A la caza de Rato

El Gobierno, casi en pleno, intentó tapar con acusaciones al pasado socialista el agujero abierto por la dimisión de Pilar Valiente para evitar que caiga en él Rodrigo Rato. El PSOE y toda la oposición apuntan ya abiertamente contra el vicepresidente económico del Gobierno tras recordar que fue quien nombró a Enrique Giménez-Reyna, primero director general de Tributos y luego secretario de Estado de Hacienda.

Nadie defiende ya en el Ejecutivo de Aznar el comportamiento 'irregular y alevoso' de Giménez-Reyna. Sí defienden, en cambio, la actitud de Valiente pese a que reconocen su gestión demasiado 'pacata' por su 'inocente amistad mal entendida' con el secretario de Estado. 'Ni amigos ni solventes', concluyó un ministro.

El desagrado de Rato por cómo va evolucionando este escándalo es evidente. Sabe que el PSOE hace tiempo que dirige sus baterías contra él, porque lo considera el candidato más sólido a suceder a Aznar y aún piensa, pese a las caídas de Giménez-Reyna y Valiente, que los socialistas lo tendrán difícil para exigirle alguna responsabilidad política y mantiene que él puede estar tranquilo. Aunque no lo está.

La dimisión de Valiente le cogió casi por sorpresa. La conoció poco antes de que Valiente la hiciera pública. Media hora antes de la noticia, Rato salió públicamente en su defensa en Onda Cero: 'Creo que la honorabilidad de la señora Valiente, como la del resto de las personas, es algo que a todos se nos supone. Es decir, no podemos estar dudando de la honorabilidad de nadie sin ninguna base de prueba'.

El propio Rato, varios ministros del Gabinete de Aznar (Francisco Álvarez-Cascos, Josep Piqué, Jaume Matas, Juan Carlos Aparicio) y numerosos dirigentes del PP (Javier Arenas, Vicente Martínez Pujalte) rechazaron ayer que se le pueda imputar ninguna responsabilidad por haber nombrado a los dos dirigentes caídos por Gescartera. Ni a Rato ni a Cristóbal Montoro, el titular de Hacienda. Públicamente, todos los dirigentes del PP consultados se agarraron a los argumentos de réplica a esa imputación esgrimidos por Rato y que se resumen en que esas responsabilidades deben dirimirse al final de la comisión de investigación y si se demuestra que hubo algún enriquecimiento ilícito o connivencia de cargos públicos por información privilegiada.

Rato subrayó ayer en su defensa que ahora las responsabilidades políticas van en paralelo o incluso antes que las penales, mientras que durante los 14 años de Ejecutivos socialistas siempre venían arrastradas mucho después y por hechos más graves. Cuando estalló el caso Ibercop, por el que cayeron el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y el entonces portavoz socialista en el Congreso, Carlos Solchaga, llevó a Rodrigo Rato a pedir otras dimisiones: 'El presidente del Gobierno debe saber lo que ha sucedido y explicarlo. Resultaría inaudito que tratara de derivar responsabilidades a terceras personas'.

El 'derrumbe personal' de Valiente, que muchos ministros y dirigentes del PP comprenden, admiten y aceptan como 'acertado', sobre todo por su supuesto 'gesto de responsabilidad' ante la situación insostenible y perjudicial que se creaba para el Mercado de Valores, ha destrozado en gran parte la estrategia montada por el PP. Y aún quedan comparecencias 'complicadas' para el Gobierno. Sobre todo, la de Enrique Giménez-Reyna, el próximo martes, al que ahora observan demasiado callado. El propio Rato confesó ayer públicamente ese enojo: 'Si se confirman las cosas que se están diciendo y que él ya no desmiente, a mí desde luego me ha decepcionado profundamente'.

Este pasado martes, dirigentes del PP que trabajan directamente sobre este caso y que conversan varias veces al día con Rato, reconocieron que entre sus previsiones no estaba que Valiente dimitiese tan rápido. Querían que aguantase hasta el final de los trabajos de la comisión de investigación para marcharse o ser 'separada' del cargo.