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La peor inversión de la Iglesia

José María Castro, el directivo que Camacho contrató para atraer los fondos del Domund, declara hoy en el Congreso

Los 1.553,2 millones que cuatro arzobispados y veinte instituciones religiosas han perdido en Gescartera -al margen de los 1.000 millones salvados por el Arzobispado de Valladolid y la inversión de cuantía desconocida también recuperada por la diócesis de Burgos- llegaron a la agencia de valores por mediación de tres altos cargos de la empresa -Javier Valenzuela, Pilar Giménez-Reyna y José María Castro- y la gestión de otras tantas vendedoras -María Antonia Tártalo, María Luz Urrea y Eloísa Aparicio- que contactaron con las órdenes religiosas en 1991, cuando lograron millonarias inversiones para una empresa denominada Consorcio Nacional del Leasing (CNL).

Uno de los directivos mencionados, José María Castro Martínez, fue fichado por Antonio Camacho en 1999, por su condición de ex contable del Domund durante casi dos décadas. Camacho pensó que la relación de Castro con esta entidad misionera que maneja 7.000 millones anuales de presupuesto incrementarían las inversiones de la Iglesia en su sociedad.

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Tema:: El caso 'Gescartera'

Castro asegura que siempre se negó a vincular al Domund con Gescartera. Dice que aceptó el puesto directivo que le ofreció Camacho porque llevaba seis meses en paro, y que cuando llegó a la dirección comercial de la agencia todos los arzobispados implicados y la mayoría de las congregaciones religiosas llevaban años cobrando puntualmente los intereses que Camacho les prometió. José María Castro sólo admite su responsabilidad en el desastre de los dos clientes confesionales que él aportó: la ONG Manos Unidas -que ha perdido 53 millones en esta aventura bursátil- y el Instituto Español de Misiones Extranjeras, con pérdidas superiores a los 157 millones. El ex jefe comercial de Gescartera dice que lo lamenta profundamente. 'Öjalá hubiéramos intuido lo que se cocía a nuestras espaldas. Ni los clientes hubieran perdido el dinero, ni mi familia viviría la angustia de intentar recuperar los 300 millones que invirtieron porque yo se lo aconsejé', comenta.

Castro conoció a Antonio Camacho en junio de 1997, a través del delegado de Gescartera en Valladolid, José María García Tejerina, que le preguntó si al Domund le interesarían los famosos 'depósitos estructurados', sello de la casa, una mezcla de inversión fija y variable que rentaba por encima de los intereses del mercado. Castro conocía al tío de Tejerina, Pedro García del Pozo, un importante constructor de Valladolid, porque coincidieron en la Cámara de la Propiedad Urbana. García del Pozo era el presidente y Castro el letrado jefe. Desestimó la oferta. Dos años después, sin el trabajo en las Cámaras por haber sido disueltas y sin el empleo del Domund por haberse enfrentado con el director, se convirtió en el responsable de la red comercial de Gescartera Insiste en que cuando llegó 'la Iglesia ya estaba dentro'.

El artífice de las inversiones de los Arzobispados de Valladolid, Burgos, Astorga y Palencia fue Javier Valenzuela, delegado de Gescartera en Castilla y León. Valenzuela trabó excelentes relaciones con los ecónomos de estas diócesis durante su época como alto cargo en el área de Economía de la Junta de Castilla y León bajo las presidencias de José María Aznar, Jesús Posadas y Juan José Lucas. De él dependían las subvenciones a las instituciones religiosas. También fue Valenzuela quien se ganó la confianza de numerosas órdenes religiosas en Castilla y León, la comunidad más perjudicada en este fraude.

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El resto de congregaciones eran clientes de solera de Giménez-Reyna, Tártalo, Urrea y Aparicio, comerciales con muchos años de experiencia profesional que contactaron con frailes y monjas a finales de los años 80. Los contratos del Consorcio Nacional del Leasing, la empresa que introdujo este sistema financiero en España, 'se vendían solos, dados los espectaculares dividendos'. De esa provechosa relación profesional quedó una fidelidad ni siquiera cuestionada con la quiebra fraudulenta de Gran Tibidabo. El empresario Javier de la Rosa adquirió en 1991 el Consorcio Nacional del Leasing y evaporó las inversiones de los religiosos en sus chanchullos posteriores. Las congregaciones siguieron confiando contra viento y marea en las cuatro veteranas vendedoras. Con ellas pasó su dinero a Gaesco; de ahí a Bolsa Consulting y finalmente a Gescartera, engullido con escasas posibilidades de recuperación en el famoso agujero de los 18.000 millones.

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