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La investigación judicial destapa la existencia de redes hispanoportuguesas de 'cazaprimas del lino'

El juez Baltasar Garzón, que investiga una denuncia presentada por Loyola de Palacio, ex ministra de Agricultura y ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, calcula que el fraude del lino en España fue de entre 2.000 millones y 10.000 millones de pesetas (cantidad pagada en subvenciones a agricultores y transformadores por la Unión Europea). El próximo mes, la oficina antifraude de la UE (OLAF) hará público un informe sobre esas irregularidades.

Mientras, el fiscal del caso, David Martínez Madero, ha solicitado al juez Garzón que ofrezca a la Comisión Europea que se persone en la causa como parte perjudicada, según informó ayer la Cadena SER. El fiscal propone además que se personen el Estado español y las comunidades implicadas, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Los Gobiernos autonómicos ya habían expresado su intención de hacerlo.

Según fuentes jurídicas, de esta forma se podrá hacer frente a las eventuales responsabilidades en cascada, es decir, la Comisión Europea exigiría la devolución del dinero defraudado al Estado español, éste a las comunidades. En el último escalón estarían los agricultores y transformadores que puedan resultar condenados.

Datos sospechosos

La OLAF ha descubierto y puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción datos que le resultan especialmente sospechosos, como que en la temporada 1999/2000 casi la mitad de los agricultores españoles inspeccionados por ese organismo europeo utilizaron certificados de transformación expedidos por supuestas industrias transformadoras ubicadas en Portugal, en la zona de Évora, a más de 500 kilómetros de la zona de producción, Toledo o Ciudad Real, por ejemplo.

Ninguno de los agricultores investigados supo dar razón de los costes del transporte. Aseguraron que todo lo realizaba un intermediario, que no identificaron, que lo recogía con camiones. Justificaron que los precios de transformación eran más baratos en Portugal.

Pero tanto la OLAF como la fiscalía Anticorrupción consideran que 'tales motivaciones no son creíbles dada la distancia'. Uno de los agricultores de Castilla-La Mancha que prefiere trasladar su lino a Portugal en lugar de usar, por ejemplo, la cercana transformadora de Los Yébenes (Toledo), sólo admite que la primera vez que ha transformado en Portugal fue el año pasado. Este agricultor de Ciudad Real acudió a la transformadora de Linhagro, situada en la zona de Évora.

Entre los cultivadores de lino se afirma que tal transformadora, cuya maquinaria la vendió una empresa belga, es una inversión de uno de los dueños de otra fábrica de Castilla y León al que la justicia española implica ya en el fraude.

La otra transformadora de lino que tiene Portugal también tiene una conexión española. Se trata de Translinho. En este caso, el 50% del capital es de los dueños de la sociedad Agrosa, vendedora de semillas de lino entre otros y propietaria de una transformadora, Celitex, en Guadalajara.

Fuentes de esta empresa confirman que instalaron una transformadora en Portugal el año pasado 'porque había clientes allí', pero aseguran que ningún agricultor español ha transformado en ella.

Sin embargo, la OLAF no tiene esa seguridad y por ello la ha puesto bajo su lupa. En la empresa Agrosa explican que no tuvieron que comprar maquinaria alguna, sino que llevaron allí la que poseían en Celitex.

En temporadas anteriores, según fuentes del INGA, organismo portugués equivalente al Fondo Español de Garantía Agraria, eran los portugueses los que acudían a transformar el lino a Celitex para, con dicho certificado, cobrar las subvenciones en Portugal.

Eludir controles

El camino inverso, españoles que transforman en Portugal, para con el certificado cobrar en España tiene una lectura común para la OLAF, la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Castilla-La Mancha y para varios cultivadores consultados. 'Se hace allí para eludir los severos controles implantados en España tras estallar el escándalo. Con este sistema, las autonomías no pueden inspeccionar si la cantidad transformada y cultivada es real.

El INGA comunica a su homólogo español, el Fondo Español de Garantía Agraria, los contratos de transformación, y tal documentación se remite a las autonomías para que paguen', coinciden las distintas instituciones. 'Se está moviendo sólo papel; no el lino. Hemos visitado algunas de esas supuestas transformadoras y no tienen ni electricidad ni maquinaria', afirman cultivadores molestos con esta competencia desleal.

Hay un rasgo más que asemeja las transformadoras portuguesas a las españolas implicadas en el fraude: el fuego. La planta de Translinho sufrió un incendio en septiembre del año pasado. Curiosamente, Portugal ha conocido la necesidad de contar con transformadoras propias en los dos últimos años, cuando el lino echaba ya humo en España.

Por ello, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a Garzón que incorpore a la causa que instruye el informe de la OLAF sobre el supuesto fraude del lino en Portugal.

La conexión portuguesa no es la única que suscita la inquietud de la OLAF y de Anticorrupción. También intriga el papel de la firma belga Procotex, suministradora de semillas y de maquinarias.

Los representantes de esta empresa mantienen que han trabajado dentro de la legalidad para muchas de estas redes de agricultores y transformadores y niegan que hayan pertenecido a un lobby del lino en Bruselas, algo que apuntan diversos cultivadores españoles.

Lisboa no sospecha

El Ministerio portugués de Agricultura no tiene constancia de ningún fraude del lino en su territorio. Y esa afirmación vale tanto para los portugueses que transforman ahora en su propio país como para los españoles que trasladan su lino allí en lugar de utilizar las desmotadoras nacionales.Las autoridades agrarias portuguesas invocan que recientemente fueron sometidos a una inspección comunitaria. Pero reconocen que el lino, cuyo cultivo ha sido insignificante en Portugal, hasta el punto de que no ha contado con ninguna transformadora propia hasta hace dos años, ha iniciado un despegue en los últimos años paralelo al descenso en España por el escándalo del fraude. A diferencia de España, donde cada autonomía abona las ayudas europeas, en Portugal sólo existe una entidad pagadora, el INGA, equivalente al Fondo Español de Garantía Agraria. Las ayudas entregadas son rídiculas frente a los casi 10.000 millones de pesetas cobrados en España por los cazaprimas en la última temporada. Apenas han desembolsado unos 100 millones de pesetas tanto en 1997 como en 1998, cifra que subió a 300 millones en 1999. Pero la OLAF sospecha que Portugal sirve de plataforma para el fraude de agricultores españoles y autóctonos. En Portugal, la presión es infinitamente menor que en España, donde las autonomías y la Fiscalía Anticorrupción saben todo de cada una de las transformadoras, incluido accionariado, consumo de luz y agua, y de sus provedores de lino.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de febrero de 2001

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