Síntomas de congelación
La evidencia del enfriamiento en la economía española es ya tan notoria que excusa otro comentario que no sea la mera confirmación. Los datos de paro e inflación correspondientes al segundo trimestre del año y al mes de julio, respectivamente, están en esa onda. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), entre enero y abril se crearon 90.700 empleos, sólo algo más de un tercio de los creados en el mismo periodo del año 2000 (257.000), mientras el número de parados bajaba en 75.300 personas y la tasa de paro descendía al 12,97%. El IPC de julio, por su parte, registró un crecimiento del 0,2%, con lo cual la tasa anual de inflación baja tres décimas, hasta el 3,9%, y la inflación subyacente se sitúa en el 3,5%, tan sólo una décima menos que en el mes de junio.
Sería injusto e imprudente lamentar ahora la pérdida de pulso económico y la desaceleración notable de la creación de empleo. Cualquier economista sensato sabía que los ritmos de crecimiento elevado de la economía española y sus altas tasas de creación de empleo no se iban a mantener para siempre; sólo el Ministerio de Economía mantuvo en años anteriores una euforia desbordante, basada quizá en el espejismo de que la excelente evolución de la economía era debida a la brillante gestión del Ejecutivo. Pero lo que sí mide la capacidad de los gestores públicos es, con independencia de los vaivenes coyunturales, la calidad del empleo creado. Y en este punto las conclusiones no pueden ser más sombrías. La EPA del segundo trimestre muestra que las mujeres siguen teniendo una tasa de desempleo muy superior a la de los hombres (18,9% y 8,9%, respectivamente), y la tasa de temporalidad sigue siendo muy elevada (31,5%). El empleo que genera la economía española también necesita un esfuerzo de convergencia con Europa.
La impaciente satisfacción con que el Ministerio de Economía ha saludado 'la flexión a la baja' de los precios es otro ejercicio de miopía interesada. El descenso de la inflación anual en julio se ha debido a la caída de los componentes más volátiles del IPC, como los combustibles, empujados por el descenso del petróleo, que son precisamente los costes que están fuera del ámbito de acción del Gobierno; pero los precios de los servicios siguen sin ser combatidos y el núcleo de la inflación sigue intocado. En ausencia de una política antiinflacionista firme, los precios en España siguen oscilando al ritmo que marcan el coste del petróleo, la abundancia o escasez de las cosechas y la inflación en Europa. Con esta incapacidad gubernamental para flexibilizar los mercados y con su nada disimulado abandonismo en materia de precios, difícil será, si no imposible, que la economía española reduzca de forma sustancial el diferencial del IPC con la zona euro en un plazo razonable.
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