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Editorial:

Va a más

El caso de la sociedad de valores Gescartera, cuyos administradores están acusados de estafar casi 18.000 millones de pesetas a sus clientes, se va complicando y agravando a medida que se conocen detalles de cómo se fraguó el desfalco y se revela la magnitud del descuido con que la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) gestionó el caso ya desde 1999. Ya en esta fecha, la CNMV sancionó a la sociedad antes de aprobarse su constitución en agencia de valores, pero no se hizo pública la multa, de forma que sus clientes no fueron avisados del riesgo potencial que corrían.

Durante la última semana, el escándalo de Gescartera ha seguido dos direcciones a cual más nefasta: el agujero de la sociedad ha ido aumentando y, al mismo tiempo, las sombras sobre la actuación de la CNMV, y en general de las autoridades económicas encargadas de la tutela de los mercados de valores, se han ido espesando. La dimisión del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, hermano de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, no ha frenado la bola de nieve, que amenaza con aplastar a una parte del mercado financiero.

La presidenta de la CNMV debe comparecer ante el Parlamento para aclarar algunas de esas tinieblas. Debería explicar por qué una sanción a una sociedad de valores no se publica; delimitar el grado de incompatibilidad que pesaba sobre el ex vicepresidente de la CNMV Luis Ramallo, ex diputado del PP, a quien se le atribuye una mediación en una hipotética compra de la agencia de valores por un banco alemán y prestó sus servicios como notario para Gescartera, a pesar de sus responsabilidades recientes en el órgano regulador del mercado; exponer las razones por las que se autorizó a personas sancionadas a convertir una sociedad de cartera en agencia de valores, con conocimiento pleno por parte de las autoridades reguladoras; informar sobre la operativa del fraude; esclarecer la extraña madeja de relaciones personales y familiares entre algunos asesores legales y económicos y cargos directivos de la CNMV, y, por fin, detallar hasta donde se conozca quiénes son los beneficiarios de esta gigantesca estafa -además de los imputados, Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna-, si los hay.

La sola enumeración anterior describe la profundidad de la crisis abierta por Gescartera. El mercado financiero está basado en la confianza, en la seguridad de que los agentes son profesionales honrados y las autoridades reguladoras previenen con todos los medios la estafa y la información privilegiada. Por eso resalta la parsimonia con que el Ministerio de Economía ha tomado las riendas del caso. Un mes después de la intervención de la sociedad y 15 días más tarde de que sus clientes se dieran de bruces con la amarga realidad del dinero desaparecido -parte del cual parece ser dinero negro-, el ministro Rato ha pedido al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que investigue el informe de Deloitte & Touche, auditor de Gescartera. Con esta rapidez de reflejos no es probable que los afectados recuperen el dinero ni la confianza.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 29 de julio de 2001