Comienza Gescartera

Tras gastar a los subalternos en explicarnos las bondades de la subcomisión parlamentaria, el Gobierno, por fin, ha entendido la gravedad de todo lo que estaba sucediendo en torno al caso Gescartera y no ha tenido más remedio que aceptar que se forme en el Congreso una comisión de investigación de este escándalo, donde comparezcan todos los implicados en la trama, pero también en la que los responsables políticos expliquen públicamente cómo ha podido producirse tal dejación en todos los controles reglamentariamente establecidos.

En cuanto a la creación de la comisión, sólo cabe destacar el penoso papel de la rueda de peones, que una vez desautorizados en público por el ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, no han tenido más remedio que asumir la rectificación de una estrategia de ocultación que se ha revelado imposible. ¡Tanto ardor empleado por los meritorios para acabar aceptando lo que la oposición -que ha cumplido bien con su papel- les ha exigido desde un primer momento: la investigación del caso con todas sus consecuencias! Será, sin duda, gratificante para el PSOE, que, junto con Izquierda Unida, agarraron el hueso desde un primer momento.

Estamos ante un caso que debe preocupar al Gobierno, porque toca puntos muy sensibles en su interior, pero en el que también se ven involucrados no pocos sectores sociológicamente más próximos al partido gobernante que a los de oposición. Por lo pronto, algún ministerio, como el de Defensa, deberá explicar convincentemente por qué invierte dineros oficiales en sociedades con mayor riesgo del que la prudencia aconsejaría. O se aventuraron en exceso -con el dinero de todos- o tenían información de la que carecía el gran público. El razonamiento es extensivo a instituciones de la policía o empresas públicas de las que ya se ha dado cumplida cuenta.

Sin duda, el ministerio que más habrá de explicarse es el de Hacienda, cuyo titular, Cristóbal Montoro, sólo ayer, tras el toque de generala, ha roto el ataque de mudez que ha padecido desde la explosión del conflicto para anunciar investigaciones internas. Primero, porque era su hombre de confianza -el secretario de Estado, Enrique Giménez-Reyna- quien organizaba almuerzos de confraternización entre la compañía que presidía su hermana (y donde otros dos hermanos invertían los ahorros de los demás) y los responsables institucionales de su vigilancia. Montoro fue rápido cuando Giménez-Reyna dimitió para alabar la gran estatura humana de su cargo de confianza, sacrificándose en el altar de la honestidad por algo que sólo afectaba a sus familiares. Ahora deberíamos escucharle al ministro algo más que vaguedades..

Más grave aún es que en todo el caso Gescartera se haya implantado, con una naturalidad que pone los pelos de punta, la admisión de la existencia de miles de millones en dinero negro. Semanas ha tardado el ministro de Hacienda en anunciar que se va a investigar. ¿La Agencia Tributaria no descubrió nada de estas montañas de dinero sin rastro en todos estos años, de las que al parecer su secretario de Estado estaba al cabo de la calle? ¿Hasta cuándo hay que esperar para que los inspectores pongan patas arriba las declaraciones de esos miles de defraudadores? ¿Hay personas relevantes, como ha declarado Camacho, entre esos cientos y cientos de inversores con sacos de billetes invisibles al fisco?

Queda, por último, depurar las responsabilidades pertinentes en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Como hemos informado en este periódico, la situación desastrosa de Gescartera se arrastra desde hace años, y al menos desde 1999 su dueño o los administradores ya falsificaron documentos para mostrárselos a la Comisión. Imposturas que sólo fueron descubiertas, al parecer, avanzado el año 2001, cuando el titular de la sociedad ya no logró más dinero y todas las gestiones hechas por los responsables de la sociedad y sus múltiples amigos en la Administración fracasaron, llevando a Camacho al fraude burdo y chapucero de alguien que sabe que ya está perdido.

Mención especial merece en este apartado de la Comisión su ex vicepresidente, el también ex diputado del PP Luis Ramallo, que de martillo de corruptelas se ha quedado convertido en modesto receptor de relojes, pendientes, carteras y otras bisuterías del principal implicado en el caso. Más significativa, sin embargo, es su posible implicación en un intento de venta de la compañía a una sociedad alemana, actuando como mediador cuando muy posiblemente aún estaba afectado por las normas de incompatibilidad. El tema no es baladí: el notario Ramallo intentaba vender una compañía que vivía a base de papeles falsos y que estaba en la ruina. La CNMV, en cualquier caso, ha quedado claramente tocada y muchas explicaciones -más consistentes que las anteriores, como públicamente le recordó a Pilar Valiente el vicepresidente Rato- tendrá que dar su presidenta para que la Comisión recupere el papel de estandarte de seguridad jurídica que ha de ofrecer a todo el sistema financiero.

El caso Gescartera, en estos momentos, no ha hecho más que empezar. Quedan todas las explicaciones de los responsables en la comisión pertinente, pero también, las acciones judiciales contra un grupo de presuntos delincuentes. Y de sus cómplices.