La oficina Antifraude de la UE culpa del 'caso del lino' a empresas de familiares de ex altos cargos de Agricultura

La OLAF, que ha enviado el documento a las autoridades judiciales españolas, destaca en sus conclusiones que, a la vista de la investigación efectuada por sus servicios durante estos meses pasados, 'ha habido un débil nivel de los controles puestos en marcha por el Estado miembro afectado' a la hora de garantizar la protección de los intereses financieros de la UE, según personas que han conocido el contenido del documento.

En otro de los párrafos de las conclusiones, la oficina antifraude concreta que esa debilidad se ha producido sobre todo en las autonomías. Aunque los objetivos de la investigación de la OLAF 'no son la realización de una auditoría del sistema, se ha constatado una debilidad de los controles realizados por las comunidades autónomas', insiste el informe.

La oficina antifraude recuerda que, en efecto, de acuerdo con la legislación vigente, son las comunidades las que tienen la competencia exclusiva a la hora de verificar las actividades agrícolas que conllevan subvenciones comunitarias. No obstante, agrega que no le corresponde a la OLAF fijar las responsabilidades políticas ni las penales.

La mayor parte del informe consiste en la reproducción de la amplia documentación aportada a la OLAF por las comunidades autónomas afectadas, y especialmente por Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. Es la primera de esas comunidades, según el informe, la que más lino produjo, la que tenía mayor número de empresas transformadoras y la que recibió mayores cantidades de subvenciones.

Transformación del lino

Según las fuentes informantes, hubo empresas, como Colino, ubicada en Almoguera (Guadalajara), que llegó a multiplicar artificialmente su capacidad de transformación de la planta para lograr mayores ayudas europeas. Así, como consta en el informe, Colino declaró que había transformado 15 millones de kilos, cuando, a la vista del consumo eléctrico realizado y de la mano de obra disponible, no pudo transformar más de 2, 2 millones de kilos. Uno de los socios de esa empresa era Gonzalo Ruiz Paz, director económico financiero de la empresa pública Mercasa.

El informe de la OLAF, de 76 páginas, también hace referencia al papel del Fega (Fondo Europeo de Garantía) como coordinador de los controles sobre las ayudas europeas, aunque insiste en que la gestión corresponde a las autonomías. Al frente del Fega se encontraba Nicolás López de Coca, subsecretario de Agricultura cuando estalló el escándalo. Familiares de López de Coca figuran como socios en Colisur, otra de las empresas dedicadas a la transformación de lino.

De la lectura del informe se desprende que el principal origen del fraude se produjo en las empresas transformadoras. Era allí donde se certificaba a los agricultores las cantidades que supuestamente entregaban para transformar y donde se emitían informes, evidentemente falsificados en algunos casos, para determinar finalmente las ayudas comunitarias que correspondían a cada ejercicio. Para ocultar los datos reales, llegaron a registrarse sucesivos incendios de planta de lino, hechos que se investigan en la Audiencia Nacional.

Las ramificaciones del escándalo en Portugal no han sido investigadas aún en profundidad por la OLAF.

Reclamación del dinero

La Comisión Europea ya ha iniciado hace un mes el procedimiento legal para reclamar al Gobierno español la devolución del dinero cobrado irregularmente como ayudas europeas al cultivo del lino, tanto por parte de los agricultores como de las industrias transformadoras. Bruselas dio seis semanas de plazo para que el Ejecutivo español dé su respuesta.

La producción de lino en España experimentó un incremento espectacular en España, al abrigo de las ayudas comunitarias. En la temporada 1992-1993, no había en el país ni una sola hectárea con lino. Al año siguiente, primero con ayudas específicas, se pasó a 186 hectáreas, cifra que ascendió a 11.024 en 1995-1996 y a 48.000 en 1997-1998, para dispararse hasta las 91.400 en 1998-1999.

Las ayudas europeas oscilaron en torno a las 120.000 pesetas por hectárea en esos años, por lo que, sólo en la última temporada citada, Bruselas destinó unos 10.800 millones de pesetas a subvencionar el lino español. Algo menos de la mitad de esas ayudas correspondieron a Castilla y León y aproximadamente un tercio a Castilla-La Mancha.

Al margen de las responsabilidades penales y de las cantidades que deberá devolver España a Bruselas, PP y PSOE continúan enfrentados a la hora de delimitar las responsabilidades políticas del caso. Para la eurodiputada socialista Rosa Díez, Loyola de Palacio, ministra de Agricultura en los años citados y hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, es 'cómplice política' por haber negado en su momento la existencia del fraude.

Para el PP, el informe de la OLAF 'exculpa' a De Palacio. Pero, también a la vista del documento de la OLAF, dirigentes de los dos partidos tendrán que responder del caso: Juan José Lucas, actual ministro de la Presidencia, como presidente de Castilla y León durante los años del fraude, y el socialista José Bono, como presidente de Castilla-La Mancha.

Por su parte, el eurodiputado socialista Juan de Dios Izquierdo insistió ayer en que 'el dinero del lino se lo ha llevado gente del entorno de Loyola de Palacio'.