Que caigan los otros

El vicepresidente Rato parece haber tomado el mando de las operaciones en la estrategia del Gobierno y el PP respecto al escándalo de Gescartera. En vísperas de que se constituya la comisión de investigación parlamentaria, ha trasladado a los próximos las consignas para una defensa ordenada de posiciones. Las ideas centrales son que se trata de una estafa privada, sin implicaciones políticas; que las instituciones públicas de supervisión estuvieron en su lugar al detectar el fraude (con la única duda de si lo hicieron pronto o tarde); y que la actitud del actual Gobierno impulsando la investigación parlamentaria contrasta con la resistencia de los socialistas frente a sus propios escándalos cuando gobernaban.

Si es o no una estafa, con las consiguientes responsabilidades penales, es algo que corresponde establecer a los tribunales, no al Gobierno ni al Parlamento. A éste le compete indagar las responsabilidades políticas, es decir, investigar si ha habido acciones u omisiones de responsables públicos que han posibilitado o favorecido el fraude. Concretamente, la investigación deberá esclarecer: a) si hubo intervenciones de personas próximas al Gobierno destinadas a dar credibilidad a Gescartera a la hora de captar clientes; b) si los organismos de supervisión fueron negligentes, hasta que el agujero se hizo descomunal; c) si hubo información privilegiada en favor de algunos inversores que retiraron a tiempo su dinero.

Lo más interesante es el cruce entre los tres aspectos: si hubo negligencia en el control porque había habido intervenciones de personas próximas al poder como conseguidores o avalistas de Gescartera, y si hubo información privilegiada en favor de las personas (o entidades) que habían confiado en ese aval de personas próximas al Gobierno. Se trata, en definitiva, de averiguar si el engaño intentado por los gestores de Gescartera, en el que tanto insiste Rato, fue posible porque alguien tenía interés en dejarse engañar.

Las comisiones parlamentarias de investigación, en la medida en que establecen responsabilidades políticas, forman parte de los mecanismos de control del Ejecutivo. Constituye una perversión del sistema de contrapesos establecido por la Constitución convertirlas en una forma de exigencia retrospectiva de responsabilidades a la oposición. Intentarlo transmite una imagen de inseguridad en las propias razones y matiza la consigna de llegar hasta el final. Caiga quien caiga, siempre que sea de los otros.