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Reportaje:

Literatura con DNI

El Gobierno de Zaplana elimina a los autores catalanes en secundaria

Nadie entendería que en la asignatura de literatura castellana los estudiantes de secundaria y bachillerato dejaran de estudiar a Jorge Luis Borges o Rubén Darío por el hecho de ser latinoamericanos. Ni se entendería que los andaluces se limitaran a estudiar a Federico García Lorca, y no a otros, por haber nacido en el territorio de la actual comunidad autónoma. Sería una aberración, independientemente de la filiación política de cada uno.

En el caso de la Comunidad Valenciana, una aberración de este tipo puede tener carta de naturaleza legal si prospera el decreto provisional de mínimos que ha preparado la Consejería de Educación, gobernada por el PP, para modificar los contenidos de literatura en la asignatura de valenciano, dentro de la política de reforma de las humanidades promovida por el Ministerio de Educación y Cultura. En el documento provisional no se ha incluido ningún autor catalán ni mallorquín. Es decir, los estudiantes valencianos no tienen por qué saber quiénes fueron Josep Pla, Mercé Rodoreda, Eugeni d'Ors, Salvador Espriu, Llorenç Villalonga y Ramon Llull, entre otros muchos. No, con los valencianos basta. Y si en un periodo determinado, como en el modernismo, no hubo ningún insigne o mediano escritor local, se obvia el periodo, y aquí paz y allá gloria.

Pero la jugada no ha pasado inadvertida. Una fuerte polémica, de repercusión nacional, ha azotado el inicio del curso escolar. El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ha tenido que hacer frente a descalificaciones que van desde el sarcasmo por ignorancia supina hasta el temor por el empobrecimiento intelectual y la aplicación de una política censora en beneficio de una nueva lectura de la historia, esta vez de la literatura.

Esa nueva lectura consistiría en valencianizar, primar y proteger a los autores valencianos frente a los catalanes y mallorquines, según las explicaciones que ha dado Zaplana, quien ha afirmado que se trata de un borrador de mínimos y que, en todo caso, es obligación de su Gobierno establecer tal política. Todos los autores suprimidos (señalados anteriormente) están mencionados en el anterior decreto de 1994, junto a los principales autores valencianos.

En el fondo late la polémica lingüística que ha presidido la escena política valenciana, sobre todo desde la transición. La derecha instrumentalizó y soliviantó el sentimiento anticatalanista con fines electorales, postulando que el valenciano no es un dialecto, sino una lengua distinta del catalán. Un conflicto que el propio Zaplana pareció querer superar promoviendo la reciente creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que, a pesar de la enrevesada fórmula de su ley de fundación, reafirma la unidad lingüística del catalán, que en Valencia ha adoptado históricamente el nombre de valenciano, lo que, al fin y al cabo, sostienen todas las universidades del mundo. En ningún apartado de la citada ley se menciona el término catalán, como tampoco lo hace el decreto provisional.

En este contexto político se inscribe la polémica literaria, que para el catedrático de Filología Catalana y de Lengua y Literatura Española Albert Hauf no es tal. Hauf recuerda que incluso el valenciano Joanot Martorell, autor del clásico de la literatura catalana Tirant lo Blanch, copió en su novela el prólogo de Lo Somni, del catalán Bernat Metge, una demostración de los contagios y de los intercambios entre los escritores valencianos y catalanes. 'Es absurdo descontextualizar a los escritores. Es irracional', agrega.

Apelación al diálogo

Ante las reacciones de rechazo surgidas desde todos los partidos políticos catalanes (incluido el PP), los de la oposición valenciana y de la comunidad educativa, el presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y el consejero de Educación y Cultura, Manuel Tarancón, han repetido que se trata de un borrador de mínimos, que no se excluye a nadie y que el propósito es valencianizar la enseñanza de la literatura. Ayer, Tarancón aseguró que 'no se ha cerrado la puerta a nadie', que la lista de escritores 'está abierta al diálogo' y que la última palabra la tienen los editores y los profesores. Los libros de texto de los editores deben ser homologados por la Consejería de Educación, extremo que recuerdan desde la asociación valenciana de editores, cuya presidenta, Verónica Cantó, ha alertado sobre los perjuicios económicos y pedagógicos si el nuevo decreto entra en vigor para el curso 2002-2003. Los editores han tenido que suprimir cualquier mención expresa a la unidad lingüística del catalán y el valenciano. Numerosos catedráticos y escritores se han manifestado en contra del documento de contenidos, como el presidente de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Jaume Pérez Montaner, o el estudioso Martí de Riquer,quien ha subrayado el despropósito de limitar el estudio al lugar de nacimiento. El propio líder del PP catalán, Alberto Fernández Díaz, se ha desmarcado de sus correligionarios valencianos tildando la exclusión de 'absurda'. Más duros han sido los portavoces del PSPV-PSOE, Isabel Escudero, y Esquerra Unida, Ramón Cardona, quienes han calificado el documento de 'mutilador e inquisitorial'. Por parte de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida ha señalado que es una decisión 'más propia del siglo XV', que espera que sea reconsiderada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de septiembre de 2001

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