El Poder Judicial no exculpa a los jueces afectados por el robo de los sumarios de Gil

El vicepresidente del Consejo del Poder Judicial, Luis López Guerra, explicó que la Comisión Permanente 'no excluye' que los tres jueces de Marbella afectados por las sustracciones puedan haber incurrido en responsabilidad disciplinaria, porque a la vista del informe de los inspectores no cabe formular una imputación concreta pero tampoco cabe una 'exculpación absoluta'. López Guerra precisó que al estar en marcha un procedimiento penal por el robo, abierto por la juez Blanca Esther Díez, el informe no puede incidir en las actuaciones jurisdiccionales por lo que se limita a establecer los hechos sin señalar responsables concretos.

De ahí que se remita el informe a la Comisión Disciplinaria, que se reunirá el lunes a partir de las 10 de la mañana, para debatir si encargan nuevas investigaciones al Servicio de Inspección, abren expediente disciplinario a alguno o a los tres jueces afectados por las sustracciones o archivan el informe sin exigencia de responsabilidades.

El informe de la Inspección no hace ninguna imputación concreta a los jueces de Marbella cuyos juzgados han sido escenario de los robos, pero la Comisión Permanente ha decidido que sea la Disciplinaria la que estudie si existió algún tipo de responsabilidad o negligencia de dichos magistrados desde el punto de vista disciplinario. La Comisión Disciplinaria está integrada por cinco vocales que ayer estaban siendo lozalizados en sus lugares de vacaciones para que el lunes estén en Madrid.

Hechos sin precedentes

El CGPJ acordó remitir el informe de la Inspección a la juez de instrucción y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que éste último depure las eventuales responsabilidades de los secretarios, oficiales, auxiliares y agentes judiciales. También acordó dirigirse al Ministerio de Justicia, con la finalidad de que reclamen a los secretarios judiciales que extremen la seguridad. Antes de dar a conocer sus acuerdos, la Comisión Permanente que permaneció reunida más de dos horas y media, puso de relieve 'la gravedad de los hechos' y la falta de 'precedentes de una sustracción de tal entidad', sobre todo cuando las primeras desapariciones de datos se conocieron a mediados de julio y hasta casi un mes después no comenzó ninguna investigación.

La Comisión decidió trasmitir su preocupación a la Junta de Andalucía por la 'muy llamativa' falta de seguridad detectada en los juzgados de Marbella. La Junta es la encargada del mantenimiento de los edificios y de las medidas de seguridad. Los inspectores desplazados por el Consejo a la sede judicial donde se registró el robo encontraron 'graves deficiencias'.

En ese sentido, fuentes de la investigación dijeron que el informe constata que la clave personal de acceso al ordenador de cada funcionario la conocían todos ellos, los armarios de las dependencias permanecían abiertos y de las escasas dependencias que permanecían cerradas tenían llave todos los trabajadores. Para evitar problemas similares en el futuro, se solicita a la Junta que adopte las medidas oportunas y las garantías informáticas que eviten nuevos borrados de datos.

El vicepresidente destacó que las copias de seguridad del sistema informático Adriano han permitido recuperar todos los archivos borrados relacionados con Jesús Gil y aseguró que el Consejo hará un seguimiento semanal de los trabajos de reconstrucción de los sumarios robados.