Agricultura supo que Bruselas investigaba el fraude del lino un año antes de que estallara el escándalo

Las conclusiones de los investigadores comunitarios -miembros de la división de Agricultura y de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF)- fueron demoledoras:

- Clima inadecuado: 'España, salvo Cataluña, no tiene condiciones climáticas adecuadas para cultivar el lino; incluso aumentando los sistemas de cultivo o las dosis de semillas por hectárea el rendimiento y la calidad de la fibra seguirán siendo pobres'.

- Falta de estructuras industriales. 'El aspecto climatológico/agronómico, así como la falta de estructuras industriales para la producción de fibra de lino, y el interesante monto de la ayuda son elementos bastante evidentes que nos hacen concluir que la explosión de las superficies de lino que han solicitado ayuda en España se debe principalmente al fenómeno bien conocido bajo el nombre de cazaprimas'.

- Sin control. 'En lo que concierne a los controles sobre la importación de semillas de lino no destinadas a la siembra, sean a nivel del FEGA o de las autonomías, se constata que ningún control se ha realizado hasta la fecha sobre su destino final'.

Tan contundente como las conclusiones de la misión de la UE de julio de 1998 es la evidencia de que en ella participaron funcionarios de Agricultura y del FEGA. Así, mientras familiares del entonces presidente del FEGA cosechaban ayudas por el cultivo del lino, subordinados de López de Coca colaboraban en la misión de los inspectores comunitarios que descubrió la existencia de cazaprimas en España.

Un informe confidencial de la UE incorporado al sumario que instruye Garzón sobre este fraude -en el que hay más de 40 imputados, especialmente agricultores e industriales transformadores- revela dicha colaboración. Por parte del FEGA, Luis González Quevedo, Juan Antoñanzas de León y Luis Gorostiza Fisac; del ministerio, José Morcillo Díaz de Ceballos y Ernesto Juárez. Al mismo tiempo que los funcionarios bajo el mando de López de Coca conocían directamente que la UE intentaba levantar las alfombras del lino, el FEGA disipaba dudas de las autonomías a la hora de pagar las ayudas. En 1998, la Junta de Extremadura, planteó al FEGA varios interrogantes: '¿Cuál sería el mínimo para considerar la validez de las cosechas? Si el certificado presentado tiene menos kilos de lo solicitado, ¿se tiene derecho a la ayuda?'.

Quien les respondió en septiembre de 1998 era uno de los funcionarios del FEGA que participó dos meses antes en la investigación de la UE sobre el fraude. Éste les indicó que se había acordado, 'salvo causa manifiesta de mala fe', declarar 'admisible cualquier solicitud de ayuda', sin atender a rendimientos mínimos o incorrecciones del proceso, como que no se pudiera demostrar que se había transformado todo el lino para el que se pedía subvención. La Junta de Extremadura avisó al FEGA de que se lavaba las manos: 'Procederemos a pagar los expedientes descritos, eximiéndonos de toda responsabilidad'.

Los investigadores comunitarios eligieron España debido a 'la explosión de las superficies que han solicitado ayudas durante las tres últimas campañas, y también porque no había sido objeto de ningún control en el cuadro de la producción del lino'. El informe añade: 'Después de una reunión inicial mantenida en Madrid con el FEGA, y en el curso de la cual las autoridades españolas han expuesto la gestión de las ayudas comunitarias y del régimen instaurado en el cuadro de los controles, la misión se ha desarrollado en Castilla-La Mancha y Castilla y León'. Ambas comunidades autónomas sumaban el 85% del cultivo del lino en España. Su inspección, en la que participaron funcionarios autonómicos, reveló que poseían unas 'condiciones climáticas que distaban de ser aptas para el cultivo del lino'. 'Tras unas visitas efectuadas a siete productores y de comprobar una veintena de parcelas, se constató que los rendimientos mínimos eran muy bajos. Incluso cambiando los sistemas de cultivo, los rendimientos no diferirían'.

'En la mayoría de los casos, las varillas de lino producidas en esas condiciones no tienen la calidad mínima requerida para su utilización industrial. Los productores interrogados han declarado verse obligados a tirar estas varillas, pues, salvo en Cataluña, no hay en España industria de transformación de la fibra de lino', concluyeron los investigadores.