Aznar rechaza ceder la Seguridad Social al País Vasco porque peligran las pensiones

El informe en que el lehendakari Ibarretxe fundamenta su reclamación de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social se ampara en los artículos 18.2.a), 18.2.b) y la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika. Los dos primeros artículos precisan que corresponderá al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, así como su desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma.

La disposición transitoria quinta fija el método por el que Euskadi asumiría la gestión del régimen de la Seguridad Social. Sería a través de convenios entre ambas administraciones, 'dentro del carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios'.

El Gobierno vasco, en las negociaciones mantenidas hasta ahora con la Administración central ha equiparado la fórmula de los convenios con el método del Concierto Económico, según el cual la comunidad vasca recaudaría las cotizaciones de la Seguridad Social y pagaría un Cupo a la Administración central por el coste de los servicios no transferidos. El Ejecutivo de Euskadi recuerda que en los años noventa, la recaudación por cotizaciones en el País Vasco era inferior a los pagos que había que afrontar a causa de la reconversión industrial.

Pese a este argumento, un informe del Ministerio de Administraciones Públicas rechaza el traspaso: 'El Gobierno vasco solicita el traspaso de la gestión, así como la recaudación de las cuotas, afiliación... Se trata de materias ligadas al régimen económico de la Seguridad Social que es competencia exclusiva del Estado', subraya el informe.

Administraciones Públicas ampara su rechazo en dos sentencias del Tribunal Constitucional que afirman que 'sólo se podría asumir por las comunidades autónomas competencias en esta materia si no se pone en peligro el principio de igualdad de todos los españoles, ni la unidad del sistema de Seguridad Social ni el principio de caja única'. 'La Seguridad Social es el instrumento que garantiza la igualdad de todos los españoles. Un traspaso en esta materia supondría la ruptura del sistema de pensiones beneficiando sólo a los ciudadanos residentes en los territorios más ricos', precisa el informe del Gobierno central. Un portavoz de Ibarretxe replica que se introducirían medidas compensatorias para evitar este efecto.

El Gobierno central también hace extensivo el rechazo al traspaso a la comunidad vasca de las políticas activas de empleo. El Ejecutivo de Ibarretxe ampara su reclamación en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1989, que afirma que las cotizaciones de empleo y formación no son rescursos de la Seguridad Social sino del Inem y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Pese a ello, el Gobierno de Aznar mantiene su rechazo al traspaso en esas condiciones.

El PSOE también rechaza la pretensión del Gobierno de Ibarretxe de asumir el régimen económico de la Seguridad Social por la vía del Concierto Económico porque 'rompería la caja única de la Seguridad Social y sería insolidario', pero cree que hay vías alternativas de traspaso.

Romper la caja única

El ex vicelehendakari socialista Ramón Jáuregui afirma que 'en ningún país descentralizado, como Alemania o Estados Unidos, se ha roto la caja única de la Seguridad Social, que garantiza la solidaridad de los jóvenes con los viejos, de los sanos con los enfermos, de las regiones ricas con las pobres y de los regímenes ricos con los régimenes especiales deficitarios, como la agricultura o la minería'. Jáuregui ve viable un traspaso de la gestión y de los funcionarios de la Seguridad Social a la administración vasca siempre que las cotizaciones se integren en la caja única. 'Se podía transferir la gestión y los convenios, establecer las reglas entre ambas administraciones. Pero el ex vicelehendakari socialista cree que ese traspaso requiere una condición política previa: el esclarecimiento por Ibarretxe y por el PNV de su proyecto de augobierno y su lealtad al Estatuto.