La segunda oportunidad de Blanca Esther

El escandaloso robo de 13 sumarios contra Jesús Gil en los Juzgados de Marbella ha despertado muchos fantasmas en la ciudad malagueña. La certeza de que ha sido un robo perpetrado desde dentro, ejecutado por uno o varios funcionarios judiciales, que ha permanecido tapado por los jueces y fiscales responsables de la instrucción de esos casos, ha avivado la polémica sobre la corrupción judicial, sabida y comentada por quienes conocen Marbella, pero nunca erradicada ni castigada.

Sin embargo, para quienes están más cerca de la investigación, la pregunta del millón no es ya quién o quiénes están detrás de la operación, sino qué puede pasar por la cabeza de la juez a quien, por sorteo, le ha tocado investigar el caso: la titular del Juzgado número 2, Blanca Esther Díez.

Porque si a los demás se les han removido fantasmas, a esta magistrada nacida en Asturias hace 39 años, casada con un inspector de policía, se le han venido todos encima. Su intento de destapar, en 1993, la trama de corrupción judicial en los Juzgados de Marbella terminó un año después con una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que supuso su inhabilitación como juez hasta febrero de 1996.

En 1993, Díez llevaba cuatro años como magistrada en Marbella. Había llegado desde León, donde era juez de distrito, en 1989; dos años después de que el entonces inspector del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Baltasar Garzón señalase por primera vez en un informe la 'peligrosidad social' de un veterano oficial de los juzgados llamado Juan Ramírez.

Aquel oficial, hijo de un humilde vigilante, era desde hacía muchos años uno de los personajes más conocidos e influyentes de la ciudad: anfitrión durante el franquismo de ministros y magistrados, amigo de personajes de la jet set, montado en un tren de vida muy superior al que se puede alcanzar con un sueldo de funcionario y, según muchos, el amo de Marbella en la sombra.

En su informe, Garzón pedía que se vigilase a Ramírez y alertaba del mal funcionamiento de los juzgados, recomendando la creación de un tercero. Curiosamente, cuando se creó se hizo con la plaza Pilar Ramírez, la hija juez del funcionario sospechoso, actualmente apartada de la carrera judicial por no abstenerse de instruir procedimientos en los que su familia tenía intereses.

Pero en 1989 Juan Ramírez era intocable. Y Blanca Esther Díez, joven e inexperta. En 1993, le tocó instruir un procedimiento abierto por la supuesta venta fraudulenta del casino del hotel Andalucía Plaza. El denunciante, Gioachino del Din, acusaba a Felice Cultrera y Gianni Meninno, a quienes la Interpol vinculaba al clan mafioso de Santapaola, de haberle cobrado 200 millones de pesetas por una falsa opción de compra del casino. El intermediario había sido Juan Ramírez, por entonces ya jubilado.

Díez vio el cielo abierto. Anteriormente ya se habían presentado otras denuncias contra Ramírez, pero por intrusismo profesional. Dos letrados habían denunciado que se hacía pasar por abogado, y Garzón en su informe hacía constar sus sospechas de que mantenía abierto un bufete en Marbella. Por otro lado, aquellos eran los años duros de la droga y no eran pocos los padres de delincuentes adictos que se quejaban de haber tenido que pagar grandes sumas de dinero al oficial por la libertad de sus hijos.

La juez abrió diligencias contra Juan Ramírez, que llegó incluso a pisar la cárcel en abril de 1993. Entretanto, las investigaciones y las declaraciones de testigos arrojaban nombres cada vez más importantes; entre ellos el de José Luis Manzanares, entonces vicepresidente del CGPJ, para quien Ramírez había mediado en la compra de un apartamento.

Las presiones aumentaban al mismo ritmo que la fama de Díez. Ramírez se querelló contra ella. Los fiscales del caso denunciaron errores de procedimiento. La instrucción se encomendó a otro juez. Díez se vio contra las cuerdas y se puso en manos del excéntrico abogado Luis Bertelli, que la convirtió en una estrella mediática: la juez defendía su causa en la prensa mientras que en el TSJA se fraguaba una contra ella que culminó en noviembre de 1994 con su inhabilitación.

Un año después, el Tribunal Supremo revisaba la sentencia del TSJA y la absolvía de los delitos de impedir el ejercicio de derechos cívicos, retardo en la administración de justicia y revelación de secretos por los que se le había condenado. El 14 de febrero de 1996, cruzaba de nuevo la puerta de los Juzgados de Marbella para ocupar su sillón. Pero ya no era la misma. Había madurado y se había vuelto pesimista y taciturna. De la Plataforma Ciudadana por la Justicia que la apoyó en su día con 2.000 firmas conserva pocos amigos. Ahora, la Plataforma se ha reavivado, pero también son cautos. 'Si no la amparan desde arriba esto seguirá igual', dicen.