Islas Caimán, el tesoro negro español

En George Town, capital de Gran Caimán, los gallos de cresta roja se pasean por las calles céntricas con comodidad y sorprenden al visitante, que se pregunta si son los únicos habitantes de la ciudad y dónde están los clientes de los 684 bancos y trust (fundaciones) que operan en esta roca coralina, de 220 kilómetros cuadrados, más pequeña que la isla del Hierro (Canarias), convertida en el paraíso fiscal predilecto de la banca española que ha invertido en su suelo 300.000 millones de pesetas desde 1997.

Cada año, este antiguo refugio de piratas, que escapó del dominio español tras la firma, en 1670, del tratado de Madrid, entre España e Inglaterra, repite su liderazgo en la lista de inversiones españolas en los 48 paraísos fiscales que contempla la ley. Quince bancos y cajas de ahorro declararon inversiones de 80.000 millones en 1999 en la apacible y aburrida George Town, donde la confidencialidad es sagrada y los impuestos, tabú. En los primeros meses de 2000, la cifra ascendió a 62.000 millones, en su mayoría emisiones de participaciones preferentes. Este año se batirán nuevos récords.

Antes de 2002, las autoridades locales se han comprometido a identificar los cientos de miles de cuentas abiertas en 684 bancos que guardan a buen recaudo 120 billones de pesetas

Las islas Caimán, descubiertas en 1503 por Cristobal Colón y ahora territorio dependiente del Reino Unido, son el edén más seguro y rentable de la banca extraterritorial- 46 de los 50 bancos más grandes del mundo operan aquí-, y atesoran a buen recaudo 600.000 millones de dólares (120 billones de pesetas), casi el doble del PIB español, en depósitos de todo el planeta.

A las ocho de la mañana, los ejecutivos de esta banca fantasma -sólo 40 bancos off-shore (fuera de territorio)- tienen presencia física en la isla, atraviesan las moles de cristal de las firmas internacionales y se cruzan con la población indígena de mulatos, negros y blancos que, protegidos del sol bajo sus paraguas, hacen colas interminables en las cabinas de teléfono e ignoran que allí mismo Brian Gibbs, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de Caimán, acaba de encontrar 32 millones de dólares (6.400 millones de pesetas) de Vladimiro Montesinos, el ex jefe de los servicios secretos de Perú, un personaje del que nunca oyeron hablar.

Pero el día transcurre y los vestíbulos de los bancos, única y apabullante arquitectura de la ciudad, siguen desiertos, sin que en la silenciosa George Town aparezcan los cientos de miles de clientes que han hecho de esta diminuta isla, situada en el mar del Caribe y a dos horas de avión de Miami (Florida), la quinta plaza financiera mundial, detrás de Londres, Nueva York, Tokio y Hong Kong.

Ocho bancos españoles y varias cajas de ahorro operan en distintas áreas de negocio en Gran Caimán, la mayor de las tres islas, antaño dedicada a la pesca de tortugas y hoy edén de la banca privada y de la emisión de participaciones preferentes, fondos mutuos autorizados -2.800 distintos- y sociedades no residentes, de las que hay registradas 60.000, casi todas bajo la pantalla de los bufetes de abogados, que en esta tierra húmeda crecen como hongos. Los edificios de las firmas de letrados más poderosas del mundo compiten en negocio y altura con los bancos.

La presencia de la banca española y su expansión en éste y otros paraísos fiscales, vigilados y denunciados por los organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (Gafi), del G-7, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se observa con preocupación desde la Fiscalía Anticorrupción.

En su despacho, Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe, acusa: 'Con sus filiales y sucursales en los paraísos fiscales, los bancos españoles reducen artificialmente su tributación y dan servicios a clientes con garantía de confidencialidad sobre la gestión de patrimonio de carácter opaco. Canalizan la inversión gracias a la debilidad de las normas españolas sobre transparencia fiscal internacional'.

Un policía por cada 10 billones

Brian Gibbs, que se resiste a confesar su edad, pero destaca que ha servido 30 años en la policía metropolitana de Londres, es un perro viejo en la persecución del lavado del dinero. Lleva 11 años en la isla y el gobernador, Peter Smith, acaba de ascenderle a inspector jefe de la unidad que persigue el blanqueo de capitales. Un grupo que hasta hace meses contaba con sólo seis policías, entre ellos, el propio Gibbs, un hombre de aspecto amable, tez sonrosada y pelo blanco.

