El PSOE señala que los Presupuestos no son creíbles y que no ayudarán a remontar la crisis

El PSOE considera que los Presupuestos del Estado para 2002, presentados el viernes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, están 'fuera de la realidad' y que sus objetivos, como el déficit cero, no son creíbles. Los socialistas opinan que las cuentas del Estado para el año que viene no generan la confianza necesaria para remontar la crisis en un momento de desaceleración económica, agravada por los atentados contra EE UU. Los sindicatos acusan al Gobierno de ser insolidario con sectores como el de los parados, al utilizar los excedentes de las cotizaciones para reducir el déficit. Las asociaciones de consumidores critican la subida del IVA del butano y del peaje de las autopistas.

El secretario de Política Económica y Ocupación del PSOE, Jordi Sevilla, aseguró ayer que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2002, 'lejos de fortalecer la confianza de los ciudadanos y de los agentes económicos, que es lo que el momento exige, más bien generan desconfianza'.

Sevilla subrayó, en su comparecencia ante los medios de comunicación, que el objetivo de déficit cero y la previsión de inflación (2%), 'las dos principales variables que configuran la política económica, no son creíbles'.

Añadió que el anteproyecto de Presupuestos 'muestra a un Gobierno paralizado y prisionero de sus propios errores', y destacó que la crisis 'nos pilla con los deberes mal hechos'. En su opinión, mientras los bancos centrales y otros gobiernos han reaccionado 'para generar confianza en momentos de incertidumbre', el Ejecutivo español 'opta por el tancredismo político, por el aquí no pasa nada'.

El diputado socialista criticó la 'excesiva obsesión' del Gobierno por el déficit cero. 'No vivimos horas buenas para los fundamentalismos, tampoco para los fundamentalismos presupuestarios', dijo. Sevilla se mostró partidario de mantener el Plan de Estabilidad 'en su sentido y literalidad'.

Abuso

El dirigente del PSOE consideró 'un abuso' la utilización del superávit de la Seguridad Social para cuadrar las cuentas públicas, porque 'son los trabajadores y los empresarios los que están sosteniendo ese aparente déficit cero y permitiendo que el Gobierno haga otro tipo de políticas que favorecen a otros sectores'.

Sevilla dijo que resulta 'llamativo' que en el Instituto Nacional de Empleo (Inem) se financie con cargo a las cotizaciones sociales de trabajadores y empleados hasta el gasto corriente, que incluye los sueldos de los funcionarios.

El diputado socialista acusó al Ejecutivo de incumplir la separación de fuentes establecida en el Pacto de Toledo, y adelantó que, si persiste la 'obsesión' por la eliminación del déficit, 'necesariamente van a tener que introducir medidas de recorte del gasto y también del gasto social'.

En este punto llamó la atención sobre el hecho de que el Gobierno esté dispuesto a considerar las ayudas a las compañías aéreas y de seguros y haya rebajado la tasa radioeléctrica (de 160.000 a 60.000 millones de pesetas) que pagan las compañías de móviles y otros operadores, 'y esté obsesionado por recortar el seguro de desempleo'.

En la misma línea se expresó el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que, en un comunicado, subrayó que los PGE no sirven para encarar la desaceleración económica, 'y menos aún para afrontar una posible recesión económica ante la incertidumbre generada por el ataque terrorista a EE UU y la respuesta bélica del presidente Bush'.

El líder de IU indicó también que las previsiones de crecimiento (2,9%) y de inflación 'carecen de credibilidad para el mundo económico' y servirán al Gobierno de 'coartada' para recortar el salario real de los trabajadores y de los empleados públicos.

Los sindicatos también se pronunciaron contra los Presupuestos. El secretario de Política Institucional de CC OO, José Luis Sánchez, aseguró que con estos PGE se corre 'un grave riesgo' de producir recortes sociales, que pueden perjudicar a los sectores más desfavorecidos, como los desempleados. En la misma línea se pronunció UGT. 'El Estado se apropia de los excedentes de cotizaciones para reducir el déficit público, para financiar las políticas activas de empleo, entrre las que incluyen bonificaciones a las empresas', señaló ayer, en un comunicado, la Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato.

Golpe bajo

Por su parte, las principales asociaciones de consumidores (CECU, CAVE, OCU, UCE) utilizaron calificativos como 'golpe bajo', 'nefasto' y 'lamentable' para referirse a la subida del IVA (del 7% al 16%) que grava la bombona de butano y del peaje de las autopistas, que entrará en vigor en enero de 2002. Estas asociaciones creen que la medida perjudicará a los ciudadanos de rentas más bajas y va en contra de la promesa del Gobierno de reducir la presión fiscal.

La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Elvira Rodríguez, salió ayer al paso de estas críticas. Negó que se pudiera acusar al Gobierno de intentar conseguir el equilibrio presupuestario gracias a la Seguridad Social, puesto que ha sido precisamente el Estado el que ha realizado el esfuerzo más importante para lograr ese déficit cero, 'a pesar de que en los últimos cinco años haya absorbido déficit de la Seguridad Social por importe superior al billón de pesetas'.

Además, calificó de 'falacia' la denuncia de la oposición acerca de que las cotizaciones que pagan trabajadores y empresarios se destinen a la construcción de infraestructuras.