La Comisión Europea exige a España la devolución de 20.000 millones en ayudas al lino

La Comisión Europea ha exigido oficialmente a España la devolución de todas las ayudas al cultivo del lino que recibió entre el 96 y el 99, unos 20.000 millones de pesetas. El Ministerio de Agricultura, que piensa recurrir esta decisión, culpa a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla León y Extremadura de no haber detectado el fraude, pero el Gobierno de José Bono ya ha negado estas acusaciones y ha pedido la cabeza de la entonces ministra y hoy comisaria europea, Loyola de Palacio.

La notificación oficial de la Comisión Europea, basada en el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, llegó ayer por la tarde al Ministerio de Agricultura. Según informa la Cadena Ser, el ministerio piensa recurrir la decisión comunitaria en todas las instancias posibles lo que, según Agricultura, puede dilatar durante años la devolución del dinero a Bruselas.

Aunque en caso de no prosperar los recursos será el Estado el que deberá afrontar el pago de los más de 20.000 millones, el Gobierno considera que en el informe se establece la responsabilidad de tres Comunidades por no detectar el fraude: Castilla León, Extremadura y Castilla-La Mancha.

En este sentido, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, ha indicado que la medida tomada por la Comisión Europea "confirma todas y cada una de las actuaciones" del Gobierno de José Bono en este asunto y que estaban "en lo cierto al denunciar este fraude".

"Además, demuestra", ha agregado, "que no se trataba de un montaje electoral, sino que estamos ante un asunto gravísimo que está teniendo importantes repercusiones".

La responsabilidad de De Palacio

Alonso, tras señalar que todavía no se tiene información oficial y "sólo" dispone de las noticias aparecidas en los medios de comunicación, ha manifestado que "todos los que se han acercado de buena fe a investigar este asunto", a excepción del Gobierno central y del partido que lo sustenta (PP), les han dado "la razón: la Fiscalía Anticorrupción, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y ahora la Comisión Europea".

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente ha explicado que ésta es la multa más rigurosa que se le ha puesto nunca al Gobierno español, ya que "la propuesta de la Comisión es la devolución del 100% de las ayudas comunitarias en tres campañas".

A juicio de Alonso, está multa tan drástica demuestra el interés de la Comisión en acabar con este tipo de actuaciones fraudulentas, y "viene a penalizar la pasividad del Gobierno español, con Loyola de Palacio, durante tres años consintiendo esta situación irregular, pese a que estaba siendo denunciado desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y diversos medios de comunicación".

En este sentido, el consejero ha manifestado su esperanza de que la entonces responsable del Ministerio de Agricultura, Loyola de Palacio, cumpla su palabra y asuma sus responsabilidades. "De Palacio prometió cuando tomó posesión de su cargo en la Unión Europea que dimitiría si se demostraba que hubo un fraude generalizado en el lino y ahora son sus compañeros de la UE quienes multan al Gobierno español por este fraude".

Asimismo, Alonso ha afirmado que el Gobierno de España debe explicar por qué no se hizo nada cuando se denunciaron los hechos, por qué no se intentó solucionar este problema en el ámbito español y por qué tendrán que ser los contribuyentes quienes paguen por la nefasta gestión de Loyola de Palacio al frente del MAPA.

Los agricultores, inocentes del fraude

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Extremadura ha afirmado que los agricultores deben estar tranquilos ante la decisión de la UE de aplicar "una corrección de cuentas" en las ayudas recibidas al cultivo del lino "porque no han cometido fraude".

Según ha señalado Ignacio Huertas, secretario de Producciones de UPA de Extremadura, en rueda de prensa, los que han cometido el fraude han sido "los altos cargos de la administración que, con información privilegiada, la han utilizado en beneficio propio".

A su juicio, los agricultores españoles se han limitado a acogerse a una normativa comunitaria, buscando una alternativa al cultivo de secano "lo suficientemente rentable" y para lo que estaban en su derecho porque esta respaldado por una normativa comunitaria.

"Al que haya cometido fraude, habrá que perseguirlo y tendrá que devolver el dinero", ha señalado Ignacio Huertas, que ha querido dejar claro que el conjunto de los agricultores "han hecho las cosas bien y desde el punto de vista legal, con un derecho como el resto de agricultores europeos".