Álava se opone a la prórroga de la ley de Aportaciones que plantea el Ejecutivo vasco

La actual Ley de Aportaciones, que regula el reparto entre el Gobierno y las diputaciones de los impuestos recaudados en Euskadi tiene fecha de caducidad. Su vigencia quinquenal concluye este año, coincidiendo con las leyes del Concierto y del Cupo. A partir del 1 de enero de 2002 debe revisarse. El Gobierno vasco, sin embargo, ha propuesto a las haciendas forales prorrogarla unos meses, hasta que se conozca cómo quedan el nuevo Concierto Económico y el Cupo que habrá que pagar al Estado, pendientes aún de negociación con la Administración central.

Si se lleva adelante esta idepropuesta, el Consejo Vasco de Finanzas (CVF), que se reunirá a mediados de octubre para repartir los recursos de que dispondrán el Gobierno y las diputaciones para los presupuestos de 2002, realizará esta distribución con la misma metodología de distribución utilizada en los cinco años. Pero los actuales criterios de reparto no gusta ni a la Diputación de Vizcaya ni a la de Álava, que consideran que el porcentaje atribuido al Gobierno no concuerda con las competencias que debe financiar.

La propuesta del Gobierno ha chocado con la oposición de la Hacienda alavesa, que entiende que se deben cumplir los plazos legales. La Diputación de Álava, gobernada por el PP, propone otra alternativa: acogerse a una previsión de la Ley de Territorios Históricos (LTH) por la que el CVF podría introducir en octubre unos nuevos baremos para calcular las aportaciones de 2002, que posteriormente se incorporarían a la nueva ley de Aportaciones.

La decisión sobre qué hacer con la Ley de Aportaciones debe tomarse en breve, antes del 15 de octubre. Existen dos propuestas contrarias. La de la Diputación de Álava supone revisar ahora la metodología del reparto entre el Gobierno y las diputaciones, y de éstas entre sí, y dejar para un segundo momento el cambio de la ley como tal.

El Gobierno, que ha defendido hasta ahora la actual fórmula, no está de acuerdo. De manera oficiosa, ha comunicado a las diputaciones su deseo de prorrogar la ley hasta que el Parlamento vasco apruebe una nueva norma. A cambio de la demora, la Vicelehendakaritza se compromete a sacar adelante la futura ley en el primer semestre del año próximo y, dependiendo del sistema que se pacte, realizar los ajustes necesarios al reparto de recursos que acuerden las diputaciones y el Gobierno en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre.

En esa reunión, se fijará el coeficiente de aportación de cada diputación para financiar las competencias que ejerce el Gobierno vasco. La actual Ley de Aportaciones asigna al Ejecutivo el 66,25% del total de los impuestos recaudados en el País Vasco (exceptuando el Cupo). La Diputación de Álava ha discutido los cálculos que se realizan para determinar los coeficientes de cada institución. Se siente perjudicada. Cree que aporta más de lo que le debería según su peso específico. También Vizcaya ha pedido que se introduzcan cambios.

Álava, a través de las Juntas Generales, ha encargado un informe a una consultora para buscar alternativas que mejoren la actual Ley de Aportaciones. El estudio se entregará en los próximos días.

El Gobierno vasco, en cambio, cree prioritario el acuerdo entre las instituciones vascas y el Gobierno central para el nuevo Concierto Económico y el Cupo. Hoy está convocada en Madrid una reunión entre las dos delegaciones, en la que se constituirán dos comisiones técnicas: una estudiará las normativas tributarias y la otra, el Cupo.

Emisión de deuda pública

Por otra parte, la Diputación de Álava ha decidido emitir deuda pública por primera vez en cinco años. En total, se pondrán en circulación 5.900 millones de pesetas. De ellos, 3.500 se destinarán a amortizar los bonos forales emitidos en 1996, otros 500 amortizarán un préstamo pedido al Banco Europeo de Inversiones en 1995 y los 1.900 millones restantes sufragarán inversiones en infraestructuras ya previstas en el presupuesto de este año.