El PSOE reclama ante el Supremo el patrimonio que le niega el Gobierno

Cuando el proceso de devolución del patrimonio incautado a los partidos en la guerra civil encara su recta final, el panorama no puede ser más penoso para el PSOE, el partido que, junto con UGT, disponía de mayor patrimonio en 1939 -valorado en 15.000 millones de pesetas, al precio de hoy, según los técnicos-, cuando el Ejército de Francisco Franco ganó la contienda. La inmensa mayoría correspondía a inmuebles de las casas del pueblo, algunas cooperativas y siete cuentas corrientes.

Sólo 15 de las 506 reclamaciones socialistas resueltas por el Gobierno desde que promulgó, en diciembre de 1998, la ley de restitución a los partidos han sido atendidas favorablemente para el PSOE. La compensación que ha percibido este partido por esos 15 expedientes asciende a 107 millones, frente a los 15.000 millones a los que aspiraba.

Casi todas son compensaciones por inmuebles incautados en pequeñas localidades: Castro Urdiales (Cantabria, 17.824.112 pesetas), isla de Arousa (Pontevedra, 6.697.740 pesetas), Brañosera (Palencia, 2.674.857 pesetas), Bullas (Murcia, 14.293.744), Torrevieja (Alicante, 7.097.633), Herencia (Ciudad Real, 8.377.176), Azuaga (Badajoz, 28.183.520), Ponferrada (León, 3.978.800), La Mata (Toledo, 780.857), Garrucha (Almería, 5.050.626), Los Silos (Tenerife, 147.150), Bodonal de la Sierra (Badajoz, 1.004.888) y Burgos (8.301.572).

Los socialistas también han dispuesto de una reintegración de patrimonio, la de su sede de la localidad de Barruelo de Santullán (Palencia). Y han sido compensados por una cuenta corriente, la de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) por 2.816.714 pesetas. En el momento de la incautación, en la citada cuenta había 20.246 pesetas, equivalentes a 5,6 millones de pesetas actuales. Al pertenecer a las JSU tanto el PSOE como el PCE, cada partido ha percibido 2,8 millones de indemnización.

Pero el Gobierno ha rechazado la inmensa mayoría de las reclamaciones socialistas: 491 de las 506 resueltas. Francisco Vírseda, jurista del PSOE, tiene claro que el Ejecutivo no ha tenido voluntad política de devolver el patrimonio incautado a los partidos: 'En 1996, cuando el PNV apoyó la investidura de Aznar, le prometió la devolución de su patrimonio histórico. Dos años después hizo una ley que extendió a todos los partidos para quedar bien.

Luego ha aplicado el reglamento de forma rígida, cuando sabía que muchas de las propiedades del PSOE no disponían de documentos acreditativos, porque fueron destruidos durante la guerra civil. Además, el Gobierno no ha aportado ninguna documentación a los expedientes que hemos presentado, como las actas de incautación que tiene en su poder Hacienda'.

En consecuencia, el PSOE ha presentado ya siete recursos al Tribunal Supremo -el último la semana pasada- por todos los expedientes rechazados. El secretario de Organización socialista, José Blanco, argumenta que el Gobierno del Partido Popular niega al PSOE 'su historia' e 'incumple una ley de reconciliación que él mismo propuso'.

No obstante, de las 29 reclamaciones pendientes, el PSOE aún confía en que sea compensada la joya de la corona, la sede de su periódico, El Socialista, ubicada en el barrio madrileño de Chamberí, donde hoy tiene su sede el Boletín Oficial del Estado (BOE). El PSOE valora la propiedad en 3.000 millones de pesetas.

Vírseda confía en que el Gobierno satisfaga esta reclamación, porque está 'totalmente documentada'. 'El Socialista era el órgano de expresión del PSOE. La Ejecutiva Federal del partido creó la editora Gráfica Socialista y estaba comprada por la institución Pablo Iglesias', señala Vírseda. También cree que el Gobierno del Partido Popular 'ha dejado este expediente en el paquete final, el que presenta más posibilidades'.

A su vez, el PNV no ha cobrado ni una sola peseta sobre la totalidad de los expedientes presentados por los batzokis e instalaciones del partido incautados en la guerra civil, por los que pretendía percibir más de 5.000 millones, según el acuerdo alcanzado en 1996 entre el entonces vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, y el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Iñaki Anasagasti.

El pasado 22 de junio, el Gobierno rechazó el principal expediente del PNV, por valor de 3.104 millones de pesetas, y lo notificó a los nacionalistas el día 28, la jornada siguiente a la del debate sobre el estado de la nación.

El último y principal expediente rechazado al PNV recogía, además de algunos batzokis, las instalaciones de los periódicos del PNV:Euzkadi, La Tarde y Excelsius.

El PNV ha presentado una querella criminal contra el Gobierno del PP por el rechazo del expediente del inmueble de la Avenue Marceau de París, propiedad del Gobierno vasco e incautado por el régimen de Franco. Hoy es la sede del Instituto Cervantes en París.

Anasagasti recuerda que la ley de devolución la promulgó el Gobierno para compensar al PNV por el apoyo a la investidura de Aznar, en 1996. Pero, antes de materializarse el acuerdo, el PNV se comprometió con el Pacto de Lizarra y el Gobierno rompió todos sus compromisos, 'incluido éste', dice Anasagasti.

Anasagasti señala, con sorna, que el Gobierno ha sido fiel a un principio que, según le notificó el entonces subsecretario de Hacienda, Fernando Díez Moreno, ha sido su guía en este asunto: 'Al indiferente, el reglamento vigente'. 'El PNV ha pasado de amigo a enemigo, y así nos va', comenta Anasagasti.