Tres jueces describen un 'sistema corrupto que hace necesario' interrogar a Chirac

El auto incluye detalles que 'hacen necesario' el interrogatorio del presidente. Los tres jueces confiesan su impotencia para preguntar a Chirac y, en su caso, para procesarle no porque los indicios contra él se deshinchen, sino por la 'imposibilidad constitucional' en que se encuentran, en tanto que simples jueces, para tomar esas iniciativas. Pero argumentan la necesidad de saber 'el nivel de conocimiento que en su doble calidad de alcalde de París y de presidente de Unión por la República (RPR) tenía [Chirac] de las actividades de diversos procesados [en este sumario] a favor de la financiación de su movimiento, así como del origen de las sumas en efectivo conservadas en la alcaldía de París'.

Además de recordar escenas como la descrita en su día por Jean-Claude Méry, ex financiero del partido neogaullista que explicó una entrega de cinco millones de francos en efectivo (125 millones de pesetas) en presencia de Chirac, el auto judicial recoge abundantes testimonios sobre Michel Roussin, ex jefe de gabinete de Chirac, señalado por empresarios y políticos como el jefe del 'Estado Mayor del presidente del RPR' y el encargado de alimentar la caja negra de las comisiones.

Alguno de los empresarios afectados ha contado a los jueces cómo se resistió a las presiones de Roussin para soltar la pasta. 'Roussin me convocó a su despacho del Ayuntamiento y tomó la palabra para decirme que era preciso que yo pagase los 500.000 francos correspondientes al negocio de Limours. (...) Roussin me precisó que era necesario pagar en efectivo. Lo presentaba como una especie de deuda debida a compromisos anteriores de la empresa y consecuencia de la obtención del liceo de Limours. Recuerdo que me dijo: 'Usted tiene el liceo de Limours, usted debe 500.000 francos'. A partir de ahí, un regateo de cifras entre el empresario y la mano derecha de Chirac.

La cuestión más evidente es si el jefe de gabinete de Chirac y la pléyade de 'financieros' del RPR -que repartían con otros partidos, incluido el socialista- actuaban por cuenta propia o por la de su jefe. Como los jueces de instrucción no pueden preguntárselo, sugieren que lo haga el Alto Tribunal, una jurisdicción política integrada por 12 diputados y 12 senadores, que no se ha reunido nunca en la V República y que, según la Constitución, es la única instancia que puede juzgar al presidente. Para que ese órgano intervenga, sería necesario un acuerdo previo de las dos cámaras, hoy por hoy impensable.

El hecho de que ese camino esté cegado explica las polémicas que se han producido en el seno de la fiscalía sobre si se debía recurrir o no contra la decisión de los jueces de declararse incompetentes; finalmente, el recurso ha sido presentado y un tribunal superior habrá de aclarar si existe algún órgano de la jurisdicción ordinaria capaz de interrogar al jefe del Estado.

Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Raymond Forni, y la Mesa de esta Cámara deliberan hoy sobre la declaración patrimonial de Chirac, cuyo envío ha solicitado uno de los tres jueces instructores. Estas declaraciones patrimoniales de los diputados y de otros políticos fueron establecidas precisamente por impulso de Chirac cuando éste era primer ministro, 'para poner fin, de manera anticipada, a las sospechas' de que 'el cumplimiento de un mandato electivo o el ejercicio de una función pública puede ser una ocasión de enriquecimiento indebido', según argumentó en defensa del proyecto el 2 de febrero de 1988.

Pero el entorno del Elíseo lleva advirtiendo desde el sábado pasado de que nadie espere que los 'fondos reservados' se reflejen en la declaración patrimonial de Chirac, 'como tampoco en la de ningún otro miembro del Gobierno, presente o pasado'.