El detective-inspector luce una corbata con un globo elevado por las banderas del Reino Unido y Francia, sonríe en su recién estrenada oficina, en el centro de George Town, y afirma orgulloso que ahora cuenta con 12 oficiales y dos abogados para controlar la limpieza de los 120 billones de pesetas depositados en la isla. A 10 billones por agente. Un aumento que coincide con la reciente presión internacional que soportan estas islas.

Gibbs expone:'Todos los centros financieros tienen dinero criminal. En Londres, Madrid o París también lo hay. Tenemos mala fama por la prensa y el cine. He visto películas sobre Caimán donde el protagonista quiebra dos casinos, y aquí no hay casinos'.

El policía asegura que el control ha aumentado desde que cambió la ley local, en 1996; antes los bancos sólo estaban obligados a informar acerca del dinero procedente de la droga, y destaca que en sus 11 años en la isla sus pesquisas han cerrado cuatro bancos, entre ellos, el First Caimán Bank. El año pasado recibió 50 peticiones de auxilio de todo el mundo y 500 comunicaciones de operaciones sospechosas.

Pero en Gran Caimán, además de impuestos, hay otra expresión maldita: ir de fishing expedition (expedición de pesca). Expresión con la que los banqueros y autoridades critican algunas de las peticiones de ayuda que reciben.

El británico Eric J. Crutchley, 62 años, presidente de la Asociación de Bancos local, desvela el significado de esa expresión en su luminosos despacho del Banco Nacional de Caimán: 'Hace unas semanas nos pidieron las cuentas de todos los irlandeses en la isla para perseguir un fraude. El juez se ha negado a darlas. Hay que probar las actividades criminales de personas concretas y con pruebas. Una petición como ésa es lo que aquí llamamos ir de fishing expedition'.

Para los policías europeos, las autoridades caribeñas colocan esa etiqueta a 'la mayoría' de las peticiones. En Madrid, José Luis Torres, jefe de la brigada de Delincuencia Económica y Financiera, lo define asi: 'Se amparan en sus leyes restrictivas y no cooperan'.

En este clima de defensa a ultranza de la confidencialidad, directivos de los principales bancos españoles han desfilado por el coqueto chalet color vainilla, en la plaza de Elizabethan, de George Town, en el que se alojan las oficinas de la Autoridad Monetaria, que dirige George MacCarthy, para pagar los 20.500 dólares (4.100.000 pesetas ) exigidos para una licencia B, es decir, para operar con los no residentes. Los bancos locales tienen licencia A para operar con los residentes. Directivos españoles en la isla sospechan que estos últimos administran cuentas de algún banco español.

Para ser residente en este paraíso terrenal, donde se conduce por la izquierda y el límite de velocidad es de 64 kilómetros por hora, sólo se requiere la compra de una casa cuyo valor supere 180.000 dólares (46 millones de pesetas). Una puerta falsa para disfrutar de los privilegios de estas islas en las que hay censados 41.000 habitantes, con una renta per cápita de seis millones de pesetas, tasa de desempleo cero y ausencia de partidos políticos.

Un banquero español en George Town resume así el atractivo gancho de las islas: 'La palabra impuesto está prohibida por la Constitución, y la confidencialidad es sagrada. Si comunico a mi presidente la identidad de un cliente, me caen cinco años de cárcel. En las auditorías del banco sólo puedo informar del número de cuenta. Estamos sujetos a la ley de aquí'.

Las ventajas de una licencia bancaria en las Caimán, para la que sólo se exige la presencia de dos empleados, el llamado principio de los cuatro ojos, se basa en la ausencia de control de cambios y de impuestos. No hay impuesto de sociedades, ni de personas físicas, ni gravamen sobre beneficios, rentas del trabajo o propiedades.

Listas negras

A estos atractivos hay que añadir que hasta hace pocas semanas no existían requisitos legales para la identificación del cliente ni obligación de elaborar listados, y se carecía de un régimen de mandato para informar sobre transacciones sospechosas. 'Las autoridades supervisoras depositaban demasiada confianza en los evaluadores locales de los bancos, y no podían acceder a la identidad de los clientes', denunció el Gafi el año pasado.

