El Congreso limita el plan antiterrorista de Bush

El Comité de Justicia de la Cámara de Representantes ha rechazado o limitado la mayoría de las propuestas del plan antiterrorista que Bush envió al Congreso. La ley no permitirá que las autoridades puedan detener indefinidamente a un inmigrante por meras sospechas de su vinculación a un grupo terrorista, aunque el periodo de detención se amplía de 2 a 7 días. Los congresistas prefieren potenciar nuevas vías de vigilancia electrónica que aprobar disposiciones constitucionalmente dudosas.

John Ashcroft, el fiscal general de EE UU, llevaba días haciendo campaña en los medios de comunicación para defender un paquete de cambios legislativos que es, según él, la herramienta esencial en la lucha contra el terrorismo. Acompañaba sus propuestas con una llamada a la alarma por la posibilidad de que haya futuros atentados a medio plazo; quedaba claro que Ashcroft quería dramatizar su mensaje para presionar de ese modo a los congresistas que pueden cambiar las leyes.

Sin embargo, Ashcroft y Bush no han logrado eliminar en la mente de los congresistas el miedo a aprobar leyes que vulneren derechos civiles y constitucionales. Por eso, la petición más importante, el amparo legal para detener indefinidamente a inmigrantes por sospechas de vinculación a grupos terroristas, ha quedado drásticamente reducida: la nueva ley sólo amplía de 2 a 7 el periodo de detención. Ashcroft puede presentarlo como una victoria, pero está lejos de sus pretensiones. Además, los congresistas obligan al fiscal general a demostrar personalmente que hay 'base razonable' para considerar a un individuo sospechoso de terrorismo. Sólo podrá delegar esa decisión en el responsable del Servicio de Inmigración.

También es importante esa definición, 'base razonable', porque el Gobierno de Bush quería permiso para hacer detenciones indefinidas cuando hubiera sólo 'razones para creer' que el detenido podía ser un terrorista. Los congresistas no quieren problemas jurídicos o constitucionales en la ley, que han bautizado convenientemente como ley PATRIOT, las siglas en inglés de Proporcionar Herramientas Adecuadas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo). El borrador llegó ayer al pleno del Congreso para su revisión y la votación se realizará posiblemente antes de que termine la semana. El Senado querrá someterlo después a un escrutinio aún mayor. Las nuevas medidas son temporales -caducarán a finales del año próximo-, lo que supone otra derrota para el Gobierno de George W. Bush.

La única victoria razonable que logra Ashcroft es la relajación jurídica de las normas que limitan la vigilancia y el seguimiento electrónico. Si la ley se aprueba, el FBI no tendrá que pedir una orden judicial para cada número de teléfono de un sospecho: podrá 'pinchar' cualquier teléfono asociado de alguna manera al individuo en cuestión. Además, los investigadores podrán pedir a las compañías telefónicas el registro de entrada y salida de llamadas desde ese número, lo que indudablemente puede ser comprometido para las personas que marquen por equivocación un número sometido a vigilancia.

Las comunicaciones por correo electrónico se someterán a unas normas similares: será más fácil conseguir una orden judicial para interceptar comunicaciones y para exigir a los proveedores de Internet una copia del registro de actividad y de los correos por Internet de un individuo concreto.