Marina Ocaña, un juicio al plan de choque

'Sólo espero que se haga justicia. Empezamos a ver la luz al final del túnel'. La frase corresponde a Pedro Ocaña que, junto a su esposa Michelle Gisbert, han vivido sin desmayo cuatro largos años en espera de que los tribunales esclarezcan el mayor drama de sus vidas: la muerte de su hija Marina, de cuatro años, tras ser operada de amígdalas en la clínica privada Mare Nostrum de Alicante. La intervención se incluía en el denominado plan de choque de la Consejería de Sanidad, que consiste en desviar pacientes del sistema público a centros privados concertados para aminorar las listas de espera.

El juicio por esta muerte, ocurrida el 11 de abril de 1997, comienza mañana en el Juzgado de lo Penal número 3 de Alicante. La acusación particular, en nombre de la familia de Marina, ha calificado los hechos como homicidio por imprudencia y pide dos años de cárcel y tres de inhabilitación para los dos imputados: Alberto Dobón, médico de guardia de la clínica el día de la operación, y Ana María Maroto, jefa del servicio médico el día del suceos. La familia, además, solicita una indemnización de 50 millones y ha pedido que se declare responsable civil subsidiaria a la Consejería de Sanidad, que concertó intervenciones con la clínica privada en el marco del plan de choque contra las listas de espera. El fiscal ha calificado el caso como una falta y únicamente solicita una multa para los procesados. Los acusados siempre han negado que cometieran negligencia alguna en el cuidado de la niña.

Marina Ocaña falleció en el Hospital General de Alicante a los tres días de ser operada en la clínica Mare Nostrum. Desde el primer momento, sus progenitores se mostraron convencidos de que el fallecimiento de su hija se produjo a consecuencia de una 'negligencia médica'. De ahí que entonces iniciaran una agotadora batalla, tanto de cara a la opinión pública como en los tribunales, para denunciar los hechos y para que se depurasen responsabilidades. 'No pararemos hasta que los médicos vayan a la cárcel, sean inhabilitados y la clínica cerrada', comentaba Pedro Ocaña en el verano de 1997, mientras bajo un intenso calor y completamente enlutado repartía folletos informativos entre los bañistas a lo largo de las playas del litoral de Alicante.

Cuatro años más tarde, el matrimonio Ocaña encara con igual entereza y convicción el inicio de la vista oral. 'Estamos convencidos de que tenemos razón. Marina Ocaña viviría si hubiera sido atendida correctamente en el posoperatorio', reitera el padre.

Pedro Ocaña agradece la 'solidaridad y el apoyo' que ha obtenido de sus convecinos en pro de su causa, aunque vuelve a reclamar el respaldo de los ciudadanos una vez más, con motivo del inicio del juicio. 'Es necesario que los ciudadanos no nos dejen solos, porque vamos a recibir tortas por todas partes', explica. 'Tenemos un ejemplo: mi mujer ha sido denunciada por la clínica a raíz de unas declaraciones que hizo en una emisora de radio, y por daños de imagen nos piden tres millones de pesetas, cuando, por su negligencia, Marina hace cuatro años que está bajo tierra', argumenta.

Pedro Ocaña, pese a discrepar de la calificación provisional del fiscal, la acata. 'No entendemos cómo deja los hechos en una simple falta, cuando ha habido una muerte, máxime cuando la función del fiscal es perseguir y esclarecer de oficio, los posibles delitos', dice.

Los padres de Ocaña confían en que la justicia haga la luz en esa larga noche que les envuelve desde la muerte de su hija. El juzgado instructor, el número 1 de Alicante, decretó hasta en dos ocasiones el archivo de la causa por entender que no había indicios delictivos en la actuación de los facultativos. El archivo fue revocado en otras tantas ocasiones por la Audiencia de Alicante. La segunda vez, el tribunal decretó la apertura de juicio oral por entender que la causa ya estaba suficientemente instruida.