Vizcaya acusa a Exteriores de paralizar el plan de ayudas fiscales al sector naval

El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene bloqueado desde junio de este año la tramitación ante la Unión Europea de un régimen fiscal especial de ayudas al transporte marítimo de la Hacienda Foral de Vizcaya, según fuentes de este territorio. Este sistema, denominado Tonnage tax, supone que las navieras puedan tributar en el Impuesto de Sociedades por el régimen general o en función de las toneladas de carga de sus buques, una fórmula mucho más rentable para el sector naval. El anteproyecto se basa en la Directrices Comunitarias sobre Ayudas de Estado al transporte Marítimo de julio de 1997. El objetivo de la medida es incrementar la competitividad de las empresas navieras comunitarias.

El tonnage tax se aplicaría a las empresas domiciliadas en Vizcaya que tengan sus buques inscritos en un registro de la UE. Este sistema prevé el cálculo de la base imponible en función de las toneladas de carga. Se establecen cuatro tramos: 0 a 1.000 toneladas; 1001 a 10.000; 10.001 a 25.000 toneladas; y de 25.001 en adelante. Para calcular la base imponible, el primer tramo se multiplica por 80 pesetas día, el segundo por 60, el tercero por 40, y el último por 20. A la base imponible hay que aplicarle la tarifa general del Impuesto de Sociedades, que en Vizcaya es el 32,5%.

Esta medida iría acompañada de exenciones para las tripulaciones en el IRPF y de una petición a la Administración central de reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social. Este régimen está ya vigente en ocho países de la UE con el fin de proteger a la flota comunitaria frente a la de países terceros con costes tributarios y sociales menores. Tradicionalmente, Vizcaya controlaba la tercera parte del sector naviero español. En 1990 había 17 navieras vascas con buques inscritos en registros comunitarios. Tan sólo quedan tres y la previsión es repatriar el 27% de la flota.

La medida, según los documentos recibidos por la Hacienda de Vizcaya, está paralizada en el Ministerio de Asuntos Exteriores a petición del Ministerio de Economía, pese a estar previamente pactada con la UE en dos reuniones. El Gobierno, que se ha lanzado a preparar una normativa similar, alega que debe ser elevado a la Comisión de Evaluación Normativa, un órgano en el que se analizan los proyectos fiscales de norma foral o de ley, previsto en el acuerdo de paz fiscal firmado en enero de 2000 por las administraciones central y vasca. El problema es que no se trata de un proyecto, sino un anteproyecto. Vizcaya acusa a la Administración central de perjudicar los intereses de las navieras.

Otra cuestión que se plantean en Vizcaya por qué en territorio común están desarrollando una normativa similar cuando ya disponen del sistema fiscal canario, con un tipo de sociedades real del 3,5%, según Vizcaya, que ya beneficia a las navieras. De hecho, el Registro Canario, creado en 1995, se ha llevado el 37,8% de los buques de las navieras vascas, que anteriormente estaban inscritos en el Registro Español Ordinario.