La presencia hasta el pasado 26 de junio de islas Caimán en las listas negras de ese organismo, a través del cual se denuncia a los países que favorecen el lavado de dinero procedente del crimen, y las amenazas de sanciones han forzado a las autoridades -Parlamento de 15 miembros, cinco ministros, dos secretarios y el flamante gobernador- a modificar sus leyes.

La iniciativa más difícil es la identificación de todas las cuentas abiertas en esta telaraña de bancos antes del 31 de diciembre de 2002 y la obligación a las entidades a mantener presencia física. Eric J. Crutchley, el presidente de los banqueros, tuerce el gesto y reconoce que ignora cuántas cuentas hay. 'El trabajo será enorme, porque hay centenares de miles,' advierte.

En la plaza de Elizabethan, junto a la sede de la Autoridad Monetaria, ondea una bandera española. Allí están las sedes del BBVA y del Sabadell, que figuran entre los 40 bancos de licencia B que sí tienen presencia física. En sus oficinas tampoco hay clientes, y Agustín Borrás, director del BBVA, confiesa que si se presentara uno con dos millones de pesetas no tendrían donde meterlos. Los 120 billones de pesetas depositados en Gran Caimán son apuntes contables. No hay cámaras acorazadas ni depósitos donde alojar el tesoro.

Muy cerca estaba la sede del Central Hispano, que tras su fusión con el Santander ha trasladado el negocio a Bahamas, otro paraíso fiscal en el que esta entidad tiene su banca privada más potente, con 55 empleados y depósitos por una cifra que declina facilitar.

El BSCH sigue en la isla a través del Santander Río Bank (Gran Caimán), el banco argentino del que ostenta el 80%, que ha abierto sede en el centro Gran Pavilion, junto al hotel donde se rodó la película The Firm, en la que Tom Cruise descubría el dinero sucio de su bufete, y a través del Royal Bank of Scotland y el Banco Galicia.

El BBVA es el banco español más antiguo en Gran Caimán, desde 1985, y el más activo, con 31 empleados y unos depósitos de 140.000 millones de pesetas. Exige a sus clientes un depósito mínimo de 100.000 dólares (20 millones de pesetas). En el Sabadell la cifra se eleva a 200 millones.

Todos los bancos españoles cuentan en Gran Caimán con filiales o sociedades instrumentales, que sirven de vehículo de financiación y captan recursos en los mercados de capitales mediante la emisión de notas, fondos o participaciones preferentes que no tributan y cuya rentabilidad es elevada.

Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat valenciana, desveló el pasado mes de mayo que la Administración socialista invirtió 1.060 millones de recursos públicos en uno de estos productos que ofertaba el Banco Urquijo a través de su filial Urquijo-Caimán. 'Cancelamos la cuenta porque nos pareció una inmoralidad política', dijo.

Los bancos españoles en Caimán tienen permiso del Banco de España, pero Jiménez Villarejo denuncia que las filiales 'quedan al margen de las normas españolas de transparencia fiscal internacional si sus operaciones se hacen frente a terceros no vinculados o que, estándolo, no residan en territorio español, cualquiera que sea el origen de los depósitos recibidos'.

El fiscal va más lejos: 'Resulta grave la falta de previsión legislativa sobre la supervisión del Banco de España sobre las filiales de los bancos en paraísos fiscales, a las que sólo se les exige verificar su solvencia. Se carece de facultad de inspección y ésta se limita a verificar su situación patrimonial'.

A tiro de piedra de las sedes del BBVA y el Sabadell está el despacho de John Bourbon, 45 años, director de la Autoridad Monetaria de islas Caimán, otro londinense al servicio del Gobierno local. Lleva un año en la ciudad y cree que las reformas lavarán la imagen de este territorio, uno de los ocho paraísos fiscales bajo el paraguas británico.

¿Obligar a los bancos a tener presencia física no ahuyentará el negocio? Bourbon responde: 'Se irán sólo los pequeños. Comprobamos si los bancos han identificado a todos sus clientes. Si se les ha pedido su pasaporte para saber quién está detrás de cada cuenta. Será una tarea gigantesca porque los grandes tienen más de 50.000'.

