La UE investiga las conexiones internacionales del fraude del lino

La oficina antifraude de la Unión Europea (OLAF) afirmó ayer que la investigación sobre el fraude del lino en España afecta a otros Estados miembros y que por eso se está retrasando la publicación del informe sobre el caso. Fuentes relacionadas con este organismo señalaron anoche que, en el curso de la investigación, ha aparecido alguna factura de una empresa española relacionada con ese fraude emitida contra otra sociedad radicada en otro país europeo, si bien se negaron a dar detalles más concretos.

'Como consecuencia de la investigación en curso, la OLAF se ha visto en la necesidad de realizar gestiones en otros Estados miembros, por lo que se considera conveniente extender la investigación en este aspecto', señaló anoche la oficina antifraude.

Con esta afirmación, la OLAF salía al paso de una información difundida el pasado día 8 en un periódico alemán, según la cual dicha oficina estaría siendo sometida a presiones de la Comisión Europea para que el informe sobre el fraude del lino sea retrasado. En principio, debía haber sido publicado el mes pasado. Luego, se afirmó que sería en febrero. Ahora, la propia OLAF anuncia que sus conclusiones se conocerán a finales de marzo.

Retraso del informe

'El informe final de la OLAF sobre este asunto estará concluido tan pronto como hayan finalizado las investigaciones en España y en otros Estados miembros', asegura el comunicado de la oficina antifraude de la UE.

La nota de la OLAF insiste en que está desarrollando sus investigaciones 'de una manera totalmente independiente' y en que 'el director de la oficina no solicita ni recibe instrucciones de ningún Gobierno, institución, cuerpo, oficina u organismo en el ejercicio de sus deberes'.

La OLAF recuerda que las investigaciones están bajo secreto judicial y que, por tanto, no debe aportar ningún otro dato. La oficina ya difundió un comunicado en diciembre sobre el fraude del lino en España, tras conocerse que había colaborado con la Fiscalía Anticorrupción española.

Ambas partes llegaron a la conclusión inicial de que en España había existido un 'fraude generalizado' en la percepción de subvenciones por la producción de lino, especialmente durante las temporadas 1997/98 y 1998/99, cuando el Ministerio de Agricultura estaba dirigido por Loyola de Palacio, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea.

Paralelamente, la Audiencia Nacional investiga el caso tras la denuncia presentada por la propia Loyola de Palacio. La Junta de Castilla y León anunció ayer su intención de personarse como acusación particular, informa Francisco Forjas desde Valladolid. El consejero regional de Agricultura y Ganadería, José Valín, aseguró que 'la actuación administrativa fue impecable' y que su objetivo es 'conocer circunstancias individuales por las que se hayan podido ocultar a esta administración algunos hechos'.