El Consell renuncia en sus cuentas a miles de millones de ingresos ficticios

La Sindicatura de Comptes ha reiterado en sus informes anuales que la Generalitat debería adaptarse a los procedimientos contables asumidos por el Estado en 1994 de acuerdo con las directrices de la Unión Europea. También ha reiterado que los ingresos pendientes de cobro consignados en las sucesivas liquidaciones del presupuesto como derechos definidos deberían revisarse.

El informe sobre las cuentas públicas de 1999, el último disponible, señala que la Generalitat sustentó más de 73.000 millones de ingresos pendientes como derechos definidos. El análisis de 'una muestra significativa' de los documentos correspondientes revela que su justificación es 'insuficiente' en varios expedientes que sumaban el 31% de los ingresos soportados sobre derechos definidos según los criterios contables de la Sindicatura.

Son los mismos criterios que exige la contabilidad pública en el ámbito de la Unión Europea y que consagran el 'principio de prudencia' recogido en la orden publicada ayer. Tal principio establece: 'De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha del cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquellos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna'.

Tal redacción dinamita la figura del derecho definido, instituida por la Generalitat en diciembre de 1994 para mantener vivas antes el Estado exigencias de pago de facturas derivadas de la prestación de servicios sanitarios. Un único documento firmado el último día hábil de 1999 para justificar derechos pendientes de cobro por un total de 44.457 millones demuestra los peligros que entraña una utilización perversa de la figura del derecho definido.