España intenta rebajar la multa por el caso del lino de 21.000 millones a menos de 6.000

El Gobierno español 'discutirá hasta el final' la multa de 21.000 millones con la que la Comisión Europea pretende recuperar la totalidad de las ayudas que concedió a España para este cultivo entre 1996 y 1999. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, afirmó ayer que 'España va a intentar una corrección de cuentas razonable', para que la multa 'se limite a las irregularidades que se hayan podido cometer'. El ministro apuntó que la cuantía es 'de menos de 6.000 millones'. En caso contrario, Arias Cañete anunció su intención de presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El ministro, que ayer clausuró en Campillos (Málaga) una asamblea provincial de Asaja, sostuvo que el informe de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) que ha dado lugar a esta multa 'no apunta a un fraude generalizado y no se puede criminalizar al conjunto de los productores de lino, porque no todos han cometido irregularidades; en las actuaciones judiciales emprendidas no todos los agricultores están imputados, ni tampoco todos los industriales'. El informe de la OLAF determinó que las empresas transformadoras habían aumentado de forma artificial la cantidad de lino tratado.

La propuesta de devolución de la totalidad de las ayudas recibidas por España para el cultivo del lino en las campañas 1996-97, 1997-98 y 1998-99, la hizo la Dirección del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) en una liquidación de cuentas presentada a técnicos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en una reunión celebrada en Bruselas el 3 de octubre. El acta de esa reunión, en la que también se recoge la posición española, es la que se ha enviado al ministerio, que tiene seis semanas para presentar sus alegaciones.

Arias Cañete dijo ayer que su departamento no tiene aún evaluada la cifra concreta de las ayudas que habrían sido cobradas fraudulentamente, pero precisó que 'su cuantía es sustancialmente inferior a los 21.000 millones de pesetas; incluso menos de la tercera parte'. Un portavoz del Ministerio fijó la cantidad 'entre cero y 6.000 millones'. Fuentes de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea explicaron a este periódico que 'la devolución del 100% de las ayudas está motivada por el informe de la OLAF, que hablaba de un fraude generalizado'. La importancia en este caso de la opinión de la Oficina contra el Fraude forzó que miembros de la OLAF estuvieran presentes en la reunión del 3 de octubre.

Si después de las alegaciones que España tendrá que presentar, sigue habiendo discrepancias entre el Gobierno y la Comisión, habría un trámite de mediación. Un portavoz de la Dirección General de Agricultura de Bruselas indicó que 'existe un órgano de conciliación, que es un organismo independiente formado por cuatro personas de reconocido prestigio del mundo agrario, nombradas por la Comisión -entre los que hay un español-, que hace una función similar a la de un juez de paz'.

El órgano de conciliación puede hacer recomendaciones y sugerencias a la Comisión, que suele tenerlas en cuenta. El siguiente paso en el procedimiento sería una propuesta de multa que la Dirección General de Agricultura enviaría al comisario Franz Fischler, que la presentaría para su aprobación al colegio de comisarios. De hecho, lo que el ministro anunció ayer es que si la multa que aprueba la Comisión es superior a los 6.000 millones de pesetas, España la recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la UE. La cantidad que se pacte o decida el Tribunal se pagará 'con cargo a los Presupuestos Generales del Estado', según dijo ayer el ministro. Pero 'no se tratará de un cheque, sino de un dinero que dejaremos de pagarle a España', dicen fuentes comunitarias.

Arias Cañete reclamó 'seriedad, rigor y coherencia' en la discusión que se abre ahora con la Comisión Europea. Y añadió que 'el Gobierno español va a utilizar todos los medios que el ordenamiento jurídico comunitario le permite para garantizar que no haya una corrección financiera injustificada, como la que se está planteando'. El ministro se quejó de que 'nunca la OLAF había seguido este procedimiento con otros países y España reclama el mismo trato que a los demás estados miembros en circunstancias similares'.

'Las irregularidades las han cometido unos pocos y hay que determinar dónde se han producido los fraudes; si la OLAF tiene que hacer más trabajo, que lo haga', afirmó el ministro. 'Entretanto, el Gobierno exigirá ante la Audiencia Nacional responsabilidades jurídicas a quienes las tienen', añadió.

Arias Cañete aprovechó sus declaraciones de ayer para defender a Loyola de Palacio, a la que calificó de 'magnífica ministra y ejemplar comisaria'. Familiares de altos cargos del Ministerio de Agricultura durante el mandato de Loyola de Palacio están implicados en el caso de fraude. Pero el ministro mostró su 'extrañeza por la actitud del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha [Alejandro Alonso] y del señor [José] Bono, que siendo responsables del cumplimiento de la normativa comunitaria, intentan desplazar las responsabilidades a la ex ministra, mientras el informe de la OLAF dice manifiestamente que la responsabilidad del control recae sobre las autonomías'.

Ésta no es la primera ni la más cuantiosa multa que España recibe de la Comisión Europea por un asunto agrícola, pero sí lo es en un caso de fraude. Por rebasar la cuota láctea entre 1989 y 1991 el Tesoro Público tuvo que pagar a las arcas comunitarias 162.000 millones. Y en 1996, los productores de cultivos herbáceos sufrieron una penalización de 20.000 millones.