El eurodiputado que investiga el fraude censura a Agricultura

Freddy Black, eurodiputado socialista danés encargado por la Comisión de Control Presupuestario de hacer un informe sobre las cuentas comunitarias de 1999, ha redactado un primer trabajo en el que 'deplora' que 'el Ministerio de Agricultura español no tomara las medidas necesarias' para atajar las irregularidades descubiertas en España en ese año y en el anterior en el cobro de subvenciones de la UE a cultivadores de lino. En esas fechas, la ministra de Agricultura era Loyola de Palacio, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea.

El informe de Black (que debe ser estudiado en la Comisión de Control Presupuestario y, antes de su aprobación, será objeto de enmiendas por los parlamentarios) entra de lleno en la polémica sobre quién es responsable de controlar los posibles fraudes en las subvenciones comunitarias: si las autónomías, como insiste De Palacio, o también el Gobierno, que es el que rinde cuentas ante Bruselas. Black recuerda que el comisario de Agricultura, Franz Fischler, ya señaló que 'su interlocutor en los Estados miembros es el Ministerio nacional de Agricultura'.

Black indica que, según los documentos de la Comisión que él ha analizado con respecto al fraude del lino en 1999, 'no había prueba alguna de que se hubieran hecho controles administrativos, también hubo fallos en la aplicación de las sanciones, no hubo control en el cumplimiento de los contratos y hubo problemas de coordinación administrativa'.

Al analizar cada una de esas afirmaciones, el eurodiputado dice textualmente: 'Aunque las autoridades nacionales consideran que el control de las ayudas depende de las comunidades autónomas, la Comisión reitera la ausencia de controles sobre la veracidad de las áreas dedicadas a la producción'. De hecho, añade, sólo presentaron justificantes de los métodos de control empleados en Cataluña, donde apenas se cultiva lino, mientras que el sistema usado en Castilla y León, donde hubo mayores irregularidades 'fue totalmente insuficiente'.

Control a empresas

Asimismo, Black asegura que el Gobierno español explicó en su momento que, de acuerdo con la normativa comunitaria, no había obligación de controlar a las empresas que compran el lino para su transformación (fue en esas sociedades donde se produjo buena parte del fraude). Por el contrario, precisa, los servicios técnicos de la Comisión sostienen que debe controlarse el cumplimiento de los contratos en toda su extensión.

Black concluye: 'Las observaciones demuestran que las autoridades centrales no controlan la aplicación correcta y uniforme de los esquemas de ayuda en las autonomías; la Comisión considera que esta falta de coordinación contiene un alto riesgo de pagos no correctos'.