarán a cabo una serie de protestas y movilizaciones para exigir el cobro de sus indemnizaciones. La primera protesta está prevista para mañana, ante la sede la delegación del Ministerio de Trabajo en Alicante. 'Vamos a ir a pedir al jefe de la Unidad Periférica del Fogasa que nos dé una explicación convincente, y si es necesario nos manifestaremos ante el Ministerio de Trabajo, en Madrid', dijo Alfaro.

Por último, el asesor laboral se lamenta de que el ministerio haya optado por investigar las peticiones de cobro por despido de los trabajadores y en vez de combatir el sistema de economía sumergida que caracteriza la producción en el sector del calzado. Alfaro mantiene que es conocido que muchos trabajadores realizan las labores en sus domicilios por encargo de los empresarios sin que éstos los den de alta en la Seguridad Social.