Pero la decisión que más inquieta en Gran Caimán es el compromiso con la OCDE de estudiar para 2004 el que la evasión fiscal se considere actividad criminal. Los banqueros de este paraíso temen esta posibilidad más que al huracán que en 1932 devastó las tres islas.

Bourbon declina pronunciarse, pero Crutchley, presidente de la Asociación de Bancos, es rotundo: 'Hay una diferencia entre evitar los impuestos y evadirlos. Si estableces tu residencia aquí, pagas menos impuestos, no los evades. No creo que se colabore en este terreno con otros países. La ofensa cometida en España es una responsabilidad del individuo, no nuestra'.

El banquero destaca que la administración norteamericana no es partidaria de homogeneizar la fiscalidad y añade: 'Bush está de acuerdo en que cada comunidad tenga los impuestos que quiera. Se está presionando a Caimán para que no se coloque el dinero aquí y vaya a otros lugares'. José María Roldán, presidente hasta hace un mes del Gafi, lo niega: 'No intentamos desplazar la actividad financiera de esas jurisdicciones a países más desarrollados, sino que esas jurisdicciones no puedan ser utilizadas para la actividad criminal'.

Para 2006 queda la persecución de las actividades civiles, comerciales y administrativas ilegales, pero Crutchley advierte de que 'no está definido qué es una ofensa civil en la OCDE'.

Estanislao Rodríguez-Ponga, director de Tributos, reconoce que la supervisión del Banco de España sobre las filiales es 'escasa', pero cree que el problema no es la implantación de los bancos, sino los paraísos fiscales, 'que nos hacen competencia fiscal perjudicial'.

'Las operaciones de banca al por mayor no suponen una pérdida de recaudación fiscal. Otra cosa es lo que perdemos por las cuentas de los clientes que no se declaran. En eso trabaja la Oficina del Fraude', dice. Villarejo apostilla que la Agencia Tributaria 'debería velar para controlar las operaciones de españoles en paraísos fiscales, pidiendo información a los bancos'.

Torres y Eusebio Heredero, policías expertos en blanqueo, apoyan a la Fiscalía cuando afirma que la banca española oculta en estos paraísos las cuentas de algunos de sus mejores clientes, y añaden que las afirmaciones de Villarejo 'les saben a poco'. '¿Quién cree que el BBVA no conoce los datos de su filial en Jersey?', se preguntan. En su sede del canal de la Mancha recalaron 6.500 millones de la Expo. El banco declina dar información a la juez Teresa Chacón porque la filial se somete a otra legislación.

Menos escrúpulos

La ley española sobre el blanqueo de capitales obliga a los bancos a comunicar los ingresos superiores a cinco millones cuyo origen o destino sea un paraíso fiscal. El comisario Torres explica las trabas: 'Cuando preguntas por ese dinero en Caimán, el banco no contesta'. Heredero añade: 'El Caribe es el centro de reunión de la Mafia'.

La visión de Kurt Tibbetts, ministro de Finanzas de Caimán, contrasta con el informe de la ONU sobre refugios financieros y blanqueo de dinero, encargado por Pino Arlachi, en el que se afirma que 'lo que se inició como un negocio al servicio de las necesidades de unos pocos privilegiados se ha convertido en una enorme brecha en el sistema jurídico y fiscal internacional'. Los catedráticos autores del estudio afirman que mientras la matriz de los bancos observa normas aceptables, sus filiales y sucursales 'actúan con menos escrúpulos en esos territorios refugio, manifestando cierta duplicidad en su comportamiento y operaciones'.

Un asesor de la Asociación Española de la Banca defiende que 'hay que estar, porque están todos. Hay negocio y gran flexibilidad regulatoria. Se está reforzando la premisa de conocer al cliente y los bancos españoles se tientan la ropa'.

Bourbon insiste en su despacho en que Caimán genera 'mucha ficción', y cuando se le recuerda el botín de Montesinos, rastreado en bancos españoles y descubierto en una entidad peruana, replica: 'Es desafortunado que esto pase, pero la gente viene aquí para proteger su dinero, y a veces ocurre'.

A diez minutos a pie, en el enorme edificio de la UBS, el coloso de la banca suiza, el ejecutivo Daniel Brunner, 37 años, revela el enigma que todavía asalta al visitante: ¿Dónde están los clientes de los 684 bancos? 'La mayoría no ha pisado jamás la isla', responde.En George Town, capital de Gran Caimán, los gallos de cresta roja se pasean por las calles céntricas con comodidad y sorprenden al visitante, que se pregunta si son los únicos habitantes de la ciudad y dónde están los clientes de los 684 bancos y trust (fundaciones) que operan en esta roca coralina, de 220 kilómetros cuadrados, más pequeña que la isla del Hierro (Canarias), convertida en el paraíso fiscal predilecto de la banca española que ha invertido en su suelo 300.000 millones de pesetas desde 1997.

Cada año, este antiguo refugio de piratas, que escapó del dominio español tras la firma, en 1670, del tratado de Madrid, entre España e Inglaterra, repite su liderazgo en la lista de inversiones españolas en los 48 paraísos fiscales que contempla la ley. Quince bancos y cajas de ahorro declararon inversiones de 80.000 millones en 1999 en la apacible y aburrida George Town, donde la confidencialidad es sagrada y los impuestos, tabú. En los primeros meses de 2000, la cifra ascendió a 62.000 millones, en su mayoría emisiones de participaciones preferentes. Este año se batirán nuevos récords.

Las islas Caimán, descubiertas en 1503 por Cristobal Colón y ahora territorio dependiente del Reino Unido, son el edén más seguro y rentable de la banca extraterritorial- 46 de los 50 bancos más grandes del mundo operan aquí-, y atesoran a buen recaudo 600.000 millones de dólares (120 billones de pesetas), casi el doble del PIB español, en depósitos de todo el planeta.

A las ocho de la mañana, los ejecutivos de esta banca fantasma -sólo 40 bancos off-shore (fuera de territorio)- tienen presencia física en la isla, atraviesan las moles de cristal de las firmas internacionales y se cruzan con la población indígena de mulatos, negros y blancos que, protegidos del sol bajo sus paraguas, hacen colas interminables en las cabinas de teléfono e ignoran que allí mismo Brian Gibbs, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de Caimán, acaba de encontrar 32 millones de dólares (6.400 millones de pesetas) de Vladimiro Montesinos, el ex jefe de los servicios secretos de Perú, un personaje del que nunca oyeron hablar.

Pero el día transcurre y los vestíbulos de los bancos, única y apabullante arquitectura de la ciudad, siguen desiertos, sin que en la silenciosa George Town aparezcan los cientos de miles de clientes que han hecho de esta diminuta isla, situada en el mar del Caribe y a dos horas de avión de Miami (Florida), la quinta plaza financiera mundial, detrás de Londres, Nueva York, Tokio y Hong Kong.

Ocho bancos españoles y varias cajas de ahorro operan en distintas áreas de negocio en Gran Caimán, la mayor de las tres islas, antaño dedicada a la pesca de tortugas y hoy edén de la banca privada y de la emisión de participaciones preferentes, fondos mutuos autorizados -2.800 distintos- y sociedades no residentes, de las que hay registradas 60.000, casi todas bajo la pantalla de los bufetes de abogados, que en esta tierra húmeda crecen como hongos. Los edificios de las firmas de letrados más poderosas del mundo compiten en negocio y altura con los bancos.

La presencia de la banca española y su expansión en éste y otros paraísos fiscales, vigilados y denunciados por los organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (Gafi), del G-7, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se observa con preocupación desde la Fiscalía Anticorrupción.

En su despacho, Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe, acusa: 'Con sus filiales y sucursales en los paraísos fiscales, los bancos españoles reducen artificialmente su tributación y dan servicios a clientes con garantía de confidencialidad sobre la gestión de patrimonio de carácter opaco. Canalizan la inversión gracias a la debilidad de las normas españolas sobre transparencia fiscal internacional'.

Un policía por cada 10 billones

Brian Gibbs, que se resiste a confesar su edad, pero destaca que ha servido 30 años en la policía metropolitana de Londres, es un perro viejo en la persecución del lavado del dinero. Lleva 11 años en la isla y el gobernador, Peter Smith, acaba de ascenderle a inspector jefe de la unidad que persigue el blanqueo de capitales. Un grupo que hasta hace meses contaba con sólo seis policías, entre ellos, el propio Gibbs, un hombre de aspecto amable, tez sonrosada y pelo blanco.

El detective-inspector luce una corbata con un globo elevado por las banderas del Reino Unido y Francia, sonríe en su recién estrenada oficina, en el centro de George Town, y afirma orgulloso que ahora cuenta con 12 oficiales y dos abogados para controlar la limpieza de los 120 billones de pesetas depositados en la isla. A 10 billones por agente. Un aumento que coincide con la reciente presión internacional que soportan estas islas.

Gibbs expone:'Todos los centros financieros tienen dinero criminal. En Londres, Madrid o París también lo hay. Tenemos mala fama por la prensa y el cine. He visto películas sobre Caimán donde el protagonista quiebra dos casinos, y aquí no hay casinos'.

El policía asegura que el control ha aumentado desde que cambió la ley local, en 1996; antes los bancos sólo estaban obligados a informar acerca del dinero procedente de la droga, y destaca que en sus 11 años en la isla sus pesquisas han cerrado cuatro bancos, entre ellos, el First Caimán Bank. El año pasado recibió 50 peticiones de auxilio de todo el mundo y 500 comunicaciones de operaciones sospechosas.

Pero en Gran Caimán, además de impuestos, hay otra expresión maldita: ir de fishing expedition (expedición de pesca). Expresión con la que los banqueros y autoridades critican algunas de las peticiones de ayuda que reciben.

El británico Eric J. Crutchley, 62 años, presidente de la Asociación de Bancos local, desvela el significado de esa expresión en su luminosos despacho del Banco Nacional de Caimán: 'Hace unas semanas nos pidieron las cuentas de todos los irlandeses en la isla para perseguir un fraude. El juez se ha negado a darlas. Hay que probar las actividades criminales de personas concretas y con pruebas. Una petición como ésa es lo que aquí llamamos ir de fishing expedition'.

Para los policías europeos, las autoridades caribeñas colocan esa etiqueta a 'la mayoría' de las peticiones. En Madrid, José Luis Torres, jefe de la brigada de Delincuencia Económica y Financiera, lo define asi: 'Se amparan en sus leyes restrictivas y no cooperan'.

En este clima de defensa a ultranza de la confidencialidad, directivos de los principales bancos españoles han desfilado por el coqueto chalet color vainilla, en la plaza de Elizabethan, de George Town, en el que se alojan las oficinas de la Autoridad Monetaria, que dirige George MacCarthy, para pagar los 20.500 dólares (4.100.000 pesetas ) exigidos para una licencia B, es decir, para operar con los no residentes. Los bancos locales tienen licencia A para operar con los residentes. Directivos españoles en la isla sospechan que estos últimos administran cuentas de algún banco español.

Para ser residente en este paraíso terrenal, donde se conduce por la izquierda y el límite de velocidad es de 64 kilómetros por hora, sólo se requiere la compra de una casa cuyo valor supere 180.000 dólares (46 millones de pesetas). Una puerta falsa para disfrutar de los privilegios de estas islas en las que hay censados 41.000 habitantes, con una renta per cápita de seis millones de pesetas, tasa de desempleo cero y ausencia de partidos políticos.

Un banquero español en George Town resume así el atractivo gancho de las islas: 'La palabra impuesto está prohibida por la Constitución, y la confidencialidad es sagrada. Si comunico a mi presidente la identidad de un cliente, me caen cinco años de cárcel. En las auditorías del banco sólo puedo informar del número de cuenta. Estamos sujetos a la ley de aquí'.

Las ventajas de una licencia bancaria en las Caimán, para la que sólo se exige la presencia de dos empleados, el llamado principio de los cuatro ojos, se basa en la ausencia de control de cambios y de impuestos. No hay impuesto de sociedades, ni de personas físicas, ni gravamen sobre beneficios, rentas del trabajo o propiedades.

Listas negras

A estos atractivos hay que añadir que hasta hace pocas semanas no existían requisitos legales para la identificación del cliente ni obligación de elaborar listados, y se carecía de un régimen de mandato para informar sobre transacciones sospechosas. 'Las autoridades supervisoras depositaban demasiada confianza en los evaluadores locales de los bancos, y no podían acceder a la identidad de los clientes', denunció el Gafi el año pasado.

La presencia hasta el pasado 26 de junio de islas Caimán en las listas negras de ese organismo, a través del cual se denuncia a los países que favorecen el lavado de dinero procedente del crimen, y las amenazas de sanciones han forzado a las autoridades -Parlamento de 15 miembros, cinco ministros, dos secretarios y el flamante gobernador- a modificar sus leyes.

La iniciativa más difícil es la identificación de todas las cuentas abiertas en esta telaraña de bancos antes del 31 de diciembre de 2002 y la obligación a las entidades a mantener presencia física. Eric J. Crutchley, el presidente de los banqueros, tuerce el gesto y reconoce que ignora cuántas cuentas hay. 'El trabajo será enorme, porque hay centenares de miles,' advierte.

En la plaza de Elizabethan, junto a la sede de la Autoridad Monetaria, ondea una bandera española. Allí están las sedes del BBVA y del Sabadell, que figuran entre los 40 bancos de licencia B que sí tienen presencia física. En sus oficinas tampoco hay clientes, y Agustín Borrás, director del BBVA, confiesa que si se presentara uno con dos millones de pesetas no tendrían donde meterlos. Los 120 billones de pesetas depositados en Gran Caimán son apuntes contables. No hay cámaras acorazadas ni depósitos donde alojar el tesoro.

Muy cerca estaba la sede del Central Hispano, que tras su fusión con el Santander ha trasladado el negocio a Bahamas, otro paraíso fiscal en el que esta entidad tiene su banca privada más potente, con 55 empleados y depósitos por una cifra que declina facilitar.

El BSCH sigue en la isla a través del Santander Río Bank (Gran Caimán), el banco argentino del que ostenta el 80%, que ha abierto sede en el centro Gran Pavilion, junto al hotel donde se rodó la película The Firm, en la que Tom Cruise descubría el dinero sucio de su bufete, y a través del Royal Bank of Scotland y el Banco Galicia.

El BBVA es el banco español más antiguo en Gran Caimán, desde 1985, y el más activo, con 31 empleados y unos depósitos de 140.000 millones de pesetas. Exige a sus clientes un depósito mínimo de 100.000 dólares (20 millones de pesetas). En el Sabadell la cifra se eleva a 200 millones.

Todos los bancos españoles cuentan en Gran Caimán con filiales o sociedades instrumentales, que sirven de vehículo de financiación y captan recursos en los mercados de capitales mediante la emisión de notas, fondos o participaciones preferentes que no tributan y cuya rentabilidad es elevada.

Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat valenciana, desveló el pasado mes de mayo que la Administración socialista invirtió 1.060 millones de recursos públicos en uno de estos productos que ofertaba el Banco Urquijo a través de su filial Urquijo-Caimán. 'Cancelamos la cuenta porque nos pareció una inmoralidad política', dijo.

Los bancos españoles en Caimán tienen permiso del Banco de España, pero Jiménez Villarejo denuncia que las filiales 'quedan al margen de las normas españolas de transparencia fiscal internacional si sus operaciones se hacen frente a terceros no vinculados o que, estándolo, no residan en territorio español, cualquiera que sea el origen de los depósitos recibidos'.

El fiscal va más lejos: 'Resulta grave la falta de previsión legislativa sobre la supervisión del Banco de España sobre las filiales de los bancos en paraísos fiscales, a las que sólo se les exige verificar su solvencia. Se carece de facultad de inspección y ésta se limita a verificar su situación patrimonial'.

A tiro de piedra de las sedes del BBVA y el Sabadell está el despacho de John Bourbon, 45 años, director de la Autoridad Monetaria de islas Caimán, otro londinense al servicio del Gobierno local. Lleva un año en la ciudad y cree que las reformas lavarán la imagen de este territorio, uno de los ocho paraísos fiscales bajo el paraguas británico.

¿Obligar a los bancos a tener presencia física no ahuyentará el negocio? Bourbon responde: 'Se irán sólo los pequeños. Comprobamos si los bancos han identificado a todos sus clientes. Si se les ha pedido su pasaporte para saber quién está detrás de cada cuenta. Será una tarea gigantesca porque los grandes tienen más de 50.000'.

Pero la decisión que más inquieta en Gran Caimán es el compromiso con la OCDE de estudiar para 2004 el que la evasión fiscal se considere actividad criminal. Los banqueros de este paraíso temen esta posibilidad más que al huracán que en 1932 devastó las tres islas.

Bourbon declina pronunciarse, pero Crutchley, presidente de la Asociación de Bancos, es rotundo: 'Hay una diferencia entre evitar los impuestos y evadirlos. Si estableces tu residencia aquí, pagas menos impuestos, no los evades. No creo que se colabore en este terreno con otros países. La ofensa cometida en España es una responsabilidad del individuo, no nuestra'.

El banquero destaca que la administración norteamericana no es partidaria de homogeneizar la fiscalidad y añade: 'Bush está de acuerdo en que cada comunidad tenga los impuestos que quiera. Se está presionando a Caimán para que no se coloque el dinero aquí y vaya a otros lugares'. José María Roldán, presidente hasta hace un mes del Gafi, lo niega: 'No intentamos desplazar la actividad financiera de esas jurisdicciones a países más desarrollados, sino que esas jurisdicciones no puedan ser utilizadas para la actividad criminal'.

Para 2006 queda la persecución de las actividades civiles, comerciales y administrativas ilegales, pero Crutchley advierte de que 'no está definido qué es una ofensa civil en la OCDE'.

Estanislao Rodríguez-Ponga, director de Tributos, reconoce que la supervisión del Banco de España sobre las filiales es 'escasa', pero cree que el problema no es la implantación de los bancos, sino los paraísos fiscales, 'que nos hacen competencia fiscal perjudicial'.

'Las operaciones de banca al por mayor no suponen una pérdida de recaudación fiscal. Otra cosa es lo que perdemos por las cuentas de los clientes que no se declaran. En eso trabaja la Oficina del Fraude', dice. Villarejo apostilla que la Agencia Tributaria 'debería velar para controlar las operaciones de españoles en paraísos fiscales, pidiendo información a los bancos'.

Torres y Eusebio Heredero, policías expertos en blanqueo, apoyan a la Fiscalía cuando afirma que la banca española oculta en estos paraísos las cuentas de algunos de sus mejores clientes, y añaden que las afirmaciones de Villarejo 'les saben a poco'. '¿Quién cree que el BBVA no conoce los datos de su filial en Jersey?', se preguntan. En su sede del canal de la Mancha recalaron 6.500 millones de la Expo. El banco declina dar información a la juez Teresa Chacón porque la filial se somete a otra legislación.

Menos escrúpulos

La ley española sobre el blanqueo de capitales obliga a los bancos a comunicar los ingresos superiores a cinco millones cuyo origen o destino sea un paraíso fiscal. El comisario Torres explica las trabas: 'Cuando preguntas por ese dinero en Caimán, el banco no contesta'. Heredero añade: 'El Caribe es el centro de reunión de la Mafia'.

La visión de Kurt Tibbetts, ministro de Finanzas de Caimán, contrasta con el informe de la ONU sobre refugios financieros y blanqueo de dinero, encargado por Pino Arlachi, en el que se afirma que 'lo que se inició como un negocio al servicio de las necesidades de unos pocos privilegiados se ha convertido en una enorme brecha en el sistema jurídico y fiscal internacional'. Los catedráticos autores del estudio afirman que mientras la matriz de los bancos observa normas aceptables, sus filiales y sucursales 'actúan con menos escrúpulos en esos territorios refugio, manifestando cierta duplicidad en su comportamiento y operaciones'.

Un asesor de la Asociación Española de la Banca defiende que 'hay que estar, porque están todos. Hay negocio y gran flexibilidad regulatoria. Se está reforzando la premisa de conocer al cliente y los bancos españoles se tientan la ropa'.

Bourbon insiste en su despacho en que Caimán genera 'mucha ficción', y cuando se le recuerda el botín de Montesinos, rastreado en bancos españoles y descubierto en una entidad peruana, replica: 'Es desafortunado que esto pase, pero la gente viene aquí para proteger su dinero, y a veces ocurre'.

A diez minutos a pie, en el enorme edificio de la UBS, el coloso de la banca suiza, el ejecutivo Daniel Brunner, 37 años, revela el enigma que todavía asalta al visitante: ¿Dónde están los clientes de los 684 bancos? 'La mayoría no ha pisado jamás la isla', responde.