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'CASO GIL'

El CGPJ investigará a jueces y funcionarios por el robo en los juzgados de Marbella

Reclama más seguridad a la Junta de Andalucía ante las "llamativas" deficiencias

Tras estudiar el informe presentado por los dos investigadores enviados a Marbella, el CGPJ no excluye la responsabilidad de ninguno de los funcionarios afectados en relación al robo de documentos y a la seguridad de los Juzgados de Marbella, cuyas deficiencias considera "muy llamativas".

Según ha informado en conferencia de prensa el vicepresidente del CGPJ, Luis López Guerra, la Comisión Disciplinaria de este máximo órgano de Gobierno de los jueces se encargará de la investigación de los titulares de los juzgados afectados.

El Consejo destaca la gravedad de los hechos producidos y la falta de un precedente de sustracción "de esta entidad de documentos en un órgano judicial", por lo que pone de manifiesto la necesidad de que exista colaboración entre las instituciones y organismos a los que afecta este tipo de actuaciones "sin que ninguno de ellos pueda eludir su responsabilidad".

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Luis López Guerra ha explicado que la Comisión Permanente ha acordado remitir el informe elaborado por los inspectores del CGPJ desplazados a los juzgados de Marbella a la Comisión Disciplinaria del Consejo y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que se encargará de la actuación referente a secretarios judiciales, funcionarios y agentes. También será enviado a la juez instructora del caso, Blanca Esther Díez.

Después del estudio del informe de los técnicos -que tiene más de 50 páginas de texto y está acompañado de documentos-, López Guerra ha explicado que no detalla ningún nombre como presunto autor de la sustracción y destrucción de expedientes "ni la posibilidad de localizar inmediatamente la responsabilidad de una persona", por lo que no se puede hacer una imputación individualizada.

Por ello, el Consejo considera necesario que se investigue en los órganos competentes la actuación de todos sus componentes, porque cree que "de un informe inicial no pueden deducirse inculpaciones concretas, pero tampoco exculpaciones de nadie" por "acción u omisión", ya que los primeros "borrados" se produjeron entre el 4 y 5 de julio y las actuaciones judiciales se iniciaron el 10 de agosto, más de un mes más tarde.

El Consejo manifiesta a la Junta de Andalucía "su preocupación por la carencia de medidas de seguridad", ya que según el informe de los inspectores, hay deficiencias, por ejemplo, en las cerraduras de armarios y puertas de estos juzgados.

En este sentido, insta además a los Tribunales Superiores de Justicia y al Ministerio de Justicia para que se adopten mayores medidas de seguridad en estos órganos y ha acordado dirigirse a la Comisión Mixta CGPJ-Ministerio de Justicia para que se elaboren unos criterios generales de seguridad en los tribunales.

El órgano de gobierno de los jueces ha recordado que hay una investigación penal en marcha en un juzgado de Marbella y ha pedido que "ni el CGPJ, ni ningún órgano de la Administración impida ni menoscabe estas actuaciones judiciales".

Además, López Guerra ha declarado que se habían recuperado todos los archivos informáticos borrados de los ordenadores y ha anunciado que se reunirá con los responsables del Ministerio de Justicia para prevenir que se repitan este tipo de situaciones en el futuro.

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