El Gobierno endurece los controles para las subvenciones al lino

Tras más de dos años de polémicas, que han acabado incluso en la Audiencia Nacional con una investigación que dirige el juez Baltasar Garzón, el Gobierno ha decidido finalmente aprobar un Real Decreto en el que se establecen las normas reguladoras de la ayuda a la transformación en el sector del lino y el cáñamo destinados a la producción de fibras, con objeto de adaptar a la normativa española la regulación comunitaria.

Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, la nueva normativa establece que serán beneficiarios de la ayuda los primeros transformadores autorizados, en función de la cantidad de fibra realmente obtenida, a partir de las varillas para las que se haya celebrado un contrato de compraventa con el agricultor. De esta manera, se endurecen las condiciones para acceder a las ayudas del lino, aunque Bruselas ya había decidido en julio de 2000 reducir las ayudas al cultivo del lino español en 10.000 millones. Esta grave decisión se produjo sólo un año después de que se destapara la trama de cazaprimas, y en aquel momento se interpretó como un castigo de las autoridades comunitarias por el escaso control que habían demostrado las autoridades españolas.

Si el primer transformador es también el productor, el contrato se sustituirá por el compromiso del interesado de realizar él mismo la transformación. La autorización de los primeros transformadores corresponde a la comunidad autónoma donde radiquen las instalaciones de transformación. Precisamente por ello, el Gobierno siempre sostuvo que toda la responsabilidad del control recaía en las autonomía.

El Real Decreto también establece las obligaciones tanto de los primeros transformadores autorizados como de los transformadores asimilados, en aspectos tales como la contabilidad, control de existencias, registros y justificantes de los controles. El importe de las ayudas para las fibras cortas de lino y fibras de cáñamo, la ayuda será de 90 euros por tonelada (14.974 pesetas).

Finalmente, el Real Decreto establece los controles a llevar a cabo por las comunidades autónomas y regula el régimen de sanciones, así como las condiciones de coordinación técnica y suministro de información entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura.