Hacienda ofrece 225.000 millones más para la financiación autonómica y el PSOE pide el doble

Los socialistas rechazan retirar los recursos de inconstitucionalidad como exige el Ejecutivo

Desde que el 17 de junio delegaciones del Gobierno y del PSOE, encabezadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el responsable del área económica socialista, Jordi Sevilla, anunciaron el inicio formal de las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, el intercambio de documentos entre ambas partes ha sido constante.

El trasvase de propuestas culminó con una reunión discreta celebrada el pasado viernes a la que asistieron el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna y el secretario general del Ministerio, Antonio Beteta, por el Gobierno, y Jordi Sevilla y el senador Octavio Granado, por el PSOE.

El secretario de Estado de Hacienda sostiene que 'las negociaciones avanzan' y mantiene la esperanza de alcanzar un preacuerdo para cuando el Ejecutivo convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera, hacia el 18 de julio. La delegación socialista se muestra más pesimista. Fuentes del PSOE precisan que Sevilla ofreció ayer, en la reunión de la Ejecutiva federal de su partido, un panorama 'con tintes muy sombríos' sobre la marcha de la negociación

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La principal diferencia entre el Gobierno y el PSOE radica en la cifra que Hacienda está dispuesta a poner sobre la mesa para que el nuevo sistema eche a andar. La diferencia está en 250.000 millones de pesetas. Mientras el Gobierno ofrece aumentar el actual modelo con 225.000 millones de pesetas, el PSOE reclama 475.000 millones. La cifra resultante de las negociaciones, si hay acuerdo, se añadirá a los aproximadamente ocho billones que mueve ahora el sistema de financiación autonómica, con la sanidad incluida. Fuentes socialistas precisan que su reclamación es la 'cifra mínima' ya que está calculada por debajo del crecimiento de la media de los impuestos.

La segunda discrepancia de entidad entre el Ejecutivo y el PSOE radica en el tratamiento que se debe dar a las tres comunidades autónomas gobernadas por socialistas en 1996 -Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha- que no aceptaron el modelo de financiación autonómica vigente (véase gráfico).

Rechazo andaluz

El Gobierno exige como condición previa a este aspecto de la negociación el levantamiento de los recursos que las tres comunidades interpusieron ante el Tribunal Constitucional en 1996 como rechazo al modelo de financiación. Jordi Sevilla y su equipo negociador encuentran un fuerte rechazo en estas tres comunidades, especialmente en la andaluza, a aceptar esta condición gubernamental. Sin embargo, si se superase este escollo, los términos de la negociación no presentarían mayores problemas. Según las fuentes consultadas, el Ejecutivo no exigiría a las tres comunidades socialistas que asumiesen el modelo anterior para negociar el nuevo y, a cambio, el PSOE rebajaría la cifra de compensación exigida por el dinero que, a su juicio, perdieron estas comunidades. Algunas fuentes señalan como cifra inicial de negociación medio billón de pesetas.

Tampoco habría problema por parte del Gobierno para liquidar a las tres comunidades socialistas el dinero que se les adeuda una vez descontado el que percibieron como anticipo de la liquidación provisional al no haber aceptado el sistema de financiación vigente. El PSOE estima en 120.000 millones el importe de esta factura pendiente.

En el encuentro del pasado viernes, Giménez-Reyna confirmó a la delegación socialista los obstáculos existentes para que la Unión Europea (UE) acepte que las comunidades autónomas puedan disponer de una limitada capacidad normativa -aumentar o reducir según sus necesidades- sobre los impuestos especiales.

Sobre la descentralización en la gestión de impuestos, el Gobierno y el PSOE confirmaron el acuerdo básico del pasado 17 de junio. No obstante, la delegación socialista planteó el viernes que si la Unión Europea sólo acepta una capacidad normativa en manos de la administración central, se estudien fórmulas para que las comunidades puedan ejercerla en la medida de lo posible.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0009, 09 de julio de 2001.

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