Hacienda paga las cargas de FGV y abre la vía a otras empresas públicas

Los presupuestos de la Generalitat aprobados por las Cortes en diciembre pasado destinaban 54.524 millones de pesetas al servicio de la deuda pública, es decir, al pago de intereses derivado de las obligaciones de la Administración autonómica, que superan el billón de pesetas.

La cantidad es notable y supuso un incremento de 19.482 respecto de la dotación fijada en 2000. Es decir, el fondo destinado a pagar los intereses que genera la deuda de la Generalitat creció más del 55% de un año a otro.

Los fondos destinados al servicio de la deuda incluyen en el presupuesto de 2001 una segunda partida de 250 millones en el capítulo de transferencias corrientes. Cien millones se destinan a subvencionar la campaña de publicidad de la emisión de valores de la Generalitat; el resto, 150 millones, van destinados a 'subvencionar los gastos derivados de la gestión de la deuda y demás operaciones financieras de la Generalitat Valenciana y sus entidades autónomas y empresas públicas', según el texto de la ley de presupuestos.

El balance de FGV para 2001 recoge deudas a largo plazo por un total de 21.861 millones de pesetas y obligaciones a corto plazo por 5.983 millones. En total, algo menos de 27.000 millones.

La Generalitat ha asumido directamente el vencimiento de los pagos derivados de la deuda de FGV. Técnicamente ha renunciado al derecho de excusión. Pero ha extendido ese tratamiento al resto de empresas públicas. Es decir, la Generalitat pagará automáticamente cualquier vencimiento de créditos que no puedan afrontar sus empresas públicas.

La situación financiera de FGV ha llegado a ser extrema y, desde hace tres años, la ley de presupuestos recoge un artículo que especifica cómo la Generalitat asumirá la carga de la deuda de la empresa que gestiona los trenes de cercanías y el metro de Valencia.

Pero la deuda de FGV tiene una virtud, responde a inversiones en infraestructuras ferroviarias. Técnicamente, corresponde a inversiones en bienes de capital.

No es el caso de otras empresas públicas de la Generalitat como, por ejemplo, Ràdio Televisión Valenciana. La deuda del ente público asciende ya a 32.000 millones. Formalmente, las deudas contraídas por RTVV van destinadas a inversiones en mejoras de infraestructuras. Pero, de hecho, se consumen en gastos ordinarios y pagos a proveedores. Lo que se denomina, activo circulante. Prueba de ello es que el valor constante de la deuda contraída por RTVV durante los dos últimos años.

Vencimientos en 2007

La Generalitat asumió toda la responsabilidad de los posibles impagos de créditos contraídos por RTVV antes de que un grupo de entidades financieras concedieran la última inyección de capital a la empresa pública.

Los primeros vencimientos de los créditos concedidos a RTVV se producirán en 2007. Y todo indica que el mecanismo de provisión de los mismos será paralelo al que se aplica desde hace tres años con FGV.

La cuestión adquiere carácter alarmante cuando se piensa que CACSA, la empresa promotora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que difícilmente llegará a ser rentable nunca, ya que acumula deudas por 66.570 millones de pesetas. La Generalitat ya ha decidido inscribir los edificios que constituyen el complejo que se construye en el cauce del río Turia a favor de CACSA, una forma de tranquilizar a los acreedores de una sociedad cuyo capital social asciende a cinco mil millones y que formalmente carece de activos.