El robo de Marbella

La elogiable rapidez con que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en funcionamiento sus mecanismos de inspección para obtener información de primera mano sobre el insólito robo de documentos sumariales de varios juzgados de Marbella que afectan a su alcalde, Jesús Gil, debe tener como colofón la depuración de responsabilidades a todos los niveles y con la mayor urgencia posible. Cualquier otro desenlace aumentará, con razón, la mala imagen que los ciudadanos tienen de la justicia, casi siempre como reflejo de una mala realidad.

A diferencia de lo que suele ocurrir cuando se ventilan responsabilidades públicas (las políticas esperan a las penales y éstas paralizan las administrativas), el CGPJ ha impulsado la actuación complementaria de todas las instituciones competentes. Por una parte, ha instado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y a la comisión disciplinaria del propio Consejo para la depuración de eventuales conductas judiciales sancionables, si las hubiere. Por otra, a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Justicia, a investigar las eventuales responsabilidades de los funcionarios judiciales y secretarios de los juzgados en las deficiencias de seguridad y diligencia en la custodia apreciadas por sus inspectores.

Pero al mismo tiempo ha decidido remitir el informe de la inspección -50 folios más sus anexos- a Blanca Esther Díez, la juez de Marbella a la que ha correspondido la investigación penal del robo de los sumarios y que, curiosamente, es la misma que denunció hace años la corrupción en los juzgados marbellíes (lo que entonces le costó una suspensión disciplinaria de seis meses). Si la investigación apunta hacia las mismas tramas denunciadas en su día por esta magistrada, sería lógico que se abstuviera y fuera relevada.

La rápida y enérgica reacción del Consejo es la adecuada a la gravedad de los hechos. No sólo por la entidad de lo sustraído, sino por el hecho insólito de que transcurrieran semanas entre las primeras desapariciones de documentos y el inicio de una investigación al respecto. El CGPJ ha pedido a los juzgados de Marbella la máxima rapidez en la reconstrucción del material robado y se ha implicado en dicha reconstrucción, mediante el compromiso de vigilar semanalmente la marcha de esos trabajos. Con independendencia de que se pruebe o no quién y con qué intención ordenó robar los papeles, esa rapidez es la mejor respuesta al desafío de quienes esperaban, como mínimo, ganar tiempo.