Abimael quiere hablar con Toledo

Sendero Luminoso, la organización que en 1980 desencadenó una ofensiva de guerra y destrucción en Perú que duró más de una década, reclama un puesto en la Comisión de la Verdad constituida recientemente para esclarecer aquellos hechos de violencia y proponer un esquema de reparación para las víctimas. Desde la cárcel, destacadas dirigentes senderistas piden una reunión entre el máximo líder Abimael Guzmán, que cumple cadena perpetua en la base militar del Callao, y algún representante del Gobierno de Alejandro Toledo, que tomó posesión como presidente de Perú el sábado pasado.

En su discurso de investidura Toledo anunció que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad tendrán carácter vinculante. Los siete miembros designados por el Gobierno de transición que acaba de entregar el poder afrontan la ingente tarea de sellar las heridas provocadas por la rebelión de las organizaciones armadas y de la represión del Ejército y las fuerzas de seguridad. La violencia dejó un saldo de 25.000 muertos, 10.000 desaparecidos, 43.000 huérfanos, 17.800 viudas y 9.000 detenidos, según un estudio reciente del Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia (PAR). Más de dos millones de personas fueron afectadas de algún modo durante la guerra antisubversiva.

La Comisión incluye, entre otros, al rector de la Universidad Católica, un sociólogo, un antropólogo, una ex congresista del partido de Fujimori, un sacerdote y un estudioso de la violencia senderista. La selección ha provocado críticas de diversos sectores, sobre todo del movimiento de derechos humanos, que estiman que no todos son nombres incuestionables.

Sendero Luminoso, como uno de los principales actores del conflicto, reivindica su presencia en la Comisión, lo que es abiertamente rechazado por el Gobierno. En el penal de Aucallama, aislado en medio de un arenal al norte de Lima, dos de las principales dirigentes del grupo recibieron el domingo a EL PAIS. María Pantoja, socióloga, y Laura Zambrano, maestra, fueron capturadas el 12 de septiembre de 1992 junto al máximo líder Abimael Guzmán, venerado como presidente Gonzalo. Condenadas a cadena perpetua, estas dos mujeres pertenecen al reducido núcleo dirigente que rodea al líder. "Las personas designadas para la Comisión de la Verdad no tienen el nivel ni las luces para hacer una evaluación objetiva que permita llegar a la reconciliación nacional", señala Pantoja.

La primera crítica de los senderistas se refiere a los considerandos del texto que da cuerpo legal a la Comisión, en los que se menciona, entre otras cosas, las violaciones de derechos humanos cometidas por las organizaciones que se levantaron en armas y los abusos de algunos elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad. "A nosotros nos tratan como organizaciones y del otro bando se dice que fueron elementos aislados. Nos levantamos en armas para transformar el viejo orden, pero no hemos cometidos crímenes contra la humanidad. Nos quieren imputar lo que sí cometió el Estado", dice Pantoja.