Un ingeniero agrónomo declara que alertó del fraude del lino al jefe de gabinete de De Palacio

El testigo Sánchez Cano, que según dijo se dedica a la ganadería, declaró que compraba paja a sus vecinos para alimentar a sus animales y que se sorprendió al comprobar cómo éstos -que supuestamente cultivaban lino sólo para cobrar las subvenciones- quemaban el resto de la planta.

Según las acusaciones personadas en nombre de varias comunidades autónomas, el testimonio de Sánchez Cano -que manifestó que el director del Gabinete de la ministra le respondió diciendo que se tomarían las medidas oportunas- prueba que Loyola de Palacio conocía el presunto fraude ya en 1997 y que no tomó ninguna medida. No se hizo en aquel momento y no fue hasta enero pasado cuando la actual vicepresidenta de la Comisión Europea presentó denuncia en la Audiencia Nacional en relación a la supuesta existencia de una red de cazaprimas del lino textil que concedía la Unión Europea. El sumario que instruye Garzón se refiere precisamente a esa denuncia.

Además de este ingeniero agrónomo declararon ayer ante el magistrado dos hijos de Nicolás López de Coca, ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ismael y Enrique López de Coca. Ambos verán levantada su imputación en el caso, según fuentes jurídicas, tras su comparecencia de ayer en la que aseguraron que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sólo pidió su citación "para montar más lío".

"Orientar" la declaración

Enrique precisó que sus hermanos Ismael y Elena poseían el 25% de Colisur, pero nunca habían sido consejeros ni tenido responsabilidad en la transformadora de lino y que no le consta que los abogados de la empresa o su padre hubiesen tratado de ponerse en contacto con la funcionaria del FEGA Inmaculada Méndez, quien declaró que un superior le pidió que hablase con los letrados de Colisur para que le "orientaran" en su declaración.

Según las fuentes consultadas, los dos hermanos dijeron que habían comenzado a cultivar lino a través de una sociedad llamada Valdezorzales, en 1993, mucho antes de la creación de Colisur en 1997 y, en cualquier caso, cinco o seis años antes de que su padre fuera nombrado presidente del FEGA.

Sobre la creación de Colisur, en la que se invirtieron buena parte de los beneficios de Valdezorzales, Ismael López de Coca señaló que se decidió una vez que fue obligatorio convertir el lino para cobrar la subvención por su cultivo y al no haber ninguna transformadora en Ciudad Real, su puesta en marcha suponía no tener que transportar el lino a otra provincia.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, declaró ayer que su grupo recurrirá "hasta el Tribunal Constitucional si es preciso", la decisión de la Mesa del Congreso (con los votos del PP y CiU) de no facilitar a Garzón la documentación manejada por la comisión de investigación sobre el caso del lino, y de enviarla en cambio al Fiscal General del Estado.

Caldera resaltó que la solicitud del juez al Congreso, se hizo "en tiempo y forma", y que los documentos no habían sido declarados secretos. Explicó que dichos papeles debieron ser remitidos al magistrado en función del "deber de colaboración con los órganos jurisdiccionales recogido en la Constitución". Según Caldera, el envío a la fiscalía se debió a "una mala interpretación del reglamento del Congreso", ya que "el fiscal no es un órgano de colaboración entre poderes". El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, añadió que "se ha hecho un feo a uno de los poderes del Estado".

Por su parte, los vicepresidentes primero y quinto de la Mesa, Francisco Camps y Josep López de Lerma, del PP y CiU, respectivamente, explicaron que este órgano había actuado conforme a la normativa y de acuerdo con algunos precedentes.