La UE reclama a España que devuelva los 21.000 millones de ayudas al lino

La Comisión Europea ha optado por un castigo sin precedentes contra España por el llamado escándalo del lino. El Ejecutivo comunitario ha enviado una carta al Ministerio español de Agricultura en la que le comunica que Bruselas quiere que España devuelva la totalidad de las ayudas concedidas al lino durante las campañas 1996-97, 1997-98 y 1998-99. En total, unos 21.000 millones de pesetas. En esos años, la ministra de Agricultura era Loyola de Palacio, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea. Cabe la posibilidad de que la misma medida se aplique a la temporada 1999-2000.

Habitualmente, la Comisión suele proponer en este tipo de casos que el país que haya cometido una infracción devuelva las supuestas cantidades defraudadas, pero nunca que devuelva todas las ayudas. Ahora, en cambio, los técnicos de los servicios de Agricultura de la Comisión interpretan que se trata de un caso 'muy grave', por lo que hay que tomar una medida sin precedentes.

La carta de Bruselas, que fue recibida en el Ministerio de Agricultura el pasado jueves, es el resultado de una reunión que mantuvieron el pasado día 3 técnicos de Bruselas y del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria). A lo largo de la misma se puso de relieve la gravedad de los hechos incluidos en el informe de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF).

Este organismo concluyó la pasada primavera que las empresas transformadoras de lino habían aumentado de forma artificial la cantidad de producto tratado. En la campaña 1998-99, las 13 empresas transformadoras tenían una capacidad máxima de transformación de 29 millones de kilos, pero declararon que habían transformado 84 millones de kilos y recibieron las ayudas europeas correspondientes a esta última cifra, como señala la OLAF.

En dos de esas empresas presuntas defraudadoras tenían intereses directos familiares de Nicolás López de Coca, entonces presidente del FEGA y subsecretario del Ministerio de Agricultura, y Gonzalo Ruiz Paz, entonces director financiero de la empresa pública Mercasa. Este último era socio de Colino, la empresa que en la citada temporada declaró haber transformado 15 millones de kilos, cuando, a la vista del consumo eléctrico y de la mano de obra disponible, no pudo transformar más de 2,2 millones,siempre según la OLAF. Familiares directos de López de Coca eran socios de Colisur, otra transformadora que declaró haber transformado el doble de su capacidad real.

En Bruselas, una fuente oficial señaló que, en efecto, 'el informe de la OLAF es la base porque en él queda claro dónde están los verdaderos problemas' 'Es un tema de interés para España y para la credibilidad de la Unión Europea', comentó, 'y pedimos la devolución total porque el caso español es bastante grave, muy grave'.

En el mismo informe de la OLAF, como en otro aprobado en el Parlamento Europeo, se indicaba que las autoridades 'competentes', en referencia a las comunidades autónomas, no habían ejercido correctamente su papel de vigilancia y control sobre las ayudas al lino. Sin embargo, ante Bruselas, el Estado español es el único responsable y es a él al que se exigirá la devolución.

Entre el jueves y ayer mismo, según fuentes del Ministerio de Agricultura, altos cargos de este departamento se pusieron en contacto con las autonomías más afectadas (Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha) para conocer sus opiniones. Todos los consultados están de acuerdo en recurrir la propuesta de los técnicos de la Comisión y en negociar alternativas a través del habitual sistema de la conciliación. 'Es que es una medida desorbitada', asegura un portavoz del ministerio.

Si no hay acuerdo en la conciliación, que será lo más seguro, la propuesta de los técnicos acabará en unos meses sobre la mesa del colegio de comisarios, que tendrá que decidir en último término, con Loyola de Palacio incluida, si sostienen o no la opinión de los expertos. Nunca el Ejecutivo comunitario lleva la contraria en estos casos a sus expertos. Incluso así, el Gobierno español está dispuesto a acudir al Tribunal de Justicia de la UE.

La posición de Loyola de Palacio durante la investigación de este escándalo ha sido realmente muy delicada. En 1999, durante la campaña de las elecciones europeas (ella encabezó la lista del PP), afirmó que el escándalo del lino era 'un montaje electoral del PSOE'. Las evidencias le obligaron a cambiar radicalmente de actitud y, en enero de este año, pocas semanas antes de difundirse el informe de la OLAF, presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, en Madrid, al entender que en ese caso de había producido 'un fraude generalizado'. El caso cayó en manos del juez Baltasar Garzón.

Cuando en agosto de 1999 fue sometida a examen antes de acceder al cargo de comisaria europea, Loyola de Palacio respondió a una de las preguntas: 'Si se produjera una situación similar a la que se ha producido en la comisión saliente, dimitiríamos. Si yo me viera en una situación semejante, por supuesto que dimitiría. Así de claro lo digo. Por supuesto que dimitiría'.

Loyola de Palacio no pudo ser localizada ayer por encontrarse de visita oficial en Argentina.