Tres meses de desencuentros

Cuando, el pasado 19 de abril, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, expuso por primera vez el contenido de la reforma ante el Consejo de Universidades, los rectores no se mostraron tan reticentes a buena parte de los cambios como lo han sido después. La ministra omitió en aquella primera explicación hacer referencia a cuestiones como que las universidades privadas iban a entrar con voz y voto (semanas después retiró el voto) en el futuro Consejo de Coordinación Universitaria. Además, Del Castillo no entregó al Consejo (del que forman parte todas las universidades, el Gobierno y las comunidades autónomas) el primer borrador del anteproyecto. Les dio únicamente el texto de su exposición.

Este gesto fue muy mal visto por los rectores y buena parte de los consejeros, algunos de ellos de comunidades gobernadas por el PP. '¿Cómo es posible que el Gobierno pretenda que trabajemos y hagamos propuestas sobre una conferencia, y no sobre un texto mínimamente articulado?', se preguntaban algunos asistentes de aquel primer encuentro. Fue el primer paso en falso del ministerio.

Dieciocho días después, el 9 de mayo, los rectores recibieron el borrador. Estos primeros incidentes del ministerio con los rectores y buena parte de las comunidades provocaron que las universidades empezaran a añadir a sus quejas sobre el contenido las referidas a las formas, que siguen manteniendo en la actualidad: 'La inexistencia de un debate real con las universidades y la prisa por tener aprobado el anteproyecto antes del verano'. Del Castillo y el secretario de Estado de Educacion, Julio Iglesias, no se han cansado de repetir que 'ha habido un debate extenso con las universidades y con muchos otros expertos', así como que éste ya venía realizándose desde hace años. Los rectores siguen manteniendo que esto 'no es real'.

El vicepresidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Ignacio Berdugo, dice: 'Con el ministerio no ha habido una discusión organizada sobre el texto articulado, sino comidas'. También otros rectores, como el de la Autónoma de Madrid, Raúl Villar, advirtieron a lo largo del proceso de que no era serio hablar de un texto que no estaba completo: con sus articulados y sus disposiciones adicionales. Villar lo recordó hace unas semanas, cuando los rectores recibieron la sorpresa de que en una de las disposiciones adicionales del anteproyecto se les destituía a todos masivamente, junto a sus claustros.

Justo tres meses después de que se conocieran los primeros cambios, el 19 de julio, el Consejo de Estado hizo público un crítico informe sobre la ley. Apoyaba el proyecto en general, pero también los argumentos esgrimidos por los rectores para pedir cambios en el texto. Tras ese dictamen, el ministerio empezó a ver fantasmas por todas partes. Algunos cargos de Educación han empezado a comentar que hay 'variados intereses' contra el actual equipo ministerial. Y a otros no les duelen prendas al argumentar que el informe del Consejo de Estado ha sido crítico porque 'hay en él mucha gente vinculada a la Universidad'.