Un juez argentino dicta una orden de captura contra Augusto Pinochet
El magistrado Canicoba investiga su vinculación con el Plan Cóndor
El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral ordenó ayer la captura internacional con fines de extradición de Augusto Pinochet y pidió por separado al Ministerio de Exteriores que apure el trámite para que el ex dictador chileno comparezca cuanto antes en el juzgado. El juez investiga la 'asociación ilícita agravada' organizada por las cúpulas de las dictaduras militares de Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay en los años setenta para llevar a cabo el llamado Plan Cóndor, una operación ilegal de represión a los militantes políticos que buscaran refugio en los países de la región. Hace 10 días, Canicoba ordenó procesar y detener preventivamente al ex dictador argentino Jorge Rafael Videla.
A fines del pasado mes de mayo, la juez argentina María Romilda Servini de Cubría también reclamó la extradición de Pinochet por su presunta responsabilidad en el homicidio, en 1974, del general chileno Carlos Prats, exiliado en Buenos Aires poco después del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. El asesinato de Prats fue uno de los crímenes en el que colaboraron las Fuerzas Armadas de ambos países antes de que se aplicara institucionalmente el Plan Cóndor.
La investigación de la participación coordinada de las Fuerzas Armadas de los países del Cono Sur se inició por las denuncias de argentinos, chilenos y uruguayos que fueron víctimas o familiares de víctimas de la represión ilegal diseñada y ejecutada por los militares. Por esta misma causa, en la que se investiga la desaparición de unas ochenta personas, el juez pidió a Interpol la captura internacional con vistas a la extradición del dictador paraguayo Alfredo Stroessner, asilado político en Brasil; del general Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta chilena, detenido en Chile, y de tres oficiales uruguayos y un ex agente de la policía de ese país, a los que el Gobierno de Uruguay decidió no detener.
El plan represivo contó con la colaboración de la CIA y el FBI de Estados Unidos, y en Argentina, con el apoyo de la secretaría de espionaje del Gobierno y de la organización paramilitar conocida como Